¿Cómo repartimos los costos del cambio climático?

¿Cómo repartimos los costos del cambio climático?
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Para abordar el problema del calentamiento global, muchos economistas abogan por eliminar el «mayor fallo de mercado que ha visto el mundo» (Stern 2007) mediante la imposición de impuestos al carbono o de un precio uniforme del carbono a través de un sistema de permisos. Esta es la perspectiva de eficiencia bien fundamentada de la economía ambiental, que, como es obvio, sigue siendo válida para la política climática. Pero la verdadera dificultad de las negociaciones climáticas es la cuestión de la equidad, que siempre es central en los debates políticos, pero que resulta especialmente crítica en un marco internacional. Es evidente que la decisión de aplicar políticas climáticas tiene un gran impacto en la distribución mundial de la renta. Si no se adopta ninguna política, los países menos desarrollados y vulnerables sufrirán de forma desproporcionada: los choques climáticos destruyen parte de su stock de capital, lo que hace aún más difícil un desarrollo económico exitoso y alcanzar a los países más ricos de lo que lo fue en el pasado. Por el contrario, al adoptar políticas climáticas estrictas, los países contaminantes prevén que tendrán que asumir una carga sustancial al reorientar y ecologizar sus economías.

Costos de la política climática

La preocupación de que las economías intensivas en combustibles fósiles deban asumir altos costos de política se relaciona con dos cuestiones principales que no siempre se comprenden bien en el debate público: la dinámica económica y la incertidumbre. Los efectos dinámicos de las políticas se subestiman en gran medida, ya que los responsables de la toma de decisiones tienden a centrarse en los efectos a corto plazo de las políticas climáticas. Estos son, en efecto, negativos: menos insumos de combustibles fósiles dan lugar a una menor producción. Pero, a más largo plazo, la innovación inducida, la acumulación de capital y el cambio sectorial afectan a la dinámica económica, contrarrestando los efectos de nivel y reduciendo así los costos de las políticas climáticas (Bretschger et al. 2011).

En cuanto a la incertidumbre, el hecho de que el tamaño, el tipo y el momento de los futuros choques climáticos sean inciertos a menudo no se evalúa de forma adecuada. Existe una creencia generalizada de que la incertidumbre sugiere menores esfuerzos de mitigación. Sin embargo, debería ser lo contrario: dado el hecho de la aversión al riesgo, una respuesta racional a la incertidumbre es, en realidad, procurar reducirla. La política de mitigación de emisiones es el principal instrumento para reducir los choques climáticos desfavorables. En consecuencia, los esfuerzos de mitigación deberían aumentar con la creciente incertidumbre (véase Bretschger y Vinogradova 2014 para un modelo formal con soluciones explícitas). Estos hallazgos sugieren que, a escala mundial, los objetivos climáticos acordados internacionalmente son eficientes y pueden alcanzarse a costos moderados. Pero lo realmente crítico es determinar los costos relativos a nivel nacional, que resultan del reparto internacional de cargas propuesto.

De los principios a la política

A partir de las decisiones adoptadas en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha surgido que el concepto de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas (CBDR) es la directriz común central para un reparto equitativo de las cargas. Pero ¿cómo podemos hacer operativo el CBDR? ¿Cómo podemos utilizarlo para reducir la complejidad de las negociaciones? La tarea básica consiste en transformar el CBDR en los llamados puntos focales, que han demostrado ser muy útiles cuando forman parte de las expectativas generales de todos, y que permiten generar aceptación y confianza entre los socios negociadores. A este respecto, los principios de equidad son muy eficaces, porque ya cuentan con una amplia aceptación política, existe un entendimiento común y es posible realizar una verificación objetiva. El principio de equidad más conocido es la capacidad de pago: cuanto mayor es la capacidad económica de un país, más debería contribuir a la política mundial. El segundo principio se refiere al reparto de los costos de las políticas: cuanto menores son los costos de una política para un país, más debería contribuir. Un tercer aspecto es el principio de mérito (también llamado principio de merecimiento, véase Konow 2003): cuanto mayores son los esfuerzos de un país por resolver el problema subyacente, mayor debería ser su recompensa. En el contexto actual, los esfuerzos se consideran en el ámbito del avance de tecnologías eficientes en carbono. El último principio exige comparar casos similares, lo que, en el caso del problema climático, significa que las emisiones en momentos de abundancia de fuentes alternativas de energía se ponderan de forma distinta a las emisiones en momentos en que hay pocas fuentes alternativas de energía disponibles.

Regla de reparto equitativo

Los cuatro principios básicos de equidad pueden utilizarse para acordar una regla sencilla de reparto internacional de cargas. En concreto, la regla puede asignar el presupuesto mundial de carbono (compatible con el objetivo de 2 °C) a los distintos países de manera equitativa. Cada uno de los principios se mide mediante un indicador sencillo, como el ingreso per cápita, la producción por unidad de emisión o las emisiones per cápita (véase Bretschger 2013 para los detalles técnicos). Un procedimiento adecuado para combinar los principios en una función matemática consiste en utilizar la forma multiplicativa, como ocurre con la conocida función Cobb-Douglas. Además, es razonable suponer que la función es lineal homogénea y, basándose en el principio de razón insuficiente, ponderar los principios por igual. Es entonces fácil demostrar (de nuevo, los detalles en Bretschger 2013) que se obtiene una regla sencilla según la cual los presupuestos de carbono deben asignarse de acuerdo con una función no lineal de las emisiones actuales per cápita; la expresión explícita del presupuesto es Presupuesto de carbono = (Emisiones per cápita)0,25. La relación se representa con la línea azul de la Figura 1. El procedimiento propuesto reduce el problema, sumamente complejo, del reparto de cargas a una sola variable (las emisiones per cápita) y a un parámetro único, que determina la curvatura de la función. Ofrece además un vínculo estrecho con el presupuesto de carbono calculado en las ciencias naturales y, asimismo, un método de cálculo sencillo para los presupuestos de emisiones.

