El órgano constitucional de Chile ha elegido a una mujer mapuche para dirigir la reescritura de la constitución del país.
Elisa Loncon es profesora universitaria en Santiago y activista por los derechos educativos y lingüísticos del pueblo mapuche.
Los mapuche son el mayor grupo indígena de Chile, pero no están reconocidos en el actual texto constitucional del país.
El órgano constitucional que la votó fue elegido mediante votación popular en mayo.
La nueva constitución de Chile reemplazará a la anterior carta magna, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El domingo, los delegados eligieron a una mujer del pueblo mapuche, el principal pueblo indígena de Chile, para dirigirlos en la redacción de la nueva constitución del país, un giro notable para un grupo que no está reconocido en el actual texto constitucional del país.
Elisa Loncon, de 58 años, independiente en lo político, es profesora universitaria en Santiago y activista por los derechos educativos y lingüísticos del pueblo mapuche. Fue elegida por 96 de los 155 hombres y mujeres, entre ellos 17 indígenas, que integran el órgano constitucional encargado de redactar un nuevo texto que reemplace la anterior carta magna de Chile, elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Loncon aceptó el cargo con el puño cerrado en alto y, dirigiéndose a sus colegas entre celebraciones ruidosas, dijo: "Saludo al pueblo de Chile desde el norte hasta la Patagonia, desde el mar hasta las montañas y las islas, a todos los que hoy nos observan".
"Agradezco el apoyo de las distintas coaliciones que pusieron su confianza y sus sueños en manos de la nación mapuche, que votó por una persona mapuche, una mujer, para cambiar la historia de este país."
Su elección representa un momento culminante en una jornada de gran dramatismo, que incluyó la suspensión de la toma de posesión de los delegados tras las protestas dentro y fuera del recinto, y los enfrentamientos con la policía obligaron a retrasar el acto.
Surgieron problemas tras las marchas organizadas por grupos independientes, de izquierda e indígenas que presentan delegados ante el órgano constitucional, así como por otros grupos de interés, que se encontraron con una policía fuertemente armada que custodiaba barricadas frente al antiguo edificio del Congreso de Santiago, donde se celebraba la ceremonia.
Los delegados presentes en el acto reprendieron entonces a los organizadores por las tácticas policiales excesivamente duras, golpeando tambores y gritando por encima de una orquesta juvenil de música clásica que interpretaba el himno nacional.
Ante las exigencias de los delegados de que se retirara la fuerza especial de policía "represiva", el funcionario del tribunal electoral que presidía la ceremonia accedió a suspender el acto hasta el mediodía.
El altercado puso de relieve los intensos desafíos que supone redactar una nueva carta magna en un contexto de profundas divisiones que aún persisten tras las masivas protestas que sacudieron Chile a partir de octubre de 2019, motivadas por la desigualdad y el elitismo, y alimentadas por una feroz respuesta policial.
El órgano constitucional fue elegido mediante votación popular en mayo y está dominado por candidatos independientes y de izquierda, algunos con raíces en el movimiento de protesta, con una proporción menor de candidatos más conservadores respaldados por el actual gobierno de centroderecha.
Los delegados se han comprometido a abordar temas como los derechos sobre el agua y la propiedad, la independencia del banco central y las prácticas laborales, lo que ha generado inquietud entre los inversores por posibles cambios significativos en el sistema de libre mercado del principal productor de cobre del mundo.
Antes de que comenzara la ceremonia, delegados aimaras y mapuche realizaron ceremonias espirituales con cantos y danzas en las calles del centro que rodean la nueva sede del órgano y en una colina cercana.
No reconocidos en la constitución vigente, esperan que un nuevo texto les otorgue nuevos derechos culturales, políticos y sociales para sus naciones.
La comisión tiene hasta un año para acordar un reglamento común, establecer comités y redactar un nuevo texto.
Leandro Lima, analista del Cono Sur de Control Risks, afirmó que los independientes aportaron "legitimidad" al proceso, dada la profunda desconfianza de los chilenos hacia la política tradicional, pero la escasa experiencia en la elaboración de políticas públicas y las profundas divisiones ideológicas podrían provocar retrasos críticos en la redacción del texto en sí.
Informe de Aislinn Laing. Edición de Marguerita Choy y Diane Craft
