Los límites del derecho de refugiados

Los límites del derecho de refugiados
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El año pasado, los titulares de los medios de comunicación de todo el mundo anunciaron la llegada de los primeros «refugiados por el cambio climático» del mundo. Desde una perspectiva jurídica, los titulares eran incorrectos: la familia en cuestión —procedente del país insular de Kiribati, situado en el Pacífico y de baja altitud— no logró que se la reconociera como refugiada por huir de los efectos del cambio climático en su isla, ambientalmente frágil.

Sin embargo, es cierto que los efectos del cambio climático y los desastres naturales ya están desplazando a personas, aunque en su mayoría dentro de sus propios países y no a través de fronteras internacionales. Por ejemplo, a principios de este año, más del 70 % de la población de Vanuatu fue desplazada a raíz del devastador ciclón Pam. El Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos informó que en 2013 los desastres desplazaron a alrededor de 22 millones de personas por primera vez, casi tres veces más que los conflictos.

Los marcos jurídicos internacionales y nacionales vigentes no facilitan ni respaldan el desplazamiento transfronterizo en estas circunstancias. Desde el punto de vista jurídico, hay razones de peso por las que, en la mayoría de los casos, el derecho internacional de los refugiados no ayudará a las personas cuyos hogares se vuelven inhabitables por desastres naturales o por los efectos del cambio climático (como la erosión, la sequía, la intrusión de agua salada, etc.). El derecho de los refugiados exige que la persecución se deba a motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. En general, los efectos del cambio climático o de los desastres no cumplirán estos criterios. Sin embargo, si las personas se ven perjudicadas por políticas adoptadas tras los desastres —por ejemplo, políticas gubernamentales discriminatorias que restringen el acceso a la asistencia humanitaria—, es posible que prospere una solicitud de asilo.

Sin embargo, el derecho de los derechos humanos protege a las personas frente al retorno forzoso a condiciones que ponen en peligro la vida o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Si las condiciones de un país alcanzan en conjunto un nivel de gravedad suficiente —por ejemplo, si escasea el agua dulce, no se pueden cultivar alimentos y se ven comprometidos el alojamiento y la atención sanitaria—, las personas podrían tener derecho a protección por estos motivos.

Pero, aunque la protección humanitaria es muy importante, suele ser una respuesta correctiva. Por lo tanto, tiene sentido identificar estrategias proactivas que los gobiernos puedan poner en marcha ahora para intentar evitar por completo futuros desplazamientos y, así, ofrecer mayor seguridad y capacidad de elección a las comunidades afectadas.

Necesitamos un conjunto de respuestas a nivel local, nacional, regional e internacional que incluya facilitar la adaptación al cambio climático para que las personas puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible, así como estrategias migratorias para ayudar a quienes deseen trasladarse.

En octubre de este año, la Iniciativa Nansen sobre los Desplazamientos Transfronterizos Inducidos por Desastres —un proceso intergubernamental dirigido por Noruega y Suiza— presentará a los gobiernos una Agenda de Protección. Esta expondrá una serie de estrategias para ayudar a los Estados a prepararse mejor para la movilidad vinculada a los desastres y responder a ella. Al señalar las deficiencias en materia de protección, así como las buenas prácticas, identificará intervenciones jurídicas y de políticas públicas que podrían ayudar a las personas a evitar el desplazamiento desde el primer momento y a responder con mayor eficacia cuando este se produzca. La siguiente sección examina algunas de estas estrategias.

En primer lugar, los Estados deben reforzar la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático para fortalecer la resiliencia de las comunidades. La integración sistemática de medidas de reducción del riesgo de desastres aumenta las probabilidades de que, si ocurre un desastre, algunas personas eviten por completo el desplazamiento o, al menos, permanezcan desplazadas durante mucho menos tiempo.

