A principios de esta semana, tras días de tensas conversaciones, el nuevo gobierno de Atenas llegó a un acuerdo con sus acreedores de la eurozona que incluye un paquete de reformas inmediatas y una prórroga de cuatro meses del programa de asistencia financiera. Pero, pese al suspiro colectivo de alivio en Europa, el compromiso no excluye la necesidad de nuevas y difíciles negociaciones sobre un nuevo programa de asistencia financiera que debería ponerse en marcha antes de finales de junio.
En cualquier negociación, una variable clave que influye en el comportamiento de los protagonistas y, por tanto, en el resultado es cuánto les costaría a cada uno no llegar a un acuerdo. En este caso, la cuestión es el coste de la salida de Grecia («Grexit») de la eurozona, una perspectiva ampliamente debatida en los medios durante las recientes negociaciones, con numerosas especulaciones sobre la postura de los distintos actores, en especial los gobiernos griego y alemán.
Desde la perspectiva de Grecia, abandonar el euro sería muy perturbador, lo que explica por qué cuenta con tan poco apoyo en el país. Pero ¿cuáles serían los costes del Grexit para el resto de la eurozona? Desde que se planteó la cuestión por primera vez en 2011-2012, ha habido dos posturas opuestas.
Una de ellas —denominada teoría del dominó— sostiene que, si Grecia saliera, los mercados empezarían inmediatamente a preguntarse quién sería el siguiente. Se pondría en duda el destino de otros países, como ocurrió durante las crisis monetarias asiáticas de 1997-98 o la crisis europea de deuda soberana de 2010-2012. Podría producirse la desintegración de la eurozona.
La otra postura —a menudo denominada teoría del lastre— sostiene que, en realidad, la retirada de Grecia fortalecería la eurozona. La unión monetaria se libraría de un problema recurrente, y la decisión de la eurozona de permitir o invitar a Grecia a salir reforzaría la credibilidad de sus normas. Se afirma que ningún país se atrevería ya a chantajear a sus socios.
En 2012, la teoría del dominó parecía lo bastante plausible como para que los países acreedores descartaran la opción del Grexit. Tras reflexionar durante el verano, la canciller alemana Angela Merkel viajó a Atenas y expresó sus «esperanzas y deseos» de que Grecia permaneciera en la eurozona.
Pero la situación actual es distinta. La tensión en los mercados ha disminuido considerablemente; Irlanda y Portugal ya no están sujetos a programas de asistencia; el sistema financiero de la eurozona se ha fortalecido con la decisión de avanzar hacia una unión bancaria; y existen instrumentos de gestión de crisis. Una reacción en cadena provocada por el Grexit sería mucho menos probable.
Pero de ello no se desprende que la pérdida fuera inocua. Hay tres razones por las que el Grexit aún podría debilitar gravemente la unión monetaria europea.
Ante todo, una salida griega refutaría la suposición tácita de que la participación en el euro es irrevocable. Es cierto que la historia enseña que ningún compromiso es irrevocable: según Jens Nordvig, de Nomura Securities, desde comienzos del siglo XIX se han producido 67 disoluciones de uniones monetarias. Cualquier salida de la eurozona aumentaría la probabilidad percibida de que otros países pudieran seguir el mismo camino, tarde o temprano.
En segundo lugar, una salida daría la razón a quienes consideran que el euro no es más que un régimen de tipos de cambio fijos reforzado, y no una verdadera moneda. La confianza en el dólar estadounidense se basa en que no hay diferencia entre un dólar depositado en un banco de Boston y uno depositado en San Francisco. Pero, desde la crisis de 2010-2012, esto ya no es del todo cierto para el euro. La fragmentación financiera ha retrocedido, pero no ha desaparecido, lo que significa que un préstamo a una empresa en Austria no tiene exactamente el mismo tipo de interés que un préstamo a esa misma empresa al otro lado de la frontera italiana. Críticos como el economista alemán Hans-Werner Sinn se han especializado en rastrear la exposición al riesgo de desintegración.
Nada de esto es actualmente letal, gracias a las iniciativas adoptadas en los últimos años; pero sería un error suponer que se ha restablecido plenamente la confianza. Sin duda, los ciudadanos europeos reaccionarían ante la retirada (o expulsión) de un país de la eurozona empezando a ver la moneda de otra manera. El lugar donde estuviera depositado un euro se convertiría en una cuestión relevante. Los inversores nacionales y extranjeros examinarían con más detenimiento si el valor de un activo se vería afectado por la ruptura de la unión monetaria. Los gobiernos sospecharían más de los riesgos a los que sus socios podrían exponerlos. De hecho, la desconfianza se volvería irreversible y sustituiría a la creencia en la irreversibilidad de la eurozona.
Por último, una salida obligaría a los responsables políticos europeos a formalizar las reglas de separación que hasta ahora no se han escrito ni siquiera especificado. Más allá de los principios generales del derecho internacional —por ejemplo, que lo que determina la moneda en la que se denomina un activo tras un divorcio son la ley que rige el contrato subyacente y la jurisdicción correspondiente—, no hay reglas acordadas para decidir cómo se efectuaría la conversión a una nueva moneda. Un Grexit obligaría a definir estas reglas y, por tanto, dejaría claro cuánto vale un euro, según dónde esté depositado, quién lo tenga y en qué forma. De hecho, esto no solo haría más imaginable el riesgo de desintegración, sino también mucho más concreto.
Nada de esto significa que los miembros de la eurozona deban estar dispuestos a pagar cualquier precio para mantener a Grecia dentro de la eurozona. Eso equivaldría, obviamente, a una rendición. Pero tampoco deberían hacerse ilusiones: no puede existir un Grexit feliz.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Jean Pisani-Ferry es profesor en la Hertie School of Governance de Berlín y actualmente ocupa el cargo de comisario general de Planificación de Políticas del gobierno francés.
Imagen: Una bandera de la Unión Europea y otra griega ondean frente al templo del Partenón en Atenas. REUTERS/John Kolesidis.
