Tras meses de negociaciones y cierta controversia, se acordó un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular al que llegaron 164 países a principios de diciembre. En el texto final del acuerdo y en el proceso que condujo a él, distinguir entre la migración «legal» o «regular» y la «ilegal» o «irregular» se presentó como algo central para la soberanía de un Estado.
Pero ¿qué significa que un Estado identifique a alguien como «inmigrante ilegal», o incluso como «inmigrante»?
Hay varias razones comúnmente aceptadas por las que se identifica a las personas como «inmigrantes ilegales». Una persona puede cruzar una frontera contraviniendo las normas del país al que entra. Alguien puede haber vivido en un país de acuerdo con sus normas hasta que venció su visado, se lo cancelaron o dejó de cumplir sus condiciones. La situación de una persona también puede cambiar sin que lo sepa; a veces, incluso se identifica a personas como «inmigrantes ilegales» en su propio país.
Forzados a la irregularidad
A menudo se da por sentado que existe una línea clara entre quienes huyen de la persecución, identificados como «refugiados», y quienes son identificados como «inmigrantes ilegales».
Pero, en realidad, antes de que se les reconozca como refugiados, la mayoría de las personas han tenido que cruzar una frontera internacional. Es muy posible que no hayan podido obtener visados para hacerlo y, por tanto, que hayan migrado de forma irregular.
Algunas personas tienen que abandonar sus hogares por otros motivos, como la pérdida de tierras debido al aumento del nivel del mar o el colapso económico; esto significa que no podían quedarse, pero quizá no reúnan los requisitos para ser reconocidas como refugiadas en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
También se puede forzar a las personas a ser identificadas como «inmigrantes ilegales» por otros motivos. Algunos visados hacen que una persona dependa de otra; por ejemplo, los visados para cónyuges, o los que vinculan a un empleado con un único empleador.
Si esta relación se vuelve abusiva, una persona puede sentirse obligada a elegir entre esa relación y ser identificada como «inmigrante ilegal». Actualmente, varios países ofrecen visados de protección temporal en esas situaciones. Además, los errores administrativos o los cambios de situación realizados por empleadores u otras personas pueden cambiar la situación migratoria de una persona.
Desigualdad en los controles migratorios
No todas las personas identificadas como «inmigrantes ilegales» en un país están sujetas a controles migratorios de la misma manera.
Por ejemplo, un estudio del Reino Unido concluyó que, entre 2014 y 2017, los hombres representaron el 90 % de las personas expulsadas por la fuerza del país y el 85 % de las personas recluidas en centros de detención migratoria.
Mientras tanto, los datos gubernamentales muestran que, en 2015, los ciudadanos estadounidenses con visados vencidos o cancelados constituían el grupo más numeroso de «no ciudadanos en situación irregular» en Australia. Sin embargo, ningún ciudadano estadounidense estuvo recluido en centros de detención migratoria australianos.
Estos datos y otros indican que las medidas adoptadas contra las personas identificadas como «inmigrantes ilegales» en los países en cuestión no se basan únicamente en la aplicación de un marco jurídico objetivo. Esto resulta aún más evidente en situaciones en las que se identifica a ciudadanos como «inmigrantes ilegales».
¿Quién es migrante?
En el Pacto Mundial para la Migración, «migrante» no se define explícitamente. En el documento, «migrante» suele parecer referirse a alguien que ha cruzado una frontera internacional, pero a veces parece referirse a alguien que no es ciudadano del país donde vive.
Que estos dos conceptos no son intercambiables se aprecia con especial claridad en el caso de las al menos 15 millones de personas en el mundo que no tienen la ciudadanía de ningún país, incluido aquel donde viven. Muchas de estas personas nunca habrán cruzado una frontera internacional.
También hay casos en los que se identifica a ciudadanos como «inmigrantes ilegales» en sus países de ciudadanía hasta que puedan demostrar lo contrario. El caso más conocido de Australia es el de Vivian Alvarez Solon, ciudadana australiana que fue detenida y deportada a Filipinas en 2001 sin que su familia lo supiera. Regresó en 2005 y recibió una indemnización. También hay informes sobre detenciones migratorias injustas más recientes de ciudadanos australianos.
En abril de 2018, el LA Times también reveló que al menos 1.480 ciudadanos estadounidenses habían estado recluidos en centros de detención migratoria de Estados Unidos desde 2012.
En el Reino Unido, tras el «escándalo Windrush», se reveló que personas que habían vivido en el país, en algunos casos durante más de medio siglo, estaban sujetas a controles migratorios e incluso a la deportación. Esto incluye a quienes entraron en el país como ciudadanos o adquirieron la ciudadanía.
Desde el referéndum de 2016 del Reino Unido sobre su salida de la Unión Europea, los ciudadanos de otros países de la UE que entraron en el país al amparo de sus derechos de libre circulación, así como los ciudadanos británicos en otros países de la UE, temen ahora que su situación en los países donde viven se redefina sin que ellos hagan nada.
Aunque el Reino Unido expresó su apoyo al Pacto Mundial para la Migración en una cumbre internacional celebrada en Marrakech el 10 de diciembre, Estados Unidos y Australia no lo hicieron. El pacto no es vinculante y presenta una declaración de compromisos negociados internacionalmente que se derivan de los tratados de derechos humanos vigentes. Establece que: «Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados pueden distinguir entre la situación migratoria regular e irregular». Pero esto no equivale a decidir quién es inmigrante en primer lugar. El pacto no introduce ningún «derecho a migrar», pero tampoco elimina la necesidad de contar con políticas migratorias que respeten los derechos humanos vigentes y se apliquen de manera justa.
