Las interrupciones de los servicios públicos causadas por fenómenos meteorológicos extremos y la presión sobre los recursos afectan ahora a la rentabilidad, las operaciones y el valor de mercado, por lo que la resiliencia de estos servicios es fundamental para las empresas.
Los ingresos verdes crecen, en promedio, el doble de rápido que los ingresos convencionales, mientras que las empresas que participan en mercados verdes suelen conseguir capital más barato y disfrutar de primas de valoración.
Las alianzas estratégicas entre el sector público y el privado, las inversiones tecnológicas, la financiación y la creación de comunidades conforman una hoja de ruta para lograr una resiliencia eficaz de los servicios públicos.
Los sistemas esenciales de servicios públicos son cada vez más vulnerables a los riesgos del cambio climático, como confirma un informe reciente del Foro Económico Mundial. Dado que las pérdidas aseguradas por desastres naturales superan ya habitualmente los 100.000 millones de dólares al año y que el gasto en adaptación al cambio climático va muy a la zaga de las inversiones en reducción de emisiones, la brecha en materia de resiliencia climática crece rápidamente.
En respuesta, Brasil, en el marco de su presidencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30), se ha comprometido a elevar la financiación para la adaptación hasta equipararla con la destinada a la mitigación (los esfuerzos para reducir las emisiones).
Mientras tanto, las consecuencias de la inacción van en aumento.
Las interrupciones de los servicios públicos afectan directamente a las operaciones empresariales. La energía, el agua y otros servicios, que antes se consideraban fiables, se han convertido en un riesgo sustancial para la rentabilidad, la estabilidad y el crecimiento a largo plazo.
Estas perturbaciones se han vuelto sistémicas y afectan a los resultados financieros. Un solo apagón prolongado puede destruir grandes cantidades de productos perecederos de un distribuidor de alimentos o provocar interrupciones en las cadenas de suministro posteriores.
La creciente escasez de agua también amenaza operaciones esenciales de plantas de semiconductores y productores de bebidas, por ejemplo, y afecta así a la producción.
Estas interrupciones conllevan enormes riesgos financieros. Por ejemplo, durante la tormenta invernal de Texas de 2021, el frío extremo provocó el fallo de la red eléctrica del estado y causó apagones prolongados que afectaron a millones de hogares y empresas.
Brazos Electric, una de las mayores cooperativas eléctricas del estado, se vio obligada a declararse en quiebra tras acumular cargos por 1.800 millones de dólares por la electricidad adquirida a tarifas de emergencia del mercado.
Esta crisis ilustra cómo un único fallo de los servicios públicos, provocado por una resiliencia insuficiente de las infraestructuras, puede acarrear consecuencias operativas y financieras catastróficas.
Partir de los cimientos establecidos por el sector público
Los actores públicos ya han sentado las bases para la adaptación y representan aproximadamente el 98 % de la financiación destinada a ella.
En el sector de los servicios públicos, China ofrece un ejemplo convincente de cómo la sinergia entre gobernanza, innovación tecnológica e inversión estratégica puede fortalecer la resiliencia; un modelo que se analiza en nuestro libro blanco publicado recientemente: Servicios públicos resilientes al clima: lecciones de China y perspectivas de futuro.
Estos logros impulsados por el sector público constituyen un punto de partida sólido, pero, a medida que se intensifican los peligros climáticos, depender únicamente de medidas públicas no es sostenible ni escalable.
La enorme inversión necesaria para mejorar de forma sistémica las redes públicas de servicios —incluidos el refuerzo de las tuberías frente a fenómenos meteorológicos, la protección de las plantas de tratamiento contra las inundaciones y la modernización de las subestaciones— es asombrosa y ejerce una gran presión sobre la capacidad fiscal incluso de los gobiernos más comprometidos.
Por ejemplo, un análisis del Banco Mundial muestra que los países de ingresos bajos y medianos necesitan entre 96.000 y 296.000 millones de dólares al año para aumentar la resiliencia de sus activos eléctricos, lo que supone un incremento del 30 % en los costos de capital.
Esta vulnerabilidad sistémica está creando un poderoso imperativo de mercado.
La inversión en resiliencia amplía los mercados de nuevas tecnologías y servicios, abre vías de financiación innovadoras y refuerza la competitividad de las empresas capaces de ofrecer soluciones de infraestructura inteligentes frente al clima.
