A la mayoría de la gente no le gustan las finanzas, a las que considera la encarnación de la irresponsabilidad y la codicia. Pero, incluso después de haber provocado una recesión que se produce una vez por siglo y el desempleo de millones de personas, las finanzas parecen indispensables para evitar una catástrofe aún peor: el cambio climático.
Es urgente actuar para contener el calentamiento global y evitar una catástrofe para la humanidad; sin embargo, la comunidad mundial carece desesperadamente de herramientas. Apenas hay apoyo para las soluciones más deseables que defienden los economistas, como un límite global a las emisiones de gases de efecto invernadero, combinado con un sistema de comercio de derechos de emisión, o la aplicación de un precio mundial del carbono mediante un impuesto global sobre las emisiones de CO2.
En cambio, las negociaciones para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de París, que se celebrará en diciembre, se están llevando a cabo sobre la base de compromisos voluntarios y unilaterales denominados Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional. Aunque la inclusión de objetivos voluntarios tiene el mérito de generar impulso a escala mundial, es poco probable que este enfoque dé lugar a compromisos que sean a la vez vinculantes y proporcionales al desafío.
Por eso, los defensores del clima buscan cada vez más otros medios para desencadenar la acción. Las finanzas ocupan el primer lugar de su lista.
Para empezar, las finanzas ofrecen una medida precisa para evaluar si los hechos son coherentes con las palabras. En 2011, “Unburnable Carbon,” un informe pionero de la organización no gubernamental Carbon Tracker Initiative demostró que las reservas de combustibles fósiles probadas en poder de gobiernos y empresas privadas superan en cinco veces la cantidad de carbono que podría quemarse en los próximos 50 años si se quiere mantener el calentamiento global por debajo de dos grados Celsius.
Las reservas que poseen únicamente las 200 principales empresas de combustibles que cotizan en bolsa –excluyendo así a los productores de propiedad estatal, como la Aramco de Arabia Saudita– superan este presupuesto de carbono en un tercio. Y eso significa que la valoración bursátil de estas empresas es incompatible con la contención del calentamiento global.
Esta toma de conciencia impulsó una campaña para convencer a los inversores de desinvertir en activos intensivos en carbono. Particulares e instituciones que representan una cartera de 2,6 billones de dólares ya se han sumado al movimiento de desinversión. Además, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ha destacado la amenaza que representan los activos de carbono potencialmente varados. Se advierte a los inversores de que, desde la perspectiva de la estabilidad financiera, los valores “marrones” conllevan un riesgo específico.
La magnitud de la desinversión puede parecer grande –y lo es, sobre todo teniendo en cuenta que la campaña comenzó hace poco. Sin embargo, 2,6 billones de dólares equivalen a menos del 5 % de los valores privados no financieros a escala mundial. La tendencia es real, pero todavía es demasiado poco para provocar cambios significativos en la valoración y el comportamiento de las empresas de combustibles fósiles.
Una segunda razón por la que las finanzas importan es que la transición hacia una economía baja en carbono exige inversiones enormes. Según la Agencia Internacional de la Energía, la inversión mundial en suministro de energía asciende actualmente a 1,6 billones de dólares anuales, y el 70 % de ella sigue basándose en petróleo, carbón o gas. La inversión en energías verdes representa solo el 15 % del total, y la inversión en eficiencia energética –en edificios, transporte e industria– suma una cifra exigua de 130 000 millones de dólares. Para contener el aumento de la temperatura media en la superficie a dos grados se requiere desarrollar tecnologías limpias y, lo que es aún más importante, cuadruplicar la inversión en eficiencia energética en los próximos diez años.
Sin embargo, esta inversión no se financiará fácilmente: su rentabilidad depende de un precio del carbono todavía esquivo y, a menudo, solo se materializará a largo plazo, mientras que mejorar la eficiencia energética implica sustituir cientos de millones de vehículos obsoletos y reformar cientos de millones de edificios que consumen grandes cantidades de energía. Se requieren instrumentos de financiación adecuados, para el fin correcto, en el lugar correcto y a la escala correcta.
Los bancos de desarrollo y los bancos verdes tienen un papel enorme que desempeñar. Por ejemplo, los préstamos específicos a largo plazo, junto con una desgravación fiscal o una subvención, ayudarían a los hogares a decidirse a modernizar sus viviendas.
Pero la verdadera esperanza de los especialistas en clima es que las finanzas innovadoras puedan contribuir a aportar la claridad de planificación que actualmente falta. Para impulsar las inversiones necesarias para mitigar el cambio climático y ecologizar la economía, son vitales la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles y una senda creíble y de rápido ascenso para el precio del carbono. Sin embargo, como los precios elevados de los combustibles son impopulares entre los consumidores y suscitan preocupaciones sobre la competitividad entre las empresas, los gobiernos se muestran reacios a actuar hoy y podrían incumplir sus compromisos de actuar mañana.
Para superar tales reticencias, los defensores de la acción climática recurren a los incentivos. Algunos han recomendado que los gobiernos emitan bonos de desempeño en materia de CO2, cuyo rendimiento se reduciría si las empresas superan su objetivo de carbono. Otra idea, planteada en un reciente documento de Michel Aglietta y sus colegas, consiste en trazar una senda para un precio indicativo del carbono, denominado “valor social”, y en proporcionar a los promotores de proyectos verdes un certificado de carbono garantizado por el gobierno que represente el valor de la correspondiente reducción de emisiones. Según sugieren, los bancos centrales refinanciarían entonces los préstamos a dichos promotores, hasta el valor del certificado de carbono.
Se trataría de una apuesta calculada. Si el precio del carbono dentro de, digamos, diez años corresponde efectivamente al valor social anunciado, el proyecto será rentable y el promotor devolverá el préstamo. Pero si el gobierno incumple su compromiso, el promotor entrará en impago, dejando al banco central con un derecho de reclamación frente al gobierno. Si no se incrementa el precio del carbono, el resultado sería una mayor deuda pública o, en caso de monetización, inflación.
La idea es obligar a los gobiernos a tener algo en juego, equilibrando el riesgo de inacción en el impuesto al carbono con el riesgo de insolvencia o de inflación. No habría dilación. La acción contra el calentamiento global se produciría sin demora. Pero unos diez años después, los gobiernos –y las sociedades en general– tendrían que elegir entre impuestos, deuda e inflación.
Emprender ahora inversiones masivas y decidir solo más adelante cómo financiarlas parece irresponsable, y lo es. Pero no actuar en absoluto sería aún más irresponsable.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica el respaldo de los puntos de vista por parte del Foro Económico Mundial.
Para estar al día de la Agenda, suscríbase a nuestro boletín semanal.
Autor: Jean Pisani-Ferry es catedrático de la Escuela Hertie de Gobernanza en Berlín y actualmente ocupa el cargo de Comisionado General de Planificación de Políticas del Gobierno francés.
Imagen: Un hombre lleva un globo terráqueo hinchable por West 72nd Street durante la People’s Climate March en Nueva York. REUTERS/Mike Segar.




