La próxima reunión del G20 en Brisbane (Australia) llega en un momento en que una economía mundial precaria exige decisiones de gran calado. Pero está lejos de estar claro quién proporcionará la voz decisiva necesaria para fijar una agenda audaz y, después, impulsar su aplicación.
Los datos económicos revelan que la economía mundial es más inestable que en cualquier momento de los últimos dos años. El capitalismo tiene dificultades para generar una demanda adecuada. La riqueza y los ingresos se han concentrado cada vez más, mientras que los ingresos de la clase media en el mundo desarrollado se han estancado. La elusión fiscal de las empresas multinacionales drena los ingresos de los países en desarrollo, limitando su capacidad para invertir en educación e infraestructuras. Y se necesitan muchas más medidas para abordar la debilidad estructural más grave y urgente de todas: el cambio climático.
Muchos economistas y responsables de políticas líderes prevén un pesimismo económico continuado. Stephen Roach ha sugerido que, en la economía mundial posterior a la crisis, «la recaída es la norma»; el economista Brad DeLong, al hablar de las «consecuencias de nuestra depresión menor», sostiene que la pretensión de una recuperación en la eurozona se ha derrumbado; y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha reconocido la necesidad no solo de reformas estructurales, sino también de una expansión fiscal que impulse la demanda agregada.
En el centro de sus preocupaciones está la falta de una demanda sostenida necesaria para impulsar el crecimiento. Aunque las reformas estructurales, particularmente en el lado de la oferta, son necesarias en los países desarrollados y en desarrollo, no bastan para abordar lo que el exsecretario del Tesoro de EE. UU. Larry Summers ha denominado «estancamiento secular», es decir, la dificultad de sostener una demanda suficiente para permitir niveles normales de producción.
La tarea central del G20, por tanto, debe ser establecer un marco para un crecimiento sólido y sostenible. Los Estados miembros deben introducir reformas orientadas a alcanzar un objetivo de crecimiento anual del 2 %, como acordaron a principios de este año los ministros de Finanzas.
Una reforma estructural que podría impulsar el crecimiento mundial es una inversión sustancial en infraestructuras tanto en países en desarrollo como desarrollados. Desafortunadamente, ningún líder del G20 ha articulado seriamente esta necesidad, y menos aún ha hecho lobby por una solución. Aparte de una presentación del Banco Mundial sobre un posible programa piloto de infraestructuras, hay poco que sugiera cómo podría alcanzarse el objetivo del 2 % a medio plazo.
Los gobiernos del G20, especialmente los que tienen balances sólidos, deberían pedir inversiones públicas y privadas a gran escala en infraestructuras para ampliar la capacidad productiva de las economías miembros. En el ámbito de la elusión fiscal, el debate debe extenderse más allá de las economías desarrolladas; como ha señalado recientemente el Fondo Monetario Internacional señaló, los presupuestos de las economías en desarrollo se ven afectados de forma desproporcionada por las astutas estrategias contables de las multinacionales.
Desafortunadamente, a juzgar por las iniciativas ya incluidas en la agenda de Brisbane, la cumbre parece dispuesta a adoptar un enfoque de business as usual. Si el G20 no consigue dar contenido político a sus palabras, correrá el riesgo de parecer débil e irrelevante. Su propia credibilidad está en juego. De hecho, algunos en el mundo desarrollado preferirían un organismo más pequeño y exclusivo: un G14 o incluso un nuevo G7. Tal medida perjudicaría al mundo en desarrollo, especialmente a la región Asia-Pacífico.
Una razón por la que algunos quieren un grupo más reducido es que al G20 le cuesta alcanzar el consenso. Pero esto no tiene en cuenta lo esencial: es más difícil llegar a un acuerdo precisamente porque todos los líderes clave (que representan alrededor de dos tercios de la población mundial y el 80 % del PIB mundial), cuyo apoyo es necesario para cualquier decisión verdaderamente global, están en la sala.
La cumbre de Brisbane necesita, por tanto, recuperar el activismo que mostró en 2008 y 2009, durante el momento álgido de la crisis financiera. Debe estar liderada por EE. UU. y otras economías avanzadas, y respaldada por las principales economías emergentes.
Australia, como anfitriona, también tiene un papel que desempeñar. El país es respetado tanto por los países desarrollados como por los países en desarrollo, a menudo sirve de puente entre los intereses de ambos y es ampliamente considerado un mediador honesto.
Desafortunadamente, las modestas iniciativas sobre la mesa reflejan la retórica contraria al sector público del actual gobierno australiano. Peor aún, mientras los países desarrollados y en desarrollo empiezan a tomarse en serio el cambio climático, Australia se mueve en la dirección opuesta.
La cumbre de Brisbane será una prueba crucial para el G20 y para la posibilidad de una coordinación política verdaderamente global.
Publicado en colaboración con Project Syndicate.
Autor: Wayne Swan, exviceprimer ministro y tesorero de Australia, participa habitualmente en la Reunión de Ministros de Finanzas del G20.
Imagen: Un hombre mira una pantalla frente a una sucursal del United Overseas Bank (UOB) en el distrito financiero de Singapur. REUTERS/Vivek Prakash.




