Los votantes europeos, al observar la caótica presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y el difícil camino que tiene por delante el Reino Unido tras el Brexit, quizá estén alejándose de populistas de derecha como Marine Le Pen, en Francia, y Geert Wilders, en los Países Bajos. Pero, si los gobiernos europeos quieren mantener a raya a sus propios populistas, tendrán que aplicar las importantes reformas estructurales necesarias para lograr un mayor crecimiento económico a largo plazo.
En su libro de 1991, La macroeconomía del populismo en América Latina, el fallecido Rudiger Dornbusch del MIT y Sebastián Edwards de UCLA formularon la definición estándar del populismo económico. Lo describen como «un enfoque de la economía que hace hincapié en el crecimiento y la redistribución del ingreso, y resta importancia a los riesgos de inflación y financiación del déficit, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos ante políticas agresivas ajenas al mercado».
Según Dornbusch y Edwards, el populismo económico puede surgir cuando los responsables de formular políticas y los ciudadanos «están profundamente insatisfechos con el desempeño de la economía». En respuesta, «[l]os responsables de formular políticas rechazan explícitamente el paradigma conservador e ignoran la existencia de cualquier tipo de restricciones a la política macroeconómica», de modo que «[s]e considera que la capacidad ociosa brinda margen para la expansión». Esto sienta las bases de un programa populista basado en «la reactivación, la redistribución del ingreso y la reestructuración de la economía».
Las políticas económicas populistas que describen Dornbusch y Edwards se parecen sorprendentemente a las políticas económicas de la eurozona desde la crisis financiera de 2008. Según Eurostat, entre 2007 y 2015, la proporción media de deuda pública respecto del PIB en los 19 Estados miembros de la eurozona aumentó del 65% a un 90% casi insostenible; y el crecimiento medio anual del PIB se estancó. En toda la Unión Europea, el crecimiento medio anual del PIB no volvió a su nivel de 2008 hasta 2015.
Las políticas económicas de los gobiernos europeos durante este período desplazaron las reformas estructurales. En una cumbre del G20 celebrada en Washington en noviembre de 2008, las mayores economías del mundo se comprometieron a hacer todo lo necesario para restablecer el crecimiento y estimular la demanda interna mediante medidas de estímulo macroeconómico. Pero, aunque la expansión monetaria y fiscal estaba justificada entonces para frenar el pánico, estas políticas no se han moderado desde entonces.
Los países en crisis del sur de Europa han sido los principales defensores de este enfoque, mientras que Alemania —junto con otros países del norte y el este de Europa— se ha opuesto. Desde 2008, ocho países de la UE han quedado excluidos de los mercados financieros en algún momento y han necesitado asistencia de emergencia del Fondo Monetario Internacional. Y, aun así, muchos economistas siguen pidiendo más estímulos macroeconómicos, aparentemente sin ser conscientes del daño que han causado esas políticas.
Los economistas galardonados con el Nobel Paul Krugman y Joseph E. Stiglitz sostienen que los problemas de Europa se deben a unos estímulos fiscales y monetarios insuficientes, así como a fallas estructurales de la eurozona. Pero pasan por alto la necesidad de reformas que aumenten el potencial de crecimiento de los países europeos. La solución que propusieron se ha aplicado ampliamente en Grecia e Italia y ha fracasado estrepitosamente: la economía de Grecia lleva ya siete años contrayéndose y la de Italia, cinco. Y, aun después de una reducción sustancial de la deuda, al final de 2015 la deuda pública de ambos países seguía representando el 177% y el 132% del PIB, respectivamente.
Los países europeos que crecen de manera sólida son los que han evitado acumular grandes deudas públicas: Polonia, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovaquia. Entre los países de la eurozona afectados por la crisis, Irlanda recortó más que ningún otro el gasto público y la deuda, y desde entonces ha protagonizado la recuperación más sólida.
Esto sugiere que los problemas económicos de Europa no se deben a una demanda insuficiente, sino a mercados que funcionan mal, cargas fiscales excesivas, una regulación excesiva y una educación deficiente. Por tanto, los países europeos deberían centrarse en resolver estos problemas reales, en lugar de crear nuevas trampas de deuda.
De hecho, los países de la UE deberían contener el gasto. El gasto público medio en la UE representa el 47% del PIB, frente a un promedio del 37-38% del PIB en otras economías desarrolladas. Esto refleja el gasto de los países de la UE en subvenciones a las empresas, transferencias sociales y administración pública, partidas que deberían reducirse.
Si los países de la UE contienen el gasto público, podrán reducir los impuestos al trabajo, que actualmente son demasiado elevados. A diferencia del capital, que tributa menos, los trabajadores no pueden simplemente marcharse al extranjero. El resto de la UE debería seguir el ejemplo de varios países de Europa del Este y reducir los impuestos al trabajo hasta igualar la tasa impositiva sobre los beneficios empresariales.
Países como el Reino Unido y Alemania han logrado un bajo desempleo (actualmente de alrededor del 5%) mediante la desregulación de los mercados laborales, la ampliación de la formación profesional y acuerdos salariales razonables. En cambio, los mercados laborales excesivamente regulados de países del sur de Europa como Grecia, Italia y España obstaculizan el empleo y discriminan a los trabajadores jóvenes.
Los países del sur de Europa también están muy rezagados respecto de los del norte en programas de aprendizaje y educación secundaria, lo que sugiere que su desempleo se debe más a la oferta de trabajo que a la demanda. De hecho, Italia y Portugal crecieron lentamente incluso durante el período de 2000 a 2007 previo a la crisis.
Por último, la UE debe optimizar su mercado de servicios y abrir su mercado digital para que ambos funcionen tan bien como su mercado único de bienes. Sus gobiernos deberían preocuparse menos por la regulación y permitir en mayor medida que prosperen la competencia y el emprendimiento —en particular en el caso de empresas pioneras como Uber y Airbnb—, además de impulsar la innovación. Europa continental tiene muy pocas universidades de élite, insuficiente capital de riesgo y demasiadas regulaciones; solo media docena de países invierte lo suficiente en investigación y desarrollo.
En lugar de aplicar políticas estructurales para promover el crecimiento económico, los responsables de formular políticas en Europa están recurriendo al populismo económico: prometen grandes beneficios a bajo costo y ofrecen sistemáticamente lo mínimo. No sorprende que muchos europeos se hayan sentido tentados por figuras políticas ajenas al sistema.
Aun así, no hay por qué desesperar. La media docena de países europeos que están obteniendo buenos resultados pueden servir de modelo a sus vecinos. Si aprenden unos de otros, los europeos pueden librarse del populismo económico y, por tanto, de los populistas políticos, que empeorarían mucho las cosas.
