En los últimos cinco años, un número creciente de empresas de todo el mundo se ha posicionado como defensora de los derechos de las personas LGBTI.
En Carolina del Norte, en 2017, una coalición de empresas se opuso a la Ley 2 de la Cámara de Representantes (HB2), una norma que impide a las personas transgénero usar los baños correspondientes al género con el que se identifican. Procter & Gamble lanzó una campaña visible de publicidad en India que cuestionaba los prejuicios contra los padres transgénero. Y en Singapur, después de que se prohibiera a las empresas extranjeras patrocinar un evento LGBT anual llamado Pink Dots, un número récord de empresas locales se ofreció a hacerlo en su lugar.
Muchas empresas han descubierto que combatir activamente la discriminación en los mercados en los que operan genera beneficios económicos, pues ayuda a atraer talento y a fomentar la lealtad de clientes, inversores y del público. Pero, más allá de mejorar sus resultados, a menudo desean de verdad «hacer lo correcto» y contribuir a una de las luchas clave por los derechos humanos de nuestro tiempo. Estas empresas observan que sus voces ganan peso y tienen influencia para propiciar cambios positivos en las leyes y las actitudes.
La Norma de conducta mundial para las empresas en materia de derechos LGBTIde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es una iniciativa sin precedentes, puesta en marcha en septiembre de 2017. Ofrece a las empresas orientación práctica sobre cómo cumplir las responsabilidades descritas en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Ha recibido el apoyo de más de 140 de las empresas más grandes del planeta, que representan a nueve millones de empleados en todo el mundo.
En conversaciones celebradas en todo el mundo, las empresas compartieron cinco dificultades concretas a la hora de definir enfoques constructivos en el ámbito público:
1. La mayoría de las empresas tiene problemas internos en la toma de decisiones, ya que los derechos humanos de las personas LGBTI suelen incumbir a varias áreas que no necesariamente están coordinadas, como recursos humanos, asuntos jurídicos, responsabilidad social corporativa y relaciones públicas.
2. En segundo lugar, muchas expresaron su deseo de pasar de un «enfoque reactivo», en el que sus clientes o el público les piden responder a una crisis como una ola de detenciones masivas, una legislación abominable o discursos de odio, a un enfoque sistémico y proactivo.
3. La fragmentación de la sociedad civil LGBTI en muchos países dificulta que las empresas identifiquen a los interlocutores adecuados y celebren consultas eficaces antes de actuar. Las iniciativas de las empresas suelen entrañar riesgos, pues podrían pasar por alto a sectores enteros de la comunidad o enemistarse con organizaciones rivales.
4. Los líderes empresariales y los activistas a menudo hablan distintos idiomas y tienen dificultades para armonizar sus respectivas expectativas de una alianza beneficiosa para ambas partes.
5. Las empresas señalan la falta de mecanismos para la acción colectiva, como firmar un escrito de amicus curiae o llevar a cabo una «diplomacia discreta».
Los activistas LGBTI también compartieron sus propias preocupaciones sobre las empresas que «actúan en el ámbito público». En primer lugar, las empresas podrían sentirse tentadas a cosechar los beneficios de parecer favorables a las personas LGBTI en mercados más tolerantes —donde de verdad da réditos que se las perciba como «progresistas»— con muy poco coste, mientras adoptan pocas medidas concretas en otras jurisdicciones.
En segundo lugar, los activistas manifestaron su preocupación por que las empresas se comporten de manera responsable en cuestiones LGBTI, pero no en otros asuntos que podrían afectar a sus resultados, como el medio ambiente, el trabajo, los impuestos u otras cuestiones de derechos humanos. Este riesgo suele describirse como «lavado rosa».
Estos obstáculos para una participación eficaz del sector privado hacen necesario que organizaciones mundiales sin ánimo de lucro asuman un papel destacado en la identificación de los interlocutores internos adecuados en estas empresas. Pueden actuar como intermediarias, identificar oportunidades concretas de acción en consulta con la sociedad civil y hablar en nombre de coaliciones de empresas cuando sea necesario. Para que se las considere legítimas, estas entidades de coordinación tendrían que contar con la confianza de activistas y empresas, hablar con fluidez ambos idiomas, tener capacidad para impulsar alianzas estratégicas y estar dispuestas a supervisar y medir la participación de las empresas.
Vivimos un período de grandes cambios. Se han logrado avances importantes en muchos países de Occidente, en América Latina y en algunas partes de Asia. Es preciso consolidarlos y hacerlos extensivos a los sectores más marginados de las comunidades LGBTI. En otras partes del mundo, hemos visto una grave represión de los derechos LGBTI. La estigmatización y la discriminación más profundas se han vuelto demasiado frecuentes en muchos países de África y Oriente Medio. Ahora, más que nunca, necesitamos la ayuda del sector privado. Debemos invertir en la infraestructura necesaria para apoyarlo.
