Cómo avanzar rápidamente en la fijación del precio del carbono

Cómo avanzar rápidamente en la fijación del precio del carbono
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Ha llegado el momento de dejar de lamentarnos en materia de estrategia climática, especialmente en el control de las emisiones de dióxido de carbono. Necesitamos un enfoque que se base en el interés propio de cada nación y que impulse una carrera hacia la cima en soluciones energéticas bajas en carbono. Nuestras conclusiones aquí, en el FMI —que la fijación del precio del carbono es viable, genera ingresos que permiten reducir impuestos en otros ámbitos y a menudo redunda en el propio interés de los países—, deberían tener eco en la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York la próxima semana. Permítanme explicar cómo.

Desde la Cumbre de la Tierra de 1992, los responsables políticos han tratado de alcanzar un acuerdo sobre un régimen internacional de control de las emisiones, pero con un éxito limitado. En la actualidad, solo alrededor del 12 % de las emisiones mundiales está cubierto por programas de fijación de precios, como los impuestos sobre el contenido de carbono de los combustibles fósiles o los sistemas de comercio de derechos de emisión que ponen precio a las emisiones. La reducción de las emisiones de CO2 se considera ampliamente un problema clásico de «polizón» («free rider»). ¿Por qué debería un país asumir el coste de reducir sus emisiones cuando los beneficios recaen en gran medida en otros países y, dada la larga vida de las emisiones y la lenta adaptación del sistema climático, en las generaciones futuras?

De la carga a los beneficios

Este argumento omite de forma crucial los beneficios ambientales internos inmediatos de reducir el CO2. La combustión de combustibles fósiles, especialmente el carbón, es una de las principales causas de la contaminación atmosférica local en exteriores, que, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, se estima que provoca más de 3 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo, al aumentar el riesgo de cardiopatías, cáncer de pulmón y otras enfermedades. Gravar el contenido de carbono del carbón encarecerá su precio y reducirá su uso, lo que conllevará menos emisiones de CO2 y una mejor salud pública gracias a un aire más limpio. Un impuesto sobre el carbono también aumentaría los precios de los carburantes para automoción, lo que reduciría la congestión del tráfico y los accidentes, ya que la gente economizaría algo en el uso de sus vehículos. Esto, a su vez, genera beneficios económicos internos, al menos en los países en los que las personas aún no pagan por completo estos efectos adversos mediante los impuestos especiales existentes sobre los carburantes para automoción. Estos beneficios para la salud y otros «cobeneficios» derivados de la reducción del uso de combustibles fósiles se suman a las ganancias de eficiencia económica que parten de fijar un precio a las emisiones de CO2.

Lo ideal sería que los gobiernos recurrieran a otras políticas para abordar los problemas ambientales internos, como los cargos por la contaminación atmosférica local. Sin embargo, hasta que dichas políticas se apliquen plenamente (lo que probablemente llevará mucho tiempo), los responsables políticos deberían examinar cómo el impacto indirecto de la fijación del precio del CO2 puede ayudar a aliviar estos problemas al considerar políticas climáticas a corto plazo.

¿Cuán importantes son estos cobeneficios internos? Un nuevo documento de trabajo del FMI evalúa en qué medida la fijación del precio del CO2 responde a los intereses nacionales de los países, al considerar únicamente los cobeneficios internos, antes incluso de contar los beneficios climáticos. Los resultados, resumidos en el gráfico siguiente, son llamativos en dos aspectos.

En primer lugar, un impuesto sustancial sobre el carbono (o la fijación del precio del CO2 mediante sistemas de comercio de derechos) está justificado por los intereses nacionales, con un promedio de 57,5 dólares por tonelada de CO2 entre los veinte mayores emisores. Esta cifra es varias veces superior a los precios recientes del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea, y un 60 % más alta que los daños climáticos por tonelada de CO2 estimados por un grupo interinstitucional para el Gobierno de los Estados Unidos. Ello implica que los países no necesitan esperar a un acuerdo internacional para avanzar con sus propios sistemas de fijación de precios del CO2.

En segundo lugar, los precios eficientes desde una perspectiva nacional varían considerablemente entre países. Por ejemplo, son relativamente altos en China y Polonia —donde la mayor parte de la reducción de CO2 provendría de una menor dependencia del carbón y donde la exposición de la población a la contaminación por carbón es elevada—, y relativamente bajos en Australia, donde la exposición de la población es mucho más limitada. La conclusión aquí es que cualquier régimen internacional debería ser flexible, permitiendo que algunos países (con cobeneficios elevados) fijen precios del CO2 más altos que otros (de forma similar a los impuestos sobre el valor añadido y los impuestos especiales en la Unión Europea, para los que los Estados miembros pueden fijar tipos impositivos superiores al mínimo acordado).

gráfico de precios del carbono

Un mensaje para los ministros de Finanzas

La fijación del precio del CO2 mediante impuestos sobre el carbono o sistemas de comercio con subastas de derechos también generaría importantes nuevos ingresos públicos. Y, como con cualquier nuevo impuesto, es importante utilizar estos ingresos de forma productiva, sobre todo para reducir la carga de otros impuestos. La reforma fiscal ambiental trata, en general, de impuestos más inteligentes, no de impuestos globales más elevados.

Este último punto subraya el papel potencialmente decisivo de los ministerios de Finanzas, que hasta la fecha han ocupado en gran medida un segundo plano en las negociaciones climáticas, en la integración de la fijación del precio del carbono en reformas fiscales más amplias. Tienen buenas razones para instar a una fijación eficaz del precio del carbono, y esto podría no producirse sin su firme defensa. Además, los impuestos sobre el carbono, en particular, representarían una extensión sencilla de los impuestos especiales existentes sobre los carburantes para automoción, que están bien establecidos en muchos países y se encuentran entre los impuestos más fáciles de administrar, al incorporar en ellos un gravamen sobre el carbono y aplicar gravámenes similares a otros productos derivados de combustibles fósiles.

Nueva York, París y más allá

Estos resultados complementan otros trabajos importantes en la materia, como el reciente informe de la Global Commission on the Economy and Climate. También deberían animar a los participantes de la Cumbre del Clima de la próxima semana, que pretende propiciar compromisos antes de las decisivas reuniones de diciembre de 2015 en París, en las que los responsables políticos esperan ultimar un acuerdo internacional sobre el clima. No es necesario esperar a que muchos países adopten medidas coordinadas: mucho puede lograrse simplemente considerando el interés nacional.

Publicado en colaboración con IMF direct.

Autor: Ian Parry es asesor de asistencia técnica del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, especializado en análisis fiscal de cuestiones relacionadas con el cambio climático y el medio ambiente.

Imagen: Humo que sale de las chimeneas de la central eléctrica de Belchatow, la mayor central de carbón de Europa. REUTERS/Peter Andrews.

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