La Unión Europea demostró cómo la fijación de precios del carbono puede reducir las emisiones a gran escala, pero ahora la política climática de Europa debe considerar los mercados de carbono de forma más integral.
El aumento de los costes del carbono puede repercutir de forma desigual en los hogares y en la industria, por lo que la política climática debe incluir medidas para proteger a los consumidores de menor renta y mantener la competitividad industrial.
En virtud del artículo 6 del Acuerdo de París, la cooperación climática internacional podría reducir los costes, movilizar financiación y fortalecer las alianzas en favor de una política climática más justa.
Durante 20 años, el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (UE) ha sido uno de los logros climáticos más trascendentes de Europa. Creó el mercado de carbono más avanzado del mundo, ayudó a reducir las emisiones en los principales sectores y demostró que la fijación de precios del carbono puede funcionar a gran escala dentro de una economía democrática.
Aunque ese historial sigue siendo significativo, el contexto dentro de los Estados miembros ha cambiado.
Europa ya no se encuentra en la fase inicial de descarbonización, cuando el cambio de combustible y las mejoras incrementales de eficiencia podían hacer gran parte del trabajo pesado. La siguiente fase es más difícil, más costosa y mucho más política. La política climática debe ahora reducir las emisiones y, al mismo tiempo, seguir siendo justa, económicamente creíble y estratégicamente inteligente.
El desafío climático de Europa ha superado a la fijación de precios del carbono
Un precio del carbono sólido sigue siendo esencial. Premia la eficiencia, impulsa la inversión hacia opciones más limpias y da a la industria un motivo para tomar en serio la descarbonización. Sin embargo, también repercute de forma desigual.
Los costes más altos de la energía y el transporte afectan con más fuerza a los hogares que menos margen tienen para absorberlos. Las personas con ahorros, acceso al crédito o una vivienda segura pueden responder aislando sus casas, instalando bombas de calor, cambiando a vehículos eléctricos o colocando paneles solares en sus tejados. Quienes carecen de esa flexibilidad, por lo general, no tienen una vía equivalente de salida.
La misma pauta se observa en la industria. En sectores de difícil reducción de emisiones, como el acero, el cemento y la química, el aumento del coste del carbono se suma a los precios de la energía europeos, estructuralmente altos, a márgenes reducidos y a una competencia mundial más dura.
Eso no genera automáticamente una inversión limpia. Puede producir con la misma facilidad retrasos, contracción o deslocalización. Una estrategia climática que debilite de forma constante la base industrial de la que depende Europa acabará encontrando resistencia política, por muy elegante que parezca en la teoría económica.
El siguiente capítulo de la política climática de la UE necesita más instrumentos
El carbono no reconoce fronteras, y obligar a la industria a trasladarse no reduce las emisiones netas, sino que únicamente las desplaza.
Por eso, la siguiente fase de la política climática necesita más instrumentos. Los mercados de carbono siguen siendo importantes, pero deben integrarse en una estrategia más completa, que reparta la carga, reconozca las realidades industriales y haga un mejor uso de la cooperación internacional.
También debería prever que es improbable que los precios del carbono muy altos sean necesarios ni deseables, ya que la descarbonización rentable implica reducir las emisiones donde la reducción es más barata, siempre que se salvaguarden la integridad y otros objetivos de política.
El coste para los consumidores debe tenerse en cuenta con urgencia si los gobiernos quieren un apoyo duradero a una transición ambiciosa.
Los ingresos del mercado de carbono deberían utilizarse de manera más deliberada para proteger a los hogares de menor renta y ampliar el acceso a las tecnologías bajas en carbono. Sin esa corrección, la transición resulta más difícil de defender precisamente entre las personas a las que se pide asumir el mayor coste relativo.