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La relación derivada puede compararse con la propuesta de un impuesto mundial uniforme al carbono, según Weitzman (2014). Con el uso interno previsto de los ingresos fiscales, la propuesta puede representarse utilizando el principio de reparto de costos mencionado anteriormente, pero fijando en cero el peso de los demás principios. En ese caso, el presupuesto de carbono de cada país aumenta linealmente con las emisiones per cápita, representado por la línea verde de la Figura 1. Por último, la propuesta igualitaria del grupo de economías emergentes (BASIC 2011) sugiere un presupuesto de carbono igual, independiente de las emisiones actuales, representado por la línea roja de la Figura 1. Resulta interesante que este resultado también surge al considerar los tres principios de equidad (capacidad de pago, reparto de costos y mérito), pero ignorando el desarrollo técnico.

De la comparación de las tres propuestas se derivan dos conclusiones principales. En primer lugar, los países con bajas emisiones per cápita (situados a la izquierda de la Figura 1) prefieren naturalmente la regla igualitaria, mientras que los países con altas emisiones (situados a la derecha) se muestran más favorables a la solución fiscal. En segundo lugar, la regla basada en la equidad es un compromiso entre la regla fiscal y el reparto igualitario del espacio de carbono. Para ofrecer una intuición al respecto, en un breve resumen comento dos aspectos principales. Por un lado, los países de bajas emisiones reciben un presupuesto de carbono menor con la regla basada en la equidad que con la regla igualitaria, porque las economías de desarrollo tardío disponen de más alternativas técnicas al uso del carbono. Por otro lado, los países de altas emisiones reciben un presupuesto menor con la regla basada en la equidad que con la regla fiscal, porque su capacidad de pago de la política climática es comparativamente mayor. Para una aplicación práctica y el uso de esquemas de ponderación de la equidad más refinados, se ha creado un sitio web específico con la «ETH climate calculator», donde pueden compararse para cada país las distintas reglas de reparto (véase ETH 2015).

Relevancia práctica

Basándose en la reciente Lima Call for Climate Action, la política climática actual se apoya en un procedimiento de compromisos y revisión. En primer lugar, los países anuncian unilateralmente sus objetivos de política climática (denominados Intended Nationally Determined Contributions, o INDC, por sus siglas en inglés); esta es la parte de compromiso del procedimiento. En segundo lugar, las INDC deberían revisarse y compararse; por desgracia, esta parte del proceso no está muy bien estructurada. Ahora que se dispone de numerosos compromisos de los países, los responsables de políticas y los negociadores se preguntarán: ¿cómo se comparan los compromisos de los países entre sí y con respecto a las directrices generalmente aceptadas? ¿Son las ambiciones de la comunidad mundial lo bastante elevadas para alcanzar los objetivos generalmente acordados de máximo calentamiento global? Siguiendo a Aldy y Pizer (2015), una métrica ideal para la fase de revisión debería ser exhaustiva, medible, replicable y universal. Aquí es donde pretende contribuir la presente investigación: permite evaluar las promesas de las INDC de forma más transparente y directamente comparable. La regla sencilla propuesta aquí podría servir, por tanto, como directriz al evaluar las propuestas actuales y las ambiciones generales de la política climática mundial.

Referencias

Aldy, J y W A Pizer (2015) “The road to Paris and beyond: Comparing emissions mitigation efforts”, Resources Magazine, 189: 19–25.

BASIC (2011) “Equitable access to sustainable development: Contribution to the body of scientific knowledge”, Informe técnico, grupo de expertos BASIC, Bejing, Brasilia, Cape Town y Mumbai.

Bretschger, L (2013) “Climate policy and equity principles: Fair burden sharing in a dynamic world”, Environment and Development Economics, 18: 517–536.

Bretschger, L y A Vinogradova (2014) “Growth and mitigation policies with uncertain climate damage”, Serie de documentos de trabajo de economía 14/202, ETH Zurich.

Bretschger, L, R Ramer y F Schwark (2011) “Growth effects of carbon policies: Applying a fully dynamic CGE model with heterogeneous capital”, Resource and Energy Economics, 33(4): 963–980.

ETH (2015) Climate Calculator, http://www.ccalc.ethz.ch

Konow, J (2003) “Which is the fairest one of all? A positive analysis of justice theories”, Journal of Economic Literature, 41(4): 1188–1239.

Stern, N (2007) “The economics of climate change: The Stern review,” Cambridge University Press, Cambridge.

Weitzman, M L (2014) “Can negotiating a uniform carbon price help to internalize the global warming externality?”, Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 1(1/2): 29–49.

Este artículo se publica en colaboración con VoxEu. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.

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Autor: Lucas Bretschger es profesor de Economía/Economía de los Recursos en ETH Zurich.

Imagen: Una chimenea en una zona industrial emite vapor. REUTERS/Tim Wimborne.

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