Tradicionalmente, impulsar el crecimiento se ha considerado la mejor manera de crear oportunidades de empleo y elevar el nivel de vida. Pero los gobiernos deberían ahora examinar esto desde el ángulo opuesto: al equipar mejor a sus ciudadanos para desenvolverse en el mundo del trabajo, los países pueden impulsar de manera más eficaz su crecimiento y desarrollo económicos.
El crecimiento se está desacelerando en Europa, Estados Unidos, China, Japón y otras economías líderes, como destacaron recientemente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial al revisar sus previsiones globales para este año a la baja de forma considerable. Al mismo tiempo, los líderes políticos y empresariales saben que deben hacer más para preparar a la fuerza laboral para el mercado de trabajo en una era de automatización creciente, salarios estancados y un mayor empleo a tiempo parcial, temporal y de carácter contingente.
Estos dos desafíos —revitalizar el crecimiento económico y preparar a las personas para el futuro del trabajo— están vinculados, pero no necesariamente en el sentido convencional de que el estímulo macroeconómico o la mejora de la eficiencia constituyan la mejor manera de crear oportunidades de empleo y elevar el nivel de vida. La experiencia de las últimas décadas demuestra que el crecimiento por sí solo no basta para reducir la mayor desigualdad e inseguridad que acompañan a la transformación del trabajo. Además, los elevados niveles de deuda y los tipos de interés históricamente bajos han dejado a los responsables de políticas con menos herramientas tradicionales para estimular la economía en caso de otra recesión.
En esta nueva era, los líderes gubernamentales y empresariales deben considerar la relación entre el crecimiento y los mercados laborales desde el ángulo opuesto. Es mediante la actualización de sus contratos sociales y al equipar mejor a sus ciudadanos para desenvolverse en el mundo del trabajo como los países pueden impulsar de manera más eficaz su crecimiento y desarrollo económicos.
Esa es la conclusión a la que llegó recientemente una Comisión Mundial independiente sobre el Futuro del Trabajo, organizada por la Organización Internacional del Trabajo y copresidida por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y el primer ministro sueco Stefan Löfven.
La comisión recomendó tres medidas prácticas —todas ellas orientadas a invertir más en las personas— que los países pueden adoptar para mejorar simultáneamente la inclusión social y el crecimiento económico. Invertir más en las personas no solo es esencial para fortalecer los contratos sociales de los países con sus ciudadanos en una época de rápido cambio tecnológico. También puede constituir la base de un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo más centrado en el ser humano, que quizá represente la mejor esperanza para sostener el impulso de la economía mundial, a medida que los dos motores de crecimiento en los que muchos países han confiado durante años o incluso décadas —el extraordinario estímulo macroeconómico y la producción industrial impulsada por las exportaciones— siguen perdiendo fuerza.
En primer lugar, los países deberían aumentar la inversión pública y privada en las capacidades de sus ciudadanos, que es la forma más importante de elevar de manera duradera su tasa de crecimiento de la productividad. Algunos gobiernos invierten de forma crónica muy poco en el acceso a una educación de calidad y en el desarrollo de competencias. Pero los responsables de políticas de todas partes deben hacer más a medida que las poblaciones envejecen y la automatización altera tanto la industria manufacturera, en la que las economías en desarrollo han confiado tradicionalmente para industrializarse, como los servicios, en los que se concentra gran parte del empleo de las economías avanzadas. Por ello, la comisión instó a los países a crear un marco universal de apoyo al aprendizaje permanente, que incluya políticas de formación y adaptación del mercado laboral más sólidas y mejor financiadas, servicios públicos de empleo ampliados y un piso universal de protección social.
En segundo lugar, los gobiernos, junto con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, deberían actualizar las normas e instituciones nacionales relacionadas con el trabajo. Estas influyen en la cantidad y distribución de las oportunidades de empleo y de la remuneración, y, por tanto, en el nivel de poder adquisitivo y de demanda agregada dentro de la economía. En concreto, la comisión pidió una Garantía Laboral Universal en virtud de la cual todos los trabajadores, independientemente de su modalidad contractual o de su situación laboral, disfrutarían de derechos fundamentales, de un «salario vital adecuado», tal como se define en la constitución fundacional de la OIT hace 100 años, de límites máximos a la jornada laboral y de protección de la salud y la seguridad en el trabajo.
Además, la representación colectiva de trabajadores y empleadores a través de un diálogo social estructurado debería garantizarse como bien público y promoverse activamente mediante las políticas gubernamentales. Desde la baja parental hasta los servicios públicos, las políticas deben fomentar el reparto del trabajo de cuidados no remunerado en el hogar para favorecer la igualdad de género en el lugar de trabajo. Fortalecer la voz y el liderazgo de las mujeres, eliminar la violencia y el acoso en el trabajo y aplicar políticas de transparencia salarial también son importantes en este sentido.
En tercer lugar, los países deberían aumentar la inversión pública y privada en sectores económicos intensivos en mano de obra que generen mayores beneficios para la sociedad. Entre ellos figuran las infraestructuras sostenibles de agua, energía, digitales y de transporte, los sectores de cuidados, la economía rural y la educación y la formación. La Comisión de Empresa y Desarrollo Sostenible ha estimado que alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU podría generar 12 billones de dólares en oportunidades de mercado solo en cuatro ámbitos —alimentación y agricultura, ciudades, energía y materiales, y salud y bienestar— y crear hasta 380 millones de empleos para 2030. Aprovechar estas posibilidades podría ayudar a los países a compensar los efectos de desplazamiento laboral y de posible supresión de la demanda derivados de la automatización y la integración económica.
Estos tres pasos constituyen una estrategia para todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo económico, para fortalecer tanto la justicia social como el crecimiento económico y, por extensión, la confianza pública en las instituciones políticas.
En plena crisis financiera de hace una década, los líderes de los países del G20 se comprometieron a construir un modelo de crecimiento más equilibrado y sostenible que incorporara las lecciones de los desequilibrios económicos y los errores de política del pasado. Desde entonces, el mundo ha avanzado poco hacia este objetivo. Pero el camino que debe seguir está claro: una inversión sostenida y creciente en las capacidades, el poder adquisitivo y las oportunidades de empleo de las personas.