En resumen, la resiliencia climática actúa tanto como salvaguardia como frontera de crecimiento, y la inversión en adaptación al cambio climático va en aumento. En 2018, la inversión anual en adaptación del sector privado de la Unión Europea y el Reino Unido fue de 15.400 millones de euros, y alcanzó los 52.900 millones de euros en 2022: un crecimiento del 243 % en cinco años.
La financiación climática combinada también registró un crecimiento histórico en 2023, con una financiación total de 18.300 millones de dólares (un aumento interanual del 120 %), incluido un incremento del 200 % en la inversión del sector privado, que llegó a 6.000 millones de dólares.
4 pilares para la inversión del sector privado
Los riesgos y las oportunidades para los servicios públicos en este panorama cambiante ya no son hipotéticos: son una realidad actual.
Para desenvolverse en este panorama y asegurar tanto la estabilidad operativa como una ventaja competitiva, el sector privado debe pasar de una postura reactiva a adoptar una mentalidad de inversión. Cuatro pilares fundamentales pueden sustentar esta transición:
1. Inversión estratégica mediante alianzas entre el sector público y el privado
El sector privado puede contribuir a construir infraestructuras resilientes al clima movilizando capital y conocimientos especializados, aprovechando oportunidades de mercado y ofreciendo soluciones innovadoras que respondan al interés público.
Complementa la función reguladora del gobierno aportando la agilidad, la innovación y la eficiencia necesarias para una adaptación rápida y la sostenibilidad a largo plazo.
2. Inversión específica en tecnologías digitales y resilientes
El capital de riesgo y el capital para el crecimiento pueden canalizarse hacia tecnologías digitales esenciales para la adaptación climática, como el análisis climático basado en IA, las redes inteligentes, la integración de las energías renovables y los materiales de nueva generación diseñados para resistir condiciones extremas.
Estas tecnologías abordan directamente los obstáculos fundamentales que impiden ampliar la adaptación en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Por ejemplo, las previsiones meteorológicas basadas en IA, los sistemas de alerta temprana y la observación y recuperación de datos satelitales ayudan a paliar la escasez de datos meteorológicos y climáticos de alta calidad, un insumo esencial para cuantificar los riesgos y los rendimientos.
3. Colaboración con instituciones financieras
Las instituciones financieras internacionales se centran cada vez más en movilizar capital privado para la resiliencia climática mediante plataformas que reducen el riesgo de inversión, como mecanismos de préstamo a largo plazo, entre ellos el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, plataformas de titulización de infraestructuras como Bayfront y estructuras de financiación combinada o paralela.
Por ejemplo, China Construction Bank impulsó la financiación verde mediante créditos, bonos y otros productos alineados con el clima. En colaboración con Huaneng Lancangjiang Hydropower, el banco lanzó un «bono gemelo»: emitió bonos verdes y convencionales con condiciones idénticas para revelar el valor de mercado de las inversiones con bajas emisiones de carbono y resilientes al clima.
Este enfoque dirige capital hacia proyectos de energía limpia que refuerzan la estabilidad de la red y la resiliencia climática.
4. Crear «comunidades de resiliencia compartida»
Los riesgos climáticos complejos requieren medidas que vayan más allá de la protección individual y adopten marcos colaborativos para compartir riesgos. Esto exige instrumentos financieros innovadores de uso regular y mecanismos de cooperación, entre ellos:
Bonos de resiliencia: Vincular las condiciones de los bonos a los resultados regionales de prevención de desastres para incentivar la inversión inicial en resiliencia.
Esquemas de seguros avanzados: Introducir productos innovadores como los seguros paramétricos para posibilitar pagos rápidos tras un desastre y la transferencia de riesgos.
Plataformas para compartir datos: Integrar datos climáticos, de infraestructura y operativos para mejorar la tarificación de riesgos y la capacidad de tomar decisiones.
Coaliciones sectoriales: Promover el desarrollo conjunto de normas de resiliencia y protocolos de emergencia entre sectores esenciales, como los de energía, transporte y servicios de agua.
Al mismo tiempo, deben crearse plataformas específicas que conecten el capital privado con proyectos de servicios públicos resilientes al clima, aclaren las oportunidades, generen carteras de proyectos y estandaricen las métricas de resiliencia.
Sin la participación del sector privado, sigue siendo difícil ampliar las tecnologías y prácticas capaces de lograr una adaptación climática eficaz. En última instancia, el progreso sistémico en materia de resiliencia climática requiere la sinergia entre el liderazgo gubernamental y la participación del mercado.
