Las instituciones financieras siguen siendo demasiado complacientes ante el cambio climático.
Existen fuertes paralelismos con los errores que condujeron a la última crisis financiera.
Los responsables políticos y los reguladores deben actuar ya para evitar otra catástrofe.
Seguir financiando la expansión de los combustibles fósiles equivale hoy a apostar el banco —y la economía mundial— por los valores respaldados por hipotecas subprime, como hace una década; es alimentar una crisis que, aunque genere beneficios a corto plazo, provocará inevitablemente una catástrofe económica junto con la emergencia climática.
Desde la firma del Acuerdo de París, 33 grandes bancos mundiales han volcado conjuntamente $1,9 billones en combustibles fósiles. Un reciente análisis de WRI indica que, entre 2016-2018, el nivel medio anual de financiación de combustibles fósiles de los bancos con compromisos activos de financiación sostenible es casi el doble del importe anualizado de dichos compromisos. Resuenan con preocupación los ecos de la crisis financiera de 2008 en este enfoque centrado en el beneficio a corto plazo, acompañado de una supervisión regulatoria insuficiente y de una subestimación del nivel de riesgo asumido.
Un enfoque excesivamente estrecho en el «riesgo de transición» dentro de las categorías de riesgo financiero relacionado con el clima, junto con la falta de una acción política significativa, también ha generado complacencia entre las instituciones financieras en relación con el cambio climático.
El riesgo mucho más significativo —y, según la trayectoria actual, el más probable— proviene de las consecuencias sistémicas de no cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Proviene de no lograr una transición rápida y ordenada hacia una economía baja en carbono. Se trata del «riesgo de no transición» o, como lo denominó recientemente Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra y recién nombrado Enviado Especial de la ONU para la Acción y las Finanzas Climáticas, “el escenario catastrófico de business as usual”.
Los políticos, las empresas y las instituciones financieras no están actuando ni a la altura de la magnitud de la emergencia climática, ni al ritmo que refleja el tiempo limitado disponible para cumplir los objetivos de París.
En su reciente informe de avances, Climate Action 100+ —la mayor iniciativa climática de inversores— reveló que, tras dos años de diálogo, solo el 9% de las 161 empresas objetivo tiene metas de emisiones alineadas con un objetivo de 2˚C o inferior. Como dijo Carney en su discurso de la Semana del Clima de septiembre de 2019 discurso: “Al igual que casi todo lo demás en la respuesta al cambio climático, el desarrollo de estas nuevas finanzas sostenibles no avanza con la rapidez suficiente para que el mundo alcance las cero emisiones netas.” El mundo va camino de agotar el presupuesto de carbono asociado a un aumento de 1,5˚C para 2030.
Necesitamos $90 billones durante los próximos 10 años para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, los combustibles fósiles siguen recibiendo casi tres veces más subvenciones que las soluciones climáticas.
Frente a estos flujos financieros, los Principios para la Banca Responsable respaldados por la ONU —que cuentan con 130 signatarios— parecen extremadamente insuficientes. Sin objetivos concretos y ambiciosos, los bancos corren el riesgo de convertir esta iniciativa en una herramienta más de ecoblanqueo.
Sin embargo, los responsables políticos parecen decididos a seguir un enfoque voluntario basado en incentivos para abordar el mayor riesgo sistémico que se acumula en la economía mundial. Mientras las emisiones siguen aumentando, el progreso corporativo sigue siendo marginal y la ventana para limitar el aumento de la temperatura global se cierra. Es hora de reconocer que este enfoque no funciona. Es hora de reescribir las reglas para garantizar el cambio transformador necesario.
La acción climática exige restringir las actividades negativas, no solo incentivar las positivas. En consonancia con su mandato existente en materia de estabilidad financiera, los bancos centrales deben adoptar más medidas para abordar el riesgo climático sistémico. Deberían introducirse normativas para desplazar el crédito y la inversión fuera de los sectores de alto contenido en carbono. Deberían aplicarse requisitos de capital más elevados —una «penalización marrón»— a la financiación de los combustibles fósiles y de otros sectores de alto contenido en carbono. Los bancos centrales deberían excluir los combustibles fósiles y otras industrias intensivas en energía de sus programas de compra de activos, y deberían dar prioridad a los sectores que avanzan en la transición hacia una economía baja en carbono. Los bancos centrales deberían seguir el ejemplo del Banco de Inglaterra y del Banco Central de los Países Bajos e incluir una serie de escenarios climáticos en las pruebas de resistencia de las entidades financieras.
Para evitar cualquier malinterpretación, los gobiernos deberían otorgar a los bancos centrales un mandato explícito para ampliar su horizonte de estabilidad financiera con el fin de abarcar plenamente el riesgo climático y convertirse en un motor de la descarbonización. La presentación de informes con arreglo al Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con el Clima debería ser obligatoria. Los gobiernos deberían poner fin a las subvenciones del lado de la oferta y a la financiación de créditos a la exportación para los combustibles fósiles, e incentivar la inversión en energías renovables.
Los reguladores no detectaron las señales de alerta en la década de 2000. Los bancos, impulsados por el beneficio a corto plazo, no comprendieron o ignoraron los riesgos, y la mayoría de los que sobrevivieron a esa crisis lo hicieron porque los contribuyentes de todo el mundo los rescataron.
¿Van las instituciones financieras a cometer —y a permitirse cometer— el mismo error desastroso? Si es así, esta vez no será posible ningún rescate, ni para ellas ni para el planeta.
