El programa de reformas de China ha llegado a un punto muerto: conflictos de intereses fundamentales y sutiles mecanismos de resistencia bloquean el avance. Hasta que se eliminen estas barreras, hay pocas esperanzas de que la economía china, en desaceleración —que creció un 7,4 % en 2014, su tasa más baja en casi un cuarto de siglo—, pueda apoyarse en las reformas para obtener el impulso que necesita.
Los líderes chinos conocen bien lo difícil que puede ser implementar reformas drásticas. Cuando Deng Xiaoping puso en marcha su programa radical de «reforma y apertura» en 1978, se enfrentó a una feroz oposición, principalmente de fervientes ideólogos y revolucionarios intransigentes. Así como el estatus y la firmeza de Deng le permitieron plantar cara a sus oponentes y mantener en curso la modernización económica de China, el liderazgo decidido del presidente Xi Jinping puede superar los intereses creados e implementar las reformas necesarias.
Por supuesto, conciliar la desalineación fundamental de intereses en China no será fácil, sobre todo porque los grupos de interés no debatirán las reformas ni mucho menos se opondrán a ellas de manera abierta y transparente. En cambio, sostienen que las reformas son demasiado arriesgadas o eliminan sus disposiciones sustantivas. Solo se han hecho pequeñas concesiones para reducir la intervención gubernamental, que afectan a facultades irrelevantes o que nunca existieron realmente.
Hay dos tipos de conflictos de intereses entre los organismos gubernamentales. En primer lugar, la poderosa burocracia china se muestra reacia a ceder sus facultades en aras de la liberalización y de un cambio hacia una economía más orientada al mercado.
Por ejemplo, la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Consejo de Estado (SASAC, por sus siglas en inglés) es la institución gubernamental de nivel ministerial responsable de las empresas estatales. Su tarea incluye ahora eliminar el poder monopolístico de las empresas estatales, que obstaculiza la competencia en el mercado. Pero reducir el poder de estas empresas también supondría disminuir el papel de la SASAC y, muy probablemente, su eventual obsolescencia. Como resultado, los esfuerzos por combatir los monopolios avanzan con lentitud y la siguiente etapa de la reforma —la transición a un «sistema de propiedad mixta»— sigue lejana.
Del mismo modo, la Administración Estatal de Divisas (SAFE, por sus siglas en inglés), organismo dependiente del Banco Popular de China que controla las transacciones en divisas de los bancos comerciales y los hogares, deriva su poder del control de las entradas y salidas de capital. Al reconocer que el avance hacia la liberalización de la cuenta de capital implicaría su eventual desaparición, la SAFE ha presentado numerosas excusas —a las que las recientes crisis financieras de Occidente han dado credibilidad— para mantener un control estricto sobre las transacciones en divisas. Así, pese al compromiso declarado del Gobierno de liberalizar la cuenta de capital, el Banco Popular de China aún no ha logrado avances observables.
El segundo gran conflicto de intereses en China enfrenta al Gobierno central y los gobiernos locales, que deberían estar ajustando su modelo de reparto de ingresos. El problema radica en una discrepancia entre sus respectivas participaciones en los ingresos fiscales y los gastos obligatorios. Al verse obligados los gobiernos locales a cubrir una gran proporción del gasto público con una participación desproporcionadamente baja de los ingresos, su deuda se ha disparado.
Sin embargo, el Gobierno central sigue mostrándose reacio a introducir cambios significativos en el modelo de reparto de ingresos, pues le preocupan no solo los efectos sobre sus arcas, sino también conferir más autoridad a los funcionarios locales. Además, duda de la capacidad de los gobiernos locales para gestionar adecuadamente sus presupuestos y utilizar con eficiencia los ingresos fiscales adicionales.
La contradicción fundamental, como muestran estos ejemplos, se da entre los objetivos del proceso de reforma y los incentivos que lo sustentan. En ningún lugar resulta más evidente que en el «sistema de propiedad mixta» previsto por el Tercer Pleno del XVIII Comité Central del Partido Comunista de China. Se supone que alentar al sector privado a adquirir participaciones en empresas estatales de sectores estratégicos como la energía, la electricidad y las finanzas aumentará la competencia, impulsará la eficiencia y reducirá la presión sobre el Gobierno para invertir.
Pero ¿por qué deberían los inversores privados invertir su dinero en empresas estatales? Como accionistas minoritarios en empresas cuyos directivos son nombrados por el Ministerio Central de Personal, los actores privados no pueden influir en la toma de decisiones. Hasta que el Gobierno central esté dispuesto a ceder el control de la gestión de las empresas estatales, es probable que las reformas de la propiedad solo despierten un interés tibio en el sector privado.
Si se implementara plenamente, la actual ronda de reformas tendría un impacto de gran alcance en la economía política de China, porque desplazaría el equilibrio de poder de los funcionarios hacia los mercados. Esto permitiría a China proseguir su ascenso hacia la categoría de país de ingresos altos y, en el camino, mejorar el bienestar de millones de sus ciudadanos.
Pero los intereses creados no cederán. Aunque no se opondrán abiertamente a las reformas, seguirán postergándolas y difundiendo temores sobre la inestabilidad económica y las tensiones sociales para impedir cambios que amenacen con reducir su estatus y sus prerrogativas. A menos que los máximos líderes de China superen esa resistencia, los avances de las reformas seguirán siendo lentos.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Keyu Jin, profesora de Economía en la London School of Economics, es Joven Líder Mundial del Foro Económico Mundial y miembro del Consejo Asesor del Grupo Richemont.
Imagen: Peatones caminan bajo faroles rojos en la zona financiera de Pudong, en Shanghái. REUTERS/Aly Song
