En 2010, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, en gran medida gracias al trabajo de activistas LGBT como Esteban Paulon.
Paulon, que entonces no tenía pareja, veía este movimiento como una lucha política, no personal.
«Luché por la ley sin saber si alguna vez me casaría o no», dijo Paulon, vicepresidente de la Federación LGBT Argentina. «Pero, en el camino hacia este logro, conocí a mi pareja».
Paulon y su pareja se casaron tres años después de que se aprobara la ley, convirtiendo un logro político nacional en un hito personal que pudieron celebrar con sus amigos y familiares.
«Si el Estado dice que todas las familias son iguales ante la ley y que todas tienen el mismo valor, esto inevitablemente repercute en la vida cotidiana y en la percepción social de la diversidad sexual», dijo Paulon. «Poder acceder al matrimonio también es algo personal».
Desde 2010, más de 15.000 parejas del mismo sexo se han casado en Argentina, el décimo país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La decisión puso de manifiesto el inesperado liderazgo de América Latina en la lucha por la igualdad de derechos LGBT. De hecho, la atención centrada en el movimiento por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos ha eclipsado a otros países donde se han logrado avances importantes. Por fin, tanto académicos como importantes organizaciones activistas internacionales, como Human Rights Watch.
Siguiendo el ejemplo de Argentina
Y con razón. Argentina no solo fue el primer país latinoamericano en legalizar el matrimonio igualitario, sino que también aprobó algunas de las leyes más progresistas del mundo en materia de derechos de las personas transgénero. La más destacada es una resolución de 2012 que permite a las personas transgénero cambiar el género que figura en sus documentos oficiales sin tener que recibir antes asesoramiento psiquiátrico ni someterse a una cirugía de transición. Argentina también exige que los centros médicos públicos y privados ofrezcan terapia hormonal y cirugía de reasignación de género gratuitas.
Aunque desde hace tiempo se reconocen los méritos del movimiento por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos, la atención centrada en el mundo angloparlante ha eclipsado a otros países donde se han logrado avances importantes.
Desde que Argentina legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2010, Colombia, Brasil, Uruguay, Ciudad de México y 12 estados mexicanos también lo han legalizado. Otros países, como Chile y Ecuador, reconocen las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, aunque no el matrimonio. Estos avances no se han logrado sin una oposición vehemente y, a veces, violenta. Pero el impulso LGBT en América Latina demuestra cómo las vibrantes redes de activistas, los mensajes eficaces dirigidos a la ciudadanía y el acceso a las instituciones democráticas han hecho posible legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Argentina tiene una sólida trayectoria de organización LGBT, que se remonta al menos a la década de 1960, explica Jordi Díez, profesor de la Universidad de Guelph, en Canadá, que ha estudiado la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en América. Estas redes fueron clave para lograr que se aprobara la ley.
A principios de la década de 1980, Argentina pasó de una brutal dictadura militar a un gobierno democrático, una transformación fundada en el respeto de los derechos humanos. En consecuencia, las organizaciones LGBT locales lograron convencer a la ciudadanía de que aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo al presentarlo como una cuestión de derechos humanos.
Más allá de los derechos humanos, Argentina también tiene una relación singular con la religión. Es cierto que América Latina es conocida por ser abrumadoramente católica. Pero el sistema político argentino se ha desarrollado sin que la Iglesia se infiltrara en la asamblea legislativa, explica Díez. Esto significa que, al igual que en Estados Unidos, Argentina básicamente ha impedido que la Iglesia defina el Estado.
En México, Brasil y Colombia tuvieron éxito enfoques similares, aunque encontraron más resistencia religiosa que en Argentina. Por su parte, a pesar de la reputación de Chile como uno de los países más progresistas de la región, una Iglesia sorprendentemente poderosa ha podido frenar diversas políticas liberales, entre ellas el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto.
Chile es solo uno de los muchos países latinoamericanos que aún no han abrazado plenamente los derechos de las personas del mismo sexo. Gran parte de la explicación es económica, afirma Díez: «En América Latina existe una relación muy estrecha entre el nivel de desarrollo económico —que incluye los niveles de educación, industrialización, etcétera— y el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo».
Los países colonizados por España o Portugal nunca penalizaron por completo la homosexualidad, a diferencia de sus homólogos coloniales británicos.
Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras obtienen las puntuaciones más bajas en el índice de desarrollo y también registran poco apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. En Cuba, la causa del matrimonio igualitario ha sido finalmente asumida por Mariela Castro, hija de Fidel Castro, y se espera que se incluya en un proceso más amplio de reforma constitucional previsto para este verano. Los países angloparlantes del Caribe también avanzan lentamente en materia de derechos al matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que Díez atribuye al legado del colonialismo.
Los países colonizados por España o Portugal nunca penalizaron por completo la homosexualidad, a diferencia de sus homólogos coloniales británicos. Según Díez, esto puede significar que las percepciones homófobas estén más arraigadas en estas sociedades anglófonas, tanto nuevas como antiguas. Mucho más recientemente, España fue uno de los primeros países europeos en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, en 2005, y sentó así un ejemplo para sus antiguas colonias. En cambio, el Reino Unido no lo legalizó hasta 2013.
