En 2020, la financiación climática pública ascendió a 333.000 millones de dólares, pero las estimaciones indican que para 2030 se necesitarán 1,3 billones de dólares cada año para prevenir algunos de los peores efectos del cambio climático.
Los países desarrollados se han comprometido a proporcionar 100.000 millones de dólares al año en financiación climática a los países en desarrollo, pero no han alcanzado este objetivo.
Los niveles actuales de inversión siguen muy por debajo de lo necesario, pero estos seis cambios podrían ayudar a cerrar la brecha.
Cada día, los gobiernos, las instituciones financieras y las empresas deben elegir: invertir en activos físicos que emiten gases de efecto invernadero y dañan la naturaleza, o dar prioridad al desarrollo de soluciones ecológicas que propicien una economía estable, resiliente y equitativa. A medida que las comunidades afrontan los duros efectos del cambio climático, cada vez está más claro que hay que elegir construir un futuro sostenible.
Las estimaciones sugieren que se necesitarán alrededor de 5 billones de dólares de capital cada año hasta 2050 para cumplir los objetivos climáticos y de biodiversidad. Estas inversiones son esenciales para investigar y ampliar las nuevas tecnologías con bajas emisiones de carbono, sustituir el capital existente por alternativas sostenibles, alejar los modelos de negocio de las prácticas perjudiciales y permitir que los países ricos apoyen a los más vulnerables en materia de resiliencia climática y protección de la biodiversidad, garantizando al mismo tiempo que las comunidades históricamente marginadas compartan la prosperidad general que se genere.
Systems Change Lab sigue seis grandes cambios en el sector financiero que pueden transformar drásticamente la forma en que se amplían y asignan las inversiones para lograr un futuro sostenible. Si se llevan a cabo conjuntamente, estas transformaciones permitirán los cambios fundamentales necesarios para que el planeta y las personas prosperen:
1) Medir, divulgar y gestionar los riesgos financieros relacionados con el clima y la naturaleza
La transición hacia un futuro descarbonizado y positivo para la naturaleza alterará los productos y servicios, especialmente los que generan muchas emisiones y perjudican los ecosistemas. Los riesgos afectan tanto a las instalaciones físicas, como fábricas y operaciones, como a los modelos de negocio existentes.
Las empresas, las instituciones financieras y los reguladores deben tener acceso a información y comprender claramente los riesgos y las oportunidades para orientar las inversiones hacia transformaciones sostenibles de sus negocios.
Se necesitan divulgaciones precisas para que las instituciones financieras y los gobiernos puedan asignar capital con eficiencia y supervisar y gestionar los riesgos a nivel de cartera y sistémico. Cada vez más empresas divulgan sus riesgos climáticos conforme a las normas creadas por el Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad, que sigue las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima. Un análisis de Systems Change Lab muestra que el 36 % de las mayores empresas del mundo han establecido divulgaciones sobre riesgos climáticos (frente a alrededor del 32 % en 2021). Para 2030, todas estas empresas deberán presentar divulgaciones.
También hay un impulso positivo en materia de divulgaciones relacionadas con la naturaleza. El marco del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza está en proceso de finalizarse y también ha recibido un apoyo considerable del sector privado.
Pese a los avances en su adopción, las divulgaciones han sido voluntarias, con una calidad desigual y lagunas de cobertura. Los gobiernos deben desempeñar un papel crucial al exigir divulgaciones de alta calidad para garantizar una cobertura universal y uniformidad en la presentación de informes. Los reguladores están intensificando sus esfuerzos. Las mayores economías y mercados de capitales del mundo están considerando exigir este tipo de divulgaciones e incorporarlas a la supervisión de sus economías.
En 2022, 36 países planificaron o establecieron divulgaciones obligatorias relacionadas con el clima, alineadas con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima. Entre ellos figuran Brasil, India, Japón, el Reino Unido, países de la Unión Europea y Estados Unidos.
