Al cumplirse 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una nueva generación de activistas por los derechos humanos se reinventa para luchar por derechos de siempre en medio de un nuevo orden mundial. En lugar de basarse en declaraciones, cartas y organismos internacionales, se basa en los valores que los sustentan —justicia, equidad e igualdad— y, aunque renuncia al lenguaje de sus predecesores, mantiene la misma lucha.
Esto es especialmente cierto en los países de la antigua Unión Soviética, donde los mecanismos institucionalizados para defender y promover los derechos humanos demostraron ser muy eficaces durante la mayor parte de las siete décadas anteriores.
Como miembro fundador de las Naciones Unidas, la Unión Soviética se adhirió en bloque a sus diversos principios, cartas e ideales tras la Segunda Guerra Mundial. Durante toda la Guerra Fría, los defensores de los derechos humanos tras el Telón de Acero utilizaron estos principios como base de su activismo. Las declaraciones y los acuerdos internacionales, en especial los Acuerdos de Helsinki de 1975, dieron a los disidentes una herramienta importante para exigir responsabilidades a sus regímenes.
En Checoslovaquia, los firmantes de la Carta 77 criticaron explícitamente al Gobierno por no respetar los derechos garantizados en diversos acuerdos internacionales. Esas mismas personas llegaron a ser líderes de la Revolución de Terciopelo de 1989.
A principios de la década de 1990, las reformas democráticas en toda la región se sustentaban en la convicción de que los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los documentos posteriores eran atemporales y constituían una base para construir una sociedad más libre.
Sin embargo, ante las nuevas realidades del siglo XXI, los mecanismos de promoción de los derechos humanos surgidos de la Declaración Universal muestran su antigüedad. El autoritarismo va en aumento en todo el mundo y líderes populares reprimen a los defensores de los derechos humanos.
Freedom House concluyó que 2018 fue el duodécimo año consecutivo en que el mundo perdió libertad. Civicus, que supervisa específicamente las condiciones de los activistas de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, constató que la sociedad civil estaba «bajo ataque» en más países que aquellos donde no lo estaba, y que todos los países postsoviéticos (salvo Georgia) se encontraban en las categorías «obstaculizada» o «cerrada».
Es preocupante que también estén menguando tanto la voluntad como la capacidad de los bastiones occidentales de los derechos humanos. En la UE, gana terreno el discurso sobre la democracia iliberal, y las crisis internas desvían la atención del escenario mundial.
Quizá no sorprenda que, en Europa del Este y la antigua Unión Soviética, los activistas más jóvenes y la sociedad civil estén dejando de confiar en los gobiernos occidentales y las organizaciones internacionales para que defiendan sus intereses.
Pavel Chikov, director del grupo Agora, dijo recientemente que «los grupos rusos de derechos humanos ya no tienen un modelo que seguir», y calificó de «obsoleta» la agenda liberal de derechos humanos.
La creciente desilusión ha llevado a muchos grupos de derechos humanos a dejar de buscar apoyo fuera de sus países. Los activistas más jóvenes ya no enmarcan su trabajo en el lenguaje tradicional de los derechos humanos, y muchos ni siquiera se consideran defensores de esos derechos. En lugar de referirse a los acuerdos internacionales que se han vulnerado, se centran en resolver problemas prácticos o en crear sus propias oportunidades para promover los valores de igualdad, justicia y equidad.
También han cambiado los formatos. En toda la región, las herramientas que utiliza la sociedad civil para aumentar la conciencia social son cada vez más diversas, dinámicas e inteligentes. En lugar de grandes iniciativas jurídicas encabezadas por una sola persona, están dando resultado redes realmente arraigadas en las comunidades, impulsadas por la tecnología, entre pares o horizontales. Los medios de comunicación, la música, el arte, el cine, las innovadoras protestas callejeras, el urbanismo y las iniciativas en línea centradas en las comunidades locales están sustituyendo a las peticiones y la presión internacional.
Team 29, una asociación rusa de abogados y periodistas especializados en derechos humanos, es uno de los casos más exitosos de esta nueva generación. Ha redefinido su papel como proveedor de asistencia jurídica y medio de comunicación a la vez. Su sitio web ofrece una nueva combinación de noticias sobre juicios en curso, manuales animados en línea para manifestantes, vídeos sobre la tortura y un nuevo juego interactivo que enseña a los jóvenes cómo comportarse si los detiene la policía.
Lo que podría parecer un complemento pensado para mejorar su imagen pública es, en realidad, fundamental para su labor. Anastasia Andreeva, experta en medios del equipo, afirma: «Antes asesorábamos a unos 30 clientes; ahora llegamos a decenas de miles de personas».
