La migración es, en gran medida, un fenómeno urbano. Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018, «casi todas las personas migrantes, ya sean internacionales o internas, tienen como destino las ciudades».
Las ciudades responden de maneras muy distintas a la migración. Muchas la apoyan, fortalecen los derechos de las personas migrantes y se benefician de ella. Sus alcaldes participan con frecuencia en paneles y como ponentes, ensalzando las virtudes de la migración y proclamando con orgullo que su futuro es local. Otras ciudades, sin embargo, buscan restringirla y excluyen activamente a las personas migrantes de la participación social, económica y política.
Este doble papel plantea un desafío para la aplicación de la ambiciosa agenda de las Naciones Unidas, presentada en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. El Pacto Mundial para la Migración, como también se lo conoce, es un acuerdo intergubernamental sobre múltiples dimensiones de la migración internacional; se prevé que la gran mayoría de los Estados miembros de la ONU lo adopte en diciembre de 2018.
En apoyo de la migración, los alcaldes de importantes ciudades de destino para las personas migrantes, como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, se oponen a las políticas nacionales que las tratan injustamente y les niegan derechos y servicios. En enero de 2017, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declaró que «vamos a defender a nuestra gente sin importar de dónde venga ni cuál sea su situación migratoria». Con esta declaración, De Blasio reafirmó la condición de Nueva York como ciudad santuario que protege a sus habitantes más vulnerables.
En otros países, las ciudades siguen un enfoque similar. En 2013, la ciudad canadiense de Toronto se declaró ciudad santuario, lo que inspiró a otras ciudades canadienses a seguir su ejemplo. Ciudades como Barcelona, en España, o Quilicura, en Chile, siguen un enfoque similar, aunque no se denominan ciudades santuario, sino «Ciudad Refugio» y «Comuna de Acogida», respectivamente.
Aunque las ciudades africanas han estado notablemente ausentes de muchos debates mundiales sobre el apoyo a las personas refugiadas o la integración de las personas migrantes, también están empezando a hacerse un lugar. Aunque suelen verse limitadas por autoridades financieras y políticas muy centralizadas, exploran opciones para crear servicios capaces de atender la movilidad en todas sus formas. Arua, en el norte de Uganda, por ejemplo, ha asumido su papel como destino de personas migrantes y refugiadas de Sudán del Sur. Cities Alliance trabaja ahora con «ciudades secundarias» de Asia, África y América Latina para encontrar formas de incentivar respuestas similares.
Estas ciudades asumen la responsabilidad de abordar y reducir las vulnerabilidades asociadas a la migración, uno de los objetivos clave del Pacto Mundial para la Migración. Se comprometen a prestar servicios básicos a las personas migrantes y procuran garantizar que puedan acceder a ellos sin discriminación por motivos de raza, género, religión, origen nacional o social, discapacidad o situación migratoria.
Sin embargo, las ciudades también pueden desempeñar un papel más oscuro en el proceso migratorio. Como conjunto de instituciones estrechamente vinculadas a una base política local, suelen responder más a las actitudes populares que las administraciones nacionales más distantes. Cuando existen organizaciones empresariales, religiosas o cívicas sólidas que apoyan a las personas migrantes, las ciudades pueden acoger la movilidad. Pero no siempre es así. De hecho, algunas ciudades receptoras de personas migrantes adoptan políticas locales restrictivas para repeler a quienes llegan y expulsar a quienes ya viven dentro de sus límites municipales. En 2006, la localidad de Hazelton, Pensilvania, fue pionera —aunque finalmente sin éxito— en este tipo de política local, al dificultar que las personas migrantes en situación irregular alquilaran una vivienda o consiguieran empleo en el municipio. En Canadá, la localidad quebequense de Hérouxville arremetió contra las personas migrantes musulmanas al introducir un «código de conducta» en 2007 que, entre otras medidas, prohibía la lapidación de mujeres. Otras ciudades simplemente acatan de forma pasiva o respaldan las redadas y exclusiones migratorias nacionales.
Las ciudades africanas tampoco están exentas de crear entornos hostiles para las personas migrantes. El alcalde de Johannesburgo, Herman Mashaba, ha sido acusado de emplear tácticas contra las personas migrantes y anunció a principios de este año que cooperará activamente con las autoridades nacionales para llevar a cabo redadas migratorias. En Nairobi, las autoridades han colaborado con la policía nacional para detener a personas refugiadas somalíes, mientras hacen la vista gorda ante otros grupos de personas migrantes internacionales que viven en la ciudad. Otras autoridades municipales o submunicipales de toda África también han actuado activamente, y a veces con violencia, para excluir a quienes vienen de fuera. A veces se trata de personas refugiadas y migrantes internacionales. Otras veces, son personas migrantes de otras regiones de sus propios países.
De hecho, estas ciudades aumentan los riesgos y las vulnerabilidades que afrontan las personas migrantes, contrarrestando los objetivos del Pacto Mundial para la Migración.
Las ciudades de todo el mundo afrontan situaciones diversas como destinos migratorios, centros de tránsito o lugares de partida; tienen historias distintas y se encuentran en contextos geopolíticos diferentes; algunas son más ricas y otras más pobres; y las ciudades de distintos países gozan de distintos niveles de autonomía respecto de los gobiernos nacionales y regionales.
Sin embargo, está claro que la aplicación satisfactoria del Pacto Mundial para la Migración requiere la cooperación de las ciudades.
Las ciudades que carecen de una base local sólida favorable a la migración necesitarán incentivos para incluir a las personas migrantes. Estos podrían consistir en apoyo financiero y acceso a recursos y programas de organismos nacionales e internacionales. Ampliar la autoridad local y la participación puede, paradójicamente, dificultar que las autoridades locales defiendan a personas refugiadas y migrantes impopulares. La fijación de normas mundiales puede ayudar a contrarrestar estas medidas, pero quienes abogan por ellas y las autoridades también deben actuar con más discreción, integrando discretamente a las personas refugiadas y migrantes en sus programas de distintos sectores. De hecho, la política migratoria en sí probablemente ofrezca pocas protecciones si las políticas locales de vivienda, empleo, educación, comercio, intercambio comercial y planificación no tienen en cuenta la movilidad.
En fecha tan reciente como 2015, William Lacy Swing, director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lamentó durante la Conferencia sobre Migrantes y Ciudades que «hasta ahora, las autoridades municipales y locales no han tenido una voz destacada en los debates mundiales sobre movilidad humana». Esta situación está cambiando. Las ciudades hacen oír cada vez más su voz y reconocen que son socios clave para abordar los desafíos de la migración.