2) Ampliar la financiación pública para el clima y la naturaleza
El sector público puede desempeñar un papel importante en la protección del clima y la naturaleza mediante la inversión directa en iniciativas climáticas y la orientación de los mercados privados, al tiempo que formula políticas que promuevan una transición equitativa hacia una economía verde.
En la mayoría de las economías, los gobiernos son quienes más capital asignan, y sus inversiones son cruciales en ámbitos en los que la financiación privada no puede o no está dispuesta a asumir un papel protagonista, como el desarrollo de nuevas tecnologías de alto riesgo, la infraestructura pública y el apoyo a las comunidades desatendidas y marginadas.
La legislación climática reciente, como la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. es un ejemplo concreto de cómo el sector público puede orientar los mercados hacia nuevas direcciones que favorezcan la descarbonización, asignar financiación pública para invertir en el desarrollo de nuevas soluciones con bajas emisiones de carbono y abordar las desigualdades en las comunidades desfavorecidas.
Por ejemplo, se espera que políticas como la Ley de Reducción de la Inflación aumenten significativamente la inversión pública en investigación y desarrollo de tecnologías con bajas emisiones de carbono, que actualmente se estima en alrededor de 24.000 millones de dólares al año en todo el mundo. La respuesta de la comunidad empresarial, especialmente del sector de financiación financiera, ha sido positiva, pues reconoce que se espera que la legislación amplíe drásticamente las oportunidades de negocio y las inversiones tanto en soluciones climáticas consolidadas como incipientes.
Para prevenir algunos de los peores efectos del cambio climático, las estimaciones indican que se necesitarán al menos un mínimo de 1,3 billones de dólares de financiación climática pública cada año hasta 2030. En 2020, ascendió a 333.000 millones de dólares, muy por debajo de los niveles necesarios para alcanzar ese objetivo. Para cerrar la brecha, la financiación debe crecer a un ritmo más de ocho veces superior al histórico.
Afortunadamente, la Ley de Reducción de la Inflación y otras leyes similares centradas en el clima que se están planificando en Europa y otras grandes economías ayudarán. Algunas estimaciones indican que la Ley de Reducción de la Inflación supondrá 1,2 billones de dólares en 10 años en incentivos públicos para tecnologías limpias, con posibilidad de aumentar esa cifra según su adopción.
Por último, la financiación pública de los países desarrollados puede desempeñar un papel clave en el cumplimiento de su compromiso anual de 100.000 millones de dólares para apoyar a los países en desarrollo en la mitigación del cambio climático y la adaptación a este. En 2020, el monto ascendió a 83.000 millones de dólares, por debajo del objetivo.
La calidad de la financiación también debe mejorar: los bancos multilaterales de desarrollo, uno de los principales proveedores de financiación climática, pueden aumentar la proporción de subvenciones y préstamos en condiciones favorables para dar a los países en desarrollo mayor flexibilidad financiera a la hora de atender sus necesidades climáticas. Nuevas iniciativas como la Iniciativa de Bridgetown buscan ayudar a los países en desarrollo a alcanzar sus objetivos climáticos mediante la reforma de la arquitectura financiera mundial, y están ganando impulso y atrayendo atención.
3) Ampliar la financiación privada para el clima y la naturaleza
El logro de los objetivos climáticos y de naturaleza también depende de la participación del sector privado. Algunas proyecciones indican que tres cuartas partes de los 5 billones de dólares que se calcula que se necesitarán al año para 2030 procederán de fuentes privadas, mientras que históricamente la financiación climática pública y privada se ha repartido a partes iguales. El sector empresarial puede ayudar a ampliar las soluciones climáticas necesarias para descarbonizar nuestras economías, pero las inversiones deben acelerarse más de 10 veces para alcanzar los entre 2,6 y 3,9 billones de dólares anuales del sector privado que se estiman para 2030.
