Las empresas tienen la responsabilidad de no lucrarse a costa de las personas vulnerables.
La diligencia debida en materia de derechos humanos es una forma de garantizar que esto no ocurra.
El proceso debe ser continuo, priorizar las violaciones más graves e implicar a todas las partes interesadas.
Desde la aprobación unánime de la de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU) por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, tanto el público como las empresas son cada vez más conscientes de la idea general de la diligencia debida en materia de derechos humanos: el proceso mediante el cual las empresas investigan o auditan sus propias prácticas comerciales para abordar sus posibles repercusiones en los derechos humanos. Sin embargo, las características específicas necesarias para que las investigaciones sean eficaces no siempre se han definido suficientemente. La diligencia debida en materia de derechos humanos no puede convertirse en un simple eslogan. Su aplicación eficaz y precisa es de vital importancia para las personas vulnerables, los trabajadores y nuestra economía.
Hace poco, entrevisté al exministro de Asuntos Exteriores y ex fiscal general de Canadá, Peter MacKay, en nombre de Inclusion Advocate. Le pregunté sobre la relación entre las empresas y la protección de los derechos humanos, en particular sobre el papel que tendrán en el futuro los programas de diligencia debida en esta materia. Explicó que no se pueden tolerar los abusos contra los derechos humanos y que las empresas tienen la responsabilidad de no lucrarse con el sufrimiento de las personas vulnerables. La diligencia debida en materia de derechos humanos puede ser una forma clave de alcanzar este objetivo.
Hay cinco características necesarias para que la diligencia debida empresarial en materia de derechos humanos marque la diferencia.
1. Un mecanismo de reclamación fiable
Establecer un mecanismo de reclamación significa ofrecer un medio formal para que cualquier persona o grupo plantee sus inquietudes sobre el impacto de una empresa en sus derechos humanos. Una vez recibida una queja, las empresas deben investigar detalladamente las acusaciones y, si estas tienen fundamento, ofrecer reparación a las víctimas lo antes posible. Este mecanismo permite a las empresas recabar información rápidamente y escuchar directamente a las partes afectadas. Esta comunicación bidireccional permite el diálogo directo entre las empresas y las víctimas, en lugar de obligar a estas últimas a elegir entre costosos procedimientos de arbitraje legal y la aceptación pasiva.
Desde el punto de vista de las empresas, también deben aprovechar plenamente el mecanismo de reclamación, ya que es una de las vías más eficaces para resolver los problemas en una fase temprana, antes de que se agraven sin control. En muchos casos, los grupos de la sociedad civil y las víctimas individuales intentan ponerse en contacto con las empresas para abordar los abusos contra los derechos humanos a medida que ocurren; pero, sin un mecanismo de reclamación eficaz, los grupos de la sociedad civil que esperan obtener una respuesta apenas tienen otra opción que alzar la voz con más fuerza. Cuando esto ocurre, la empresa no solo se enfrenta, con razón, a una presión más intensa por parte de los medios de comunicación y del público en general, sino que también pierde un tiempo valioso para evitar una posible tragedia de derechos humanos a gran escala.
2. Evaluaciones continuas, no un ejercicio puntual
El entorno operativo de las empresas cambia constantemente debido a las nuevas tensiones sociales, las normativas actualizadas y otros factores. Por consiguiente, una diligencia debida puntual en materia de derechos humanos difícilmente puede ofrecer una visión completa del impacto en los derechos humanos en todos los niveles de la cadena de valor de una empresa. Por ejemplo, una investigación incluye diálogos con todas las partes interesadas, desde los empleados hasta la población local. Estos diálogos aportan información crucial cuando existe confianza mutua entre quien investiga y las partes interesadas. Por ello, los programas empresariales de diligencia debida en materia de derechos humanos deben incluir diálogos periódicos con las partes interesadas para generar la confianza necesaria y lograr que las investigaciones sean eficaces y fiables.
3. Dar prioridad a las violaciones graves de los derechos humanos
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos establecieron tres factores específicos para determinar la gravedad de un problema de derechos humanos e instaron a las empresas a abordar sin demora los abusos más graves. El primer indicador es la magnitud, que busca medir «cuán grave o serio es el impacto». Si al mismo tiempo hay un joven de 15 años trabajando en una tienda familiar y otro de 12 años trabajando en una peligrosa explotación minera, la diligencia debida en materia de derechos humanos debería impulsar a la empresa a abordar inmediatamente el segundo caso y luego resolver también el primero.
El siguiente indicador es el alcance, que mide hasta dónde se extiende el impacto. De acuerdo con las directrices recomendadas por la ONU, las empresas deben dar prioridad a detener los abusos contra los derechos humanos que afectan a una aldea entera de 500 personas, en lugar de pasar por alto el problema a gran escala para centrarse en un solo hogar de dos personas.
Por último, las empresas también deben centrarse en la posibilidad de reparación, que evalúa cuán difícil sería devolver a las personas afectadas a una situación al menos tan buena como la anterior. Los abusos contra los derechos humanos deben considerarse más graves y, por tanto, recibir prioridad cuando causan daños duraderos e incluso irreparables. Por ejemplo, cuando los trabajadores contraen enfermedades incurables, como la neumoconiosis de los mineros del carbón causada por la exposición prolongada al polvo de carbón, la empresa tiene la responsabilidad de abordar el problema con la máxima urgencia.
4. Participación integral de las partes interesadas
Todas las partes interesadas —desde los empleados y los trabajadores de la cadena de suministro hasta la población local y los clientes— son importantes en la diligencia debida en materia de derechos humanos. Aunque las cadenas de suministro también deben prestar atención a los posibles problemas de derechos humanos en su seno, las empresas tienen la responsabilidad de garantizar, mediante programas de diligencia debida, que cada uno de sus proveedores cumpla las normas de derechos humanos. Se debe prestar el mismo nivel de atención a los residentes locales cerca de los centros de producción y a todos los demás grupos vulnerables que a los propios empleados de las empresas.
5. Formación especializada y alianzas con organizaciones pertinentes
Las empresas deben establecer alianzas productivas con expertos en derechos humanos y organizaciones líderes. Es posible que los empleados de las empresas no tengan tanta formación ni familiaridad con las dimensiones de los derechos humanos, y pueden adquirir conocimientos cruciales escuchando y trabajando con expertos en este ámbito. En 2021, PayPal se asoció con la League of United Latin American Citizens y la ADL para combatir el extremismo en su sistema de pagos en línea. La empresa reconoció la necesidad de incorporar conocimientos especializados para combatir el odio ante el aumento de grupos extremistas financiados en línea. Se deben promover estas alianzas con organizaciones de la sociedad civil expertas en derechos humanos, mientras avanzamos hacia un mundo que respete y defienda los derechos humanos de todas las personas.