El activista azerbaiyano Emin Milli también encarna este recorrido de la sociedad civil hacia soluciones locales, alejándose del ámbito internacional. A principios de la década de 2000, era un defensor tradicional de los derechos humanos y utilizaba con éxito mecanismos internacionales, como el Consejo de Europa, para ayudar a presos políticos.
Tras su propio arresto y su regreso al activismo, Milli cambió de rumbo. «Cuando estaba en la cárcel, tuve mucho tiempo para pensar», contó al Oslo Freedom Forum. «Decidí hacer algo que diera voz a millones de personas». ¿Su idea? Meydan TV: un canal de televisión independiente exclusivamente en línea, dirigido a un público joven, que ahora llega a más de 500.000 personas en Azerbaiyán a través de su página de Facebook.
La clave del éxito de Meydan es su accesibilidad. Milli afirma: «Contamos historias de gente corriente. Azerbaiyanos de verdad, con problemas cotidianos». Con una cobertura inteligente que investiga y pone de relieve cómo afecta la injusticia a estas personas corrientes, sin referirse a los derechos y las responsabilidades consagrados por la ONU, Meydan «da voz a quienes luchan por los derechos de las mujeres, por los derechos políticos, por las libertades civiles y a todas las personas que sienten que no tienen voz».
La música también se utiliza cada vez más como vehículo para hacer realidad los derechos humanos. Aunque quizá rechace esa etiqueta, el rapero azerbaiyano Jamal Ali es probablemente uno de los «defensores de los derechos humanos» más conocidos del país. Sus canciones sobre la injusticia y la corrupción se vuelven virales con regularidad y generan conciencia nacional e internacional, como podría haberlo hecho una declaración ante la Asamblea General de la ONU hace tres décadas.
En un éxito de 2017, denunció que la policía había torturado a dos jóvenes y que estos se enfrentaban a 10 años de cárcel por pintar grafitis en una estatua del expresidente Heydar Aliyev. En respuesta, el régimen detuvo a la madre de Ali y exigió que retirara el vídeo de YouTube, con lo que solo consiguió que la canción de Ali se hiciera aún más viral entre los jóvenes azerbaiyanos.
La igualdad de género y los derechos de las mujeres también avanzan gracias a nuevos referentes inesperados. En Kirguistán, la cantante Zere Asylbek, de 20 años, provocó a principios de este año una conmoción feminista con su vídeo Kyz («Chica»). «No me digas qué ponerme ni cómo comportarme», canta mientras se levanta la blusa y deja ver el sujetador. El himno feminista en kirguís, visto por millones de personas, ha suscitado un nuevo debate #MeToo en el país de Asia Central, donde todavía secuestran, violan y obligan a casarse a muchas mujeres jóvenes.
Tras la publicación del vídeo, está a punto de abrir en Bishkek el primer «bar feminista». Otros vídeos feministas han abordado directamente el secuestro de novias, y se han utilizado dibujos animados para campañas locales destinadas a cambiar la mentalidad en una sociedad conservadora.
Quizá lo más emocionante sea que un equipo integrado exclusivamente por jóvenes de entre 18 y 20 años está construyendo el primer microsatélite del país. «Que las chicas nos lleven al espacio es el mejor mensaje contra el sexismo», afirma Bektour Iskender, cuyo sitio de noticias Kloop puso en marcha el proyecto. Según explica, el proyecto de las jóvenes tiene una profunda misión social: promover el orgullo nacional y el regreso del país al desarrollo tecnológico avanzado.
Estos ejemplos —y muchos otros— muestran que los grupos cívicos no ven sentido en presionar a un Occidente cada vez más desinteresado ni a unas organizaciones internacionales lentas. En cambio, concentran sus esfuerzos allí donde pueden lograr cambios reales y concretos en sus propias comunidades. Sus campañas nacen de las bases y utilizan las lenguas locales y temas que sus comunidades comprenden. Se dirigen a públicos específicos y suelen recurrir a la tecnología y a formatos creativos, con abundantes elementos visuales y artísticos.
Al abordar la discriminación, la protección del medio ambiente, la corrupción, los problemas de salud y los derechos de las mujeres, no hablan del incumplimiento de los acuerdos internacionales por parte de sus Estados, sino de la dignidad compartida y las oportunidades vitales, y se dirigen a las personas en un plano directamente humano.
Está claro que los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos siguen vigentes, pero su enfoque y su presentación han cambiado. «Todos queremos cambiar el mundo», afirma Sergey Karpov, de la plataforma rusa de medios en línea y filantropía Takie Dela. «Hoy, la comunicación es la mejor manera».