Hay algunas señales de progreso. Las empresas innovadoras han identificado los nuevos riesgos y oportunidades de negocio que surgen de la transición económica. Cada vez más empresas adaptan sus estrategias y modelos de negocio para reducir su exposición a esos riesgos, fijan objetivos de cero emisiones netas para recortar sus emisiones e invierten en nuevos productos y servicios para crecer en esta nueva realidad económica.
El número de empresas con objetivos basados en la ciencia, validados de forma independiente por la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia para alinearse con las metas del Acuerdo de París creció un 20 % en 2022 y sigue aumentando. Se espera que estos objetivos de reducción de emisiones influyan en sus estrategias empresariales e inversiones, tanto en sus propias operaciones como en el capital asignado a otras empresas. Sin embargo, estos objetivos corporativos requieren un mayor escrutinio, mejoras, una supervisión rigurosa y seguimiento de su implementación.
Los inversores también están alineando sus asignaciones de inversión —unos 7,5 billones de dólares en activos— con objetivos de cero emisiones netas, presionando a las empresas con altas emisiones para que transformen sus negocios y redirigiendo el capital hacia empresas que desarrollan soluciones con bajas emisiones de carbono.
Iniciativas de inversores como Climate Action 100+ han entablado contacto con las mayores empresas emisoras de gases de efecto invernadero mediante propuestas conjuntas de accionistas y medidas de escalada para reducir sus emisiones y adaptar sus negocios. Se espera que aumente el volumen de capital alineado con objetivos de cero emisiones netas, a medida que los inversores comprendan cada vez más que las prácticas empresariales sostenibles no solo hacen que las empresas sean más competitivas y resilientes, sino que también generan rentabilidad financiera.
Por último, desde hace tiempo se busca involucrar a la financiación privada en el apoyo a los esfuerzos de descarbonización y adaptación de los países en desarrollo. Aunque el historial de reducción de riesgos de la financiación privada es dispar, iniciativas recientes como el Acelerador de la Transición Energética y las Alianzas para una Transición Energética Justa son intentos innovadores de movilizar financiación privada para descarbonizar los países de ingresos medios y bajos.
4) Ampliar la inclusión económica y financiera de los grupos desatendidos y marginados
Nuestros sistemas económicos y financieros actuales no han logrado distribuir la prosperidad económica de forma inclusiva, lo que ha dado lugar a desigualdades históricas que se han perpetuado y, en ocasiones, agravado, marginando aún más a grupos que ya estaban desatendidos.
La transición hacia una economía descarbonizada y sostenible brinda la oportunidad de que las comunidades históricamente desatendidas compartan la nueva prosperidad que contribuirá a una sociedad más inclusiva, justa y democrática.
El éxito en la implementación de una transición justa permitirá al mundo cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y promover el pleno empleo. Estos avances no solo son moralmente correctos, sino que también obtendrán apoyo popular y aportarán la legitimidad política y la estabilidad social necesarias para llevar a cabo la transición.
Para ello, los gobiernos pueden coordinarse con el sector privado a fin de crear empleos de calidad en industrias verdes que permitan a las comunidades trabajar y participar en la construcción de un futuro descarbonizado. Además, el acceso a recursos financieros bien regulados, como cuentas bancarias y préstamos sujetos a una regulación adecuada, puede ayudarles a construir la seguridad financiera necesaria para ser resilientes y adaptarse a un entorno cambiante. En 2021, el 76 % de la población adulta mundial tenía acceso a una cuenta bancaria, lo que indica que los 1.400 millones de adultos restantes seguían considerándose «no bancarizados».
El sector público puede establecer la infraestructura que facilite el acceso de todos a los servicios financieros y, al mismo tiempo, proporcionar asistencia directa a las comunidades vulnerables mediante transferencias de efectivo, que sirven de puerta de entrada al sistema financiero formal y constituyen un componente importante de las redes de protección social.
