El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó el martes que cumpliría su promesa de imponer un impuesto al carbono a las provincias que no estén dispuestas a combatir el cambio climático, lo que provocó protestas inmediatas en una parte del país con gran número de votantes.
Trudeau, cuyos liberales en el poder se enfrentan a unas elecciones en octubre de 2019, declaró en una rueda de prensa que todo el dinero recaudado se devolvería directamente a los contribuyentes de las cuatro provincias, sin planes para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
A partir de abril de 2019, la contaminación por carbono costará inicialmente 20 dólares canadienses (15,27 dólares estadounidenses) por tonelada, aumentando 10 dólares canadienses al año hasta alcanzar los 50 dólares canadienses en 2022. Ottawa presentó la propuesta en 2016.
«Poner un precio a la contaminación es la mejor manera de luchar contra el cambio climático», afirmó Trudeau.
Los datos oficiales muestran de forma recurrente que Canadá tiene pocas probabilidades de alcanzar sus objetivos de cambio climático, que consisten en reducir las emisiones un 30 por ciento respecto a los niveles de 2005 para 2030.
Los conservadores de Canadá, el mayor partido de la oposición en el Parlamento federal, afirman que eliminarán el gravamen si llegan al poder el próximo año.
El líder del partido, Andrew Scheer, quien aún no ha presentado su propio plan contra el cambio climático, descartó el impuesto como «un truco electoral».
El nuevo impuesto tendrá el mayor impacto en Ontario, la provincia más poblada de Canadá, donde el nuevo gobierno conservador de centroderecha del primer ministro Doug Ford afirma que llevará a Ottawa ante los tribunales por el plan.
«El impuesto al carbono de Trudeau obligará a nuestros mayores a pagar más por la calefacción de sus hogares... (y) hará que los padres paguen más por llenar el depósito de sus coches cuando llevan a sus hijos a entrenar al fútbol», escribió Ford en Twitter.
Las posibilidades de Trudeau de mantenerse en el poder el próximo año dependen en gran medida de Ontario, donde los liberales ya poseen la mayoría de los escaños de la provincia en el Parlamento nacional.
Ford decidió poner fin en julio al programa de limitación e intercambio de derechos de emisión de Ontario, alegando que se trataba de un «pretexto para recaudar dinero».
En Alberta, rica en energía, el gobierno de tendencia izquierdista parece destinado a perder las elecciones del próximo año frente a un partido de derechas que también se opone a un impuesto al carbono.
El nuevo gravamen también se aplicará en Manitoba, Saskatchewan y Nuevo Brunswick.
El primer ministro de Saskatchewan, Scott Moe, declaró a los periodistas que la vida en la provincia» va a costar mucho más ahora«.
Catherine Abreu, de la Red de Acción Climática de Canadá, acogió con satisfacción la noticia y afirmó que Ottawa «ha hecho lo necesario para poner en marcha esta importante herramienta, al tiempo que alivia cualquier carga financiera que pueda suponer para los canadienses».