En segundo lugar, en algunos contextos, mecanismos temporales de protección, como los visados humanitarios o las autorizaciones de estancia prorrogada, pueden ofrecer un alivio a corto plazo a las personas desplazadas por un desastre o que se encuentran en el extranjero cuando ocurre un desastre y no pueden regresar a casa. Las pruebas indican que la mayoría de las personas en esas circunstancias querrán volver a casa y reconstruirla en cuanto sea seguro hacerlo. Sin embargo, en algunos casos, especialmente cuando se pierde la tierra o esta queda inhabitable debido a peligros naturales, podría ser necesaria la integración permanente en el país de acogida o el reasentamiento en un tercer país. Por eso, la protección temporal debe vincularse estrechamente con los esfuerzos por encontrar soluciones duraderas desde una etapa temprana.

Los acontecimientos recientes en Vanuatu nos recuerdan que, al menos inicialmente, los desplazamientos en el Pacífico no serán transfronterizos. Una opción podría ser que países como Australia y Nueva Zelanda elaborasen planes internacionales de evacuación que pudieran activarse a petición de los Estados afectados. Esto permitiría una respuesta más controlada y predecible, que brindaría seguridad temporal hasta que las personas pudieran regresar a casa. Sin embargo, también habría que ofrecer soluciones humanitarias más permanentes a quienes no pudieran regresar.

En tercer lugar, los Estados deberían ampliar las oportunidades de migración voluntaria para que las personas puedan trasladarse antes de que ocurra un desastre o de que los procesos climáticos de evolución lenta vuelvan inhabitable la tierra. Esto podría incluir acuerdos bilaterales o regionales de libre circulación, programas de formación que preparen a las personas para encontrar trabajo en el extranjero o la creación de categorías especiales de visado para quienes viven en regiones específicamente identificadas. Esto no significa necesariamente que los Estados tengan que aumentar sus cupos anuales de inmigración, pero podrían utilizar con mayor criterio las categorías migratorias existentes. Por ejemplo, podrían eximir de algunos requisitos habituales para los visados de trabajo, familiares o de estudios a fin de admitir a personas desplazadas y dar prioridad a sus solicitudes de estancia.

Por ejemplo, en el Pacífico, el empleo en el extranjero ya constituye un medio de vida para muchas personas. Los programas de trabajo estacional en Australia y Nueva Zelanda permiten a los habitantes de las islas del Pacífico diversificar sus ingresos y enviar remesas a casa. Mientras tanto, programas específicos de trabajo y educación permiten que un número reducido de habitantes de las islas del Pacífico migre a Australia y Nueva Zelanda y obtenga la residencia permanente. En el contexto del cambio climático y los desastres, programas similares podrían ayudar a aliviar la presión sobre los recursos de las islas, mientras que las remesas podrían contribuir a financiar nuevas medidas de adaptación allí. Dada la presión demográfica en algunas islas, una mayor migración podría permitir que una población más pequeña permaneciera en su hogar durante más tiempo.

En cuarto lugar, los traslados planificados son otra respuesta proactiva que los Estados podrían emplear para sacar a las personas de zonas de peligro antes de que ocurra un desastre, o trasladarlas a zonas más seguras después de un desastre si no es posible regresar a casa. La gran mayoría de los traslados se producirán dentro de los países y no a través de las fronteras. Hasta la fecha, la mayoría de los traslados internos se han llevado a cabo en el contexto de proyectos de desarrollo y, a menudo, han provocado una mayor vulnerabilidad y empobrecimiento. Por esta razón, es esencial que todo traslado planificado se lleve a cabo con la plena participación de las comunidades afectadas y que se protejan sus derechos e intereses.

Por último, que la migración y el traslado puedan funcionar como formas positivas de adaptación, en lugar de ser signos de vulnerabilidad, dependerá en parte de las leyes y políticas que se establezcan. Las estrategias bien planificadas y elaboradas en consulta con las comunidades afectadas pueden reducir la probabilidad de futuras emergencias humanitarias y desplazamientos. A largo plazo, los costos de la inacción superan con creces los de aplicar las medidas expuestas anteriormente, tanto en términos financieros como humanos.

Autora: Jane McAdam es profesora Scientia de Derecho y directora del Centro Andrew & Renata Kaldor para el Derecho Internacional de los Refugiados de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, y Young Global Leader.

Imagen: Niños viajan en un camión en la localidad de Lenakel tras el paso del ciclón Pam por Tanna, a unos 200 km de Port Vila, capital de Vanuatu, el 17 de marzo de 2015. REUTERS/Edgar Su

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