Ahora que algunas de las mayores economías del mundo son empresas, y no Estados, están claros los beneficios que obtiene la sociedad civil al trabajar más estrechamente con las empresas.
Sin embargo, quizá se entiendan menos los beneficios que obtiene el sector empresarial al defender el espacio cívico: la libertad de la ciudadanía para organizarse, alzar la voz y denunciar las deficiencias de la gobernanza y la corrupción.
La buena noticia es que, al menos en un ámbito, las empresas y la sociedad civil coinciden cada vez más.
Cuando el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraría del Acuerdo de París sobre el cambio climático, algunas de las críticas más contundentes no provinieron de la sociedad civil, sino de líderes empresariales.
Subir la temperatura
El éxito que ha tenido la sociedad civil al colaborar con las empresas en materia de cambio climático demuestra que es posible mejorar la relación entre ambas. El nuevo reto es convencer a las empresas de que actuar en defensa de las libertades civiles es tan importante como actuar frente al cambio climático global.
Mediante iniciativas de accionistas, así como campañas de boicot y desinversión, los activistas por el clima han conseguido que distintas instituciones se comprometan a retirar 5 billones de dólares de la industria de los combustibles fósiles en todo el mundo.
Muchas empresas siguen encontrando puntos en común con la sociedad civil para buscar soluciones respetuosas con el clima. Recientemente, accionistas activistas lograron que Exxon Mobil, la mayor empresa de petróleo y gas del mundo, se comprometiera a divulgar los efectos del cambio climático en sus actividades.
Sin embargo, en materia de derechos humanos, los avances han sido mucho más lentos.
Con demasiada frecuencia, «seguir como siempre» puede derivar en abusos contra los derechos humanos, como el acaparamiento de tierras que afecta a pueblos indígenas, el asesinato de defensores de los derechos humanos o los ataques contra manifestaciones pacíficas.
Además, la evasión fiscal masiva a escala mundial sigue provocando recortes del gasto público e impulsando la desigualdad global. En efecto, la enorme magnitud de la evasión fiscal de las empresas en todo el mundo perpetúa la desigualdad económica, provoca recortes en servicios sociales esenciales e incluso, según indican las pruebas, acaba obstaculizando el crecimiento económico. Ciudadanos por la Justicia Fiscal calculan que las 500 mayores empresas estadounidenses mantienen permanentemente en el extranjero 2,4 billones de dólares en beneficios, con lo que evitan pagar hasta 695.000 millones de dólares en impuestos.
Además, cada año salen ilegalmente de África 50.000 millones de dólares, una cifra muy superior a la entrada de asistencia oficial para el desarrollo; se considera que las empresas desempeñan un papel clave para facilitarlo.
Aunque está claro que unos compromisos más firmes de las empresas con las libertades civiles y los derechos humanos reportarían beneficios evidentes a la sociedad civil, se sabe menos que las empresas también podrían beneficiarse.
De hecho, según el Foro Económico Mundial, el debilitamiento del Estado de derecho y el retroceso de las libertades cívicas constituyen un importante riesgo mundial en 2017.
Pacto Mundial de las Naciones Unidas investigaciones indican que los riesgos sociales pueden añadir, en promedio, un 10 % a los costes operativos de las empresas. La diferencia entre operar en un entorno con poca corrupción y hacerlo en otro con niveles más altos puede equivaler al 20 % de los beneficios. Se calcula que el soborno, frente al cual una sociedad civil empoderada constituye una sólida barrera, representa alrededor de 1 billón de dólares al año.
Los ataques contra las libertades cívicas también pueden costarles caro a las empresas. Según las investigaciones, el coste económico de los cortes de internet, como los que sufrió este año la región anglófona de Camerún, asciende a 2.400 millones de dólares. Esto pone un precio claro al hecho de no defender el espacio cívico.
También están claros los beneficios de apoyar el espacio cívico. El último informe anual de CIVICUS identifica varias áreas de colaboración entre las empresas y la sociedad civil para lograr un cambio social positivo. Destaca la necesidad de que las empresas adopten el principio de «ante todo, no hacer daño» y vayan más allá, demostrando un compromiso activo con la defensa de los derechos.
Nicolas Patrick, del bufete internacional DLA Piper, que forma parte de una red empresarial sobre defensores de los derechos humanos, sostiene que las empresas solo pueden prosperar donde rige un Estado de derecho sólido. Su firma considera que la sociedad civil es un indicador y un facilitador del Estado de derecho. Apoya a organizaciones de la sociedad civil ofreciéndoles asesoramiento estratégico para obtener el registro en jurisdicciones de alto riesgo y prestándoles apoyo en casos de detención arbitraria.
Bill Anderson, del Grupo Adidas, señala la larga trayectoria de su empresa de colaboración con diversos grupos de la sociedad civil para garantizar los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo dentro de las cadenas de suministro globales. Considera que las sociedades abiertas y tolerantes, donde prospera la sociedad civil, también son condiciones previas para el éxito empresarial a largo plazo.
Estas iniciativas muestran cómo, en su mejor versión, el sector privado puede ayudar a abordar los mayores problemas que afrontamos, desde el cambio climático hasta la desigualdad económica y la actual crisis de la democracia.
También existe el temor a una carrera hacia el abismo. A las empresas éticas les resultará difícil mantener su posición cuando compañías sin escrúpulos las desplacen buscando por todo el planeta la mano de obra más barata o los impuestos de sociedades más bajos, y cuando las obligaciones legales y reglamentarias sean escasas o poco exigentes. La incertidumbre en torno al Brexit hace cada vez más probable que esto ocurra en el norte global.
Pero las empresas no son las únicas que deben cambiar su conducta. Para la sociedad civil, esto implica crear vías de diálogo con las empresas para proteger los derechos humanos y el medio ambiente.
Dado que los gobiernos de muchas partes del mundo no cumplen sus compromisos con la ciudadanía, quizá la sociedad civil y las empresas puedan encontrar puntos en común para proteger las libertades fundamentales, que son la mejor garantía de una gobernanza estable y libre de corrupción, así como del Estado de derecho.