5) Poner precio a las emisiones de gases de efecto invernadero y otras externalidades ambientales
Uno de los mayores obstáculos para reorientar las inversiones hacia un futuro más sostenible es que no se contabilizan los costes externos negativos que generan la industria de los combustibles fósiles y otros grandes contaminadores, y que recaen sobre la sociedad. Estos costes indirectos, a menudo denominados «externalidades», no se reflejan adecuadamente en los precios, pese a sus efectos negativos, como el deterioro de la calidad de vida, las alteraciones económicas y la degradación ambiental. Como resultado, los contaminadores se benefician de sus actividades perjudiciales y no rinden cuentas por estas externalidades, mientras que los precios distorsionados pueden desalentar los cambios en los patrones de consumo y los esfuerzos por reducir la contaminación.
Aplicar un precio directo al carbono mediante mercados de carbono o un impuesto al carbono para quienes contaminan puede garantizar que estos costes externos se tengan debidamente en cuenta en la planificación y la toma de decisiones destinadas a reducir el daño ambiental. Aunque fijar un precio al carbono no es una solución milagrosa para resolver el cambio climático, puede complementar un conjunto más amplio de herramientas, como la política industrial y los incentivos para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías bajas en carbono. Del mismo modo, gravar otras actividades perjudiciales para el medioambiente, como la contaminación atmosférica, el uso de recursos naturales y los residuos, puede internalizar sus externalidades, cuyo valor se estima en 7,8 billones de dólares al año de aquí a 2050.
En la actualidad, solo alrededor del 23 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están cubiertas por un régimen de fijación directa del precio del carbono. En todo el mundo, los precios promedian unos 23 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente, muy por debajo del mínimo de 170 dólares necesario para prevenir los efectos más perjudiciales del cambio climático. Para alcanzar una cobertura completa de aquí a 2030 con al menos cierto nivel de fijación del precio del carbono, la cobertura deberá crecer a un ritmo casi tres veces superior al histórico.
6) Eliminar las subvenciones y la financiación perjudiciales
Las inversiones públicas y privadas siguen respaldando actividades incompatibles con un futuro sostenible, como el desarrollo de nuevas exploraciones de combustibles fósiles y la degradación de las tierras. Reorientar las inversiones hacia un futuro descarbonizado implica poner fin a esas prácticas perjudiciales y redirigir el capital para construir una economía sostenible.
El sector público sigue proporcionando una financiación e inversión considerables a la industria de los combustibles fósiles mediante subvenciones, financiación de instituciones financieras de desarrollo e inversiones en combustibles fósiles de empresas estatales. La financiación pública de los combustibles fósiles ascendió a 687.000 millones de dólares en 2020; sigue estando muy lejos de la eliminación gradual necesaria para 2030, que exige reducir el ritmo casi cinco veces más rápido que el histórico.
Del mismo modo, los gobiernos siguen concediendo subvenciones agrícolas perjudiciales que incentivan el uso excesivo de la tierra y de fertilizantes y pesticidas, lo que contribuye a la degradación ambiental. Por ejemplo, el apoyo agrícola total alcanzó los 530.000 millones de dólares en 2021 en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y en 11 grandes economías en desarrollo; se estima que el 87 % de ese apoyo «distorsiona los precios o perjudica a la naturaleza y la salud». Las subvenciones a la agricultura y la pesca deben estructurarse para reducir su daño ambiental y fomentar prácticas sostenibles.
Financiación para un futuro sostenible
En estos seis cambios, ya hemos visto algunos avances positivos tanto en la financiación pública como en la privada para canalizar los flujos financieros hacia la creación de una economía verde y sostenible. Aunque estos indicios son alentadores, los niveles actuales de inversión siguen muy por debajo de lo necesario.
Para garantizar un planeta habitable y próspero, debemos acelerar el impulso positivo que se ha generado y ampliar la financiación para el clima y la naturaleza, retirar gradualmente los activos con altas emisiones y garantizar que la prosperidad que aporta una economía sostenible beneficie a los grupos desatendidos y marginados. En esta década decisiva, ha llegado el momento de actuar.