Un precio del carbono es necesario, pero ya no es suficiente
Existe también un problema de coste estratégico que Europa ya no puede eludir. A medida que la descarbonización se profundiza, cada tonelada adicional resulta más difícil y costosa de eliminar. Quedan las transiciones más complicadas: la industria pesada, las rehabilitaciones profundas, la captura de carbono, el hidrógeno, la energía gestionable y limpia, y las redes necesarias para sustentarlas.
Tratar cada tonelada marginal como un desafío puramente nacional eleva rápidamente la curva de costes, y la fricción política aumenta con ella.
Por eso el artículo 6 del Acuerdo de París merece una conversación más seria de la que suele recibir.
Los créditos de carbono internacionales siguen arrastrando el lastre de los mercados de compensación anteriores, y gran parte de ese escepticismo estaba justificado; sin embargo, el marco ha evolucionado. Uno de los cambios más importantes en la arquitectura tras la 26.ª Conferencia sobre el Clima de Glasgow (COP26) es el requisito de los ajustes correspondientes, lo que significa que un crédito transferido internacionalmente no puede ser contabilizado también por el país anfitrión para su propio objetivo climático.
Eso no resuelve todos los problemas de integridad, pero crea una base mucho más sólida para una cooperación genuina. Europa debería tomarlo en serio.
La oportunidad climática internacional de Europa
Los créditos internacionales de alta integridad pueden aliviar parte de la presión sobre los costes de cumplimiento nacionales, al tiempo que dirigen la financiación hacia reducciones de emisiones en países donde la misma inversión puede llegar más lejos y generar beneficios para el desarrollo que a menudo son mucho mayores.
La cocción limpia, la protección de los bosques, el carbono azul y las energías renovables distribuidas encajan todas en ese ámbito. Reducen las emisiones, mejoran la vida de las personas y fortalecen la resiliencia en países que han contribuido menos al cambio climático y que a menudo sufren sus peores consecuencias.
Bien utilizado, esto reduce tanto el coste del carbono en la UE como otorga a la política climática europea un propósito internacional más amplio.
Esa intención más amplia es cada vez más difícil de ignorar. La cooperación climática avanza hacia una fase más geopolítica. El acceso a resultados de mitigación de alta integridad será limitado. La confianza entre compradores y países anfitriones cobrará más importancia, al igual que la credibilidad institucional y la capacidad de vincular la ambición climática con el desarrollo y las alianzas.
Aquí es donde Europa tiene una oportunidad real. Gracias al Acuerdo de Samoa y a su relación más amplia con los países de África, el Caribe y el Pacífico, la UE ya cuenta con los cimientos políticos para un pacto climático Norte-Sur más creíble. Lo que ha faltado es la capa práctica: las instituciones, los acuerdos jurídicos y el desarrollo de capacidades necesarios para convertir la intención política en una cooperación susceptible de inversión.
De la fijación de precios del carbono a la arquitectura climática
Eso implica marcos de contratación con normas de calidad claras, acuerdos bilaterales que protejan la soberanía de los países anfitriones y eviten la exportación excesiva de resultados de mitigación, normas de reparto de beneficios para las comunidades locales, salvaguardas para las tierras y los medios de vida afectados, y apoyo a los sistemas de seguimiento, notificación y registro en los países que desean participar pero aún necesitan respaldo institucional.
Sin estos elementos, los mercados internacionales de carbono seguirán siendo políticamente frágiles. Con ellos, pueden convertirse en una de las herramientas más útiles para alinear la ambición climática, la financiación del desarrollo y las alianzas estratégicas.
Este es el punto más amplio que Europa necesita asimilar ahora. La próxima generación de política climática no descansará en un único instrumento. Descansará en combinaciones: fijación de precios del carbono e inversión pública; descarbonización nacional y cooperación internacional; integridad ambiental y durabilidad política.
Esa es la situación actual del mercado de carbono de la UE. Su primer capítulo demostró que el carbono puede tener precio. El siguiente capítulo decidirá si la política del carbono también puede volverse más justa, más inteligente y más relevante a escala mundial.
Europa debería aspirar a ese papel más amplio.