El derecho a la vida
Aunque gran parte de la región ya tiene acceso a una amplia variedad de derechos LGBT, esta lucha no se ha ganado sin resistencia. Lamentablemente, la población LGBT de la región sigue sufriendo altos niveles de violencia, en particular los hombres y las mujeres trans. De hecho, un estudio de 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó casi 600 asesinatos de personas LGBT en América Latina entre enero de 2013 y marzo de 2014.
«Junto con el avance de los derechos al matrimonio en lugares como Argentina, Uruguay, Colombia y algunas partes de México, también está el auge de grupos fundamentalistas vinculados, sobre todo, a grupos evangélicos», dijo Paulon, que ha viajado por toda la región como parte de su activismo. Garantizar derechos básicos como la seguridad personal sigue siendo una prioridad para estos países «atípicos», donde, lamentablemente, el matrimonio todavía parece un sueño lejano.
Aldo Alexander Peña, un hombre trans que vive en El Salvador, fue hospitalizado en 2015 tras quedar inconsciente a causa de una paliza propinada por la policía, en un caso que provocó indignación nacional e internacional. Desde entonces, Peña se ha implicado profundamente en el activismo LGBT. Su prioridad actual —y la de las pocas organizaciones por los derechos de las personas trans en El Salvador— es aprobar una ley de identidad de género que permita a las personas trans salvadoreñas cambiar legalmente su nombre y género.
Garantizar derechos básicos como la seguridad personal sigue siendo una prioridad para estos países «atípicos», donde, lamentablemente, el matrimonio todavía parece un sueño lejano.
«No es que no queramos poder casarnos y tener hijos algún día», dice Peña. «Pero, cuando lo pensamos, si ya nos niegan de forma tan rotunda el derecho a la identidad de género, ¿cómo responderán el día en que las organizaciones LGBT de El Salvador empiecen a luchar por el matrimonio entre personas del mismo sexo?».
Peña se postuló para un puesto en el concejo municipalen las elecciones legislativas de El Salvador de marzo de 2018. No ganó, pero cree que el simple hecho de presentarse supone un avance para la comunidad LGBT del país, pues promueve su participación cívica y representación política. Sin embargo, como puede atestiguar Peña, gran parte de América Central aún tiene un largo camino por recorrer.
El año pasado se cometieron al menos 38 crímenes de odio mortales contra personas LGBT salvadoreñas.
La campaña por Costa Rica
Larissa Arroyo, activista costarricense por los derechos LGBT que trabaja con la organización Acceder, dice: «Es importante entender que el matrimonio no es la meta más importante ni el objetivo último de la lucha por la igualdad de derechos, sino un paso que a menudo es simbólico. El objetivo real es la igualdad de trato y el fin de la discriminación contra las personas LGBT».
Esta primavera, todas las miradas estaban puestas en Costa Rica durante las elecciones presidenciales, cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo se convirtió en un tema central.
El 9 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)declaró en una opinión consultiva histórica que la Convención Americana sobre Derechos Humanos —a la que Costa Rica está sujeta— obliga a los 23 países signatarios a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El anuncio se produjo durante la campaña para las elecciones presidenciales de Costa Rica. Mientras los activistas de derechos humanos celebraban, muchas fuerzas conservadoras se movilizaron para oponerse al fallo, que rápidamente se convirtió en un tema divisivo.
Durante toda la campaña, las encuestas pronosticaron una contienda reñida entre Carlos Alvarado, del partido gobernante, y el evangélico Fabricio Alvarado (sin parentesco), quien sumó apoyos al pronunciarse contra la decisión de la Corte IDH y la población LGBT.
«Por primera vez en mi país, tuve miedo. Temí por mi vida y por la de mis colegas», dijo Arroyo. Según ella, durante la campaña se denunciaron crímenes de odio y casos de discriminación contra personas LGBT costarricenses.
Arroyo se preparaba para lo peor mientras los costarricenses acudían a las urnas el 1 de abril. Vio los resultados con amigos y colegas, llena de miedo y expectación. Pero Fabricio Alvarado sufrió una derrota aplastante, con una diferencia de 20 puntos. Aliviada, Arroyo fue una de las muchas personas costarricenses que celebraron con banderas arcoíris en la Fuente de la Hispanidad, un lugar habitual de encuentro para marchas y celebraciones en San José, la capital de Costa Rica.
«De alguna manera, fue nuestra forma de decir: “Bueno, ahora podemos volver a ser quienes somos en público y ya no tenemos que temer ser blanco de algún tipo de violencia”», dijo. Aun así, el matrimonio entre personas del mismo sexo sigue sin ser legal en Costa Rica, y habría que presentar un proyecto de ley en el Congreso para conceder este derecho a toda la ciudadanía.
Y así continúa la lucha.
«Nuestra postura, al menos desde el punto de vista de los activistas, es que no vamos a conformarnos con que nos concedan una pequeña victoria», dijo Arroyo. «Queremos todos nuestros derechos y que cese la discriminación».
