La mayor amenaza para las negociaciones sobre cambio climático de la ONU en París, que comienzan la próxima semana, no proviene de los incentivos para beneficiarse sin contribuir al compromiso de los demás, sino del fracaso de la mayoría de los países en reconocer las oportunidades económicas tempranas que surgen de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Un énfasis excesivo en el «reparto de la carga», el «derecho a emitir» y los costes asociados al lenguaje del sacrificio compartido reduce los incentivos nacionales para lograr una acción ambiciosa que limite el cambio climático y aproveche la financiación y las tecnologías bajas en carbono. Para los líderes mundiales que buscan un acuerdo internacional, el foco debería estar, en cambio, en aprovechar los beneficios potenciales de la acción.
Desde el Protocolo de Kioto, un elemento clave de las negociaciones internacionales ha sido la equidad. Este principio se utiliza para determinar el reparto «justo» de costes y cargas entre los países, en función de las responsabilidades históricas individuales, las capacidades relativas entre países y los efectos del cambio climático. Aunque estas preocupaciones siguen siendo válidas, gran parte de este debate ha resultado polarizador y, con frecuencia, ha dado lugar a la búsqueda de un nivel mínimo aceptable de acción individual.
Hasta la fecha, 156 países han presentado a la ONU sus compromisos sobre medidas nacionales (las llamadas «contribuciones previstas determinadas a nivel nacional», o INDC) para hacer frente al cambio climático, que proponen cumplir como parte del acuerdo internacional. Estos países representan el 92% de las emisiones mundiales. Las INDC incluyen planes de reducción de emisiones y acciones conexas en materia de financiación, cooperación tecnológica y fortalecimiento de capacidades para respaldarlos.
El punto clave que a menudo se pasa por alto es que el principal criterio para determinar los compromisos nacionales de mitigación son las agendas políticas internas y la necesidad de satisfacer a la opinión pública y a los intereses institucionales e industriales locales. Esto significa que es probable que las INDC reflejen las circunstancias nacionales. Entre ellas figuran i) el coste de la acción, teniendo en cuenta las dotaciones naturales, como las reservas de combustibles fósiles, o la intensidad energética de la producción (por ejemplo, la presencia de industrias dependientes del carbón); (ii) los daños locales previstos a causa del cambio climático y, de forma crucial, (iii) los beneficios que se derivan de las políticas destinadas a reducir las emisiones y a alcanzar otros objetivos políticos.
Aunque el tercer motivo ha sido relegado en importancia en el pasado, cada vez se reconoce más que la inversión en reducción de emisiones genera importantes rendimientos sociales y económicos para muchos países desarrollados y en desarrollo que no se recogen en las evaluaciones de costes restringidas. Un reciente estudio de referencia concluyó que más de la mitad de las reducciones de emisiones necesarias para alcanzar un objetivo ambicioso generan cobeneficios. Entre ellos figuran los beneficios para la salud derivados de la reducción de la contaminación urbana, la solución de la congestión del tráfico, las mejoras de eficiencia y los avances en la seguridad y el suministro energéticos.
Por ejemplo, la contaminación atmosférica destruye millones de vidas y medios de subsistencia cada año y cuesta entre el 5% y el 15% del PIB de los principales emisores, una cifra equivalente a lo que muchos de estos países gastan en sanidad. Los esfuerzos para reducir las emisiones mediante energías renovables, transporte limpio y eficiencia energética tienen potencial para reducir drásticamente estos impactos. En cuanto a las reducciones de emisiones restantes que no generan beneficios directos, los principios de «reparto de la carga» y de responsabilidad desempeñan un papel en la determinación de su distribución. Reconocer estas oportunidades —como hacen algunas INDC— refuerza el argumento a favor de la acción climática en la mayoría de las regiones, pero no disminuye la responsabilidad de los países ricos de apoyar esa transición mediante cooperación tecnológica, financiación y fortalecimiento de capacidades. De hecho, invertir en oportunidades nacionales con implicaciones globales en términos de reducción de emisiones requiere un apoyo coordinado.
El objetivo último de la colaboración internacional, en forma de financiación, tecnología y alianzas sectoriales, es respaldar proyectos con altos rendimientos nacionales y beneficios climáticos globales. Si la disponibilidad de proyectos sólidos de reducción de emisiones aumenta como resultado del reconocimiento de nuevas oportunidades, se refuerza el argumento a favor de apoyar la difusión de tecnologías, el fortalecimiento de capacidades e instituciones y el acceso a financiación barata.
Para superar la oposición interna y presentar un compromiso internacional creíble, la acción climática debe generar beneficios locales en el interés directo del país que la emprende. Debemos alejarnos de los principios restrictivos del coste y del «reparto de la carga» y avanzar hacia la incorporación de los principios de acceso equitativo al desarrollo sostenible, incluidos los beneficios para el crecimiento derivados de la acción climática. No hay nada vergonzoso en que las INDC pidan abiertamente financiación y tecnología a otros países para lograr esos beneficios, si el resultado final es la reducción de las emisiones mundiales. Algunas ya lo hacen; otras deberían ser animadas a hacerlo. Comprender y articular las oportunidades nacionales que ofrece una descarbonización ambiciosa es clave para que las políticas nacionales sean creíbles y para movilizar flujos de financiación climática pública y privada.
Reconocer los beneficios de la acción climática, así como las oportunidades de atraer inversión extranjera mediante alianzas de colaboración, puede aumentar el nivel de ambición en la gestión de los riesgos del cambio climático, al tiempo que impulsa los objetivos de desarrollo. En cambio, centrarse en el reparto de la carga conducirá a nuevos retrasos, divisiones y bloqueos. Necesitamos una comprensión más amplia de los beneficios locales a corto plazo de la acción climática para ofrecer incentivos a todos los países para que aspiren a un acuerdo internacional ambicioso y amplio en París.
Autor: Dimitri Zenghelis, codirector de Política Climática, Grantham Research Institute, LSE
Imagen: Una central eléctrica de carbón en Walsum, localidad de las afueras de la ciudad occidental de Duisburgo, el 2 de octubre de 2012. REUTERS/Ina Fassbender




