Las formas de desigualdad que se superponen contribuyen a la victimización violenta en las ciudades, desde la desigualdad de la riqueza hasta las oportunidades educativas y los derechos de propiedad;
En prácticamente todas las ciudades, la gran mayoría de los delitos violentos se concentra en apenas unos pocos barrios;
Para revertir la desigualdad y hacer que las ciudades sean más seguras, los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil deben empezar por intervenir en los focos de delincuencia, especialmente en las zonas desfavorecidas.
La violencia urbana es previsible: se concentra en lugares concretos, entre determinadas personas y en momentos muy específicos. Esto significa que es hiperlocal y se concentra en barrios considerados «focos de delincuencia» y manzanas.
La desigualdad, ya sea en términos de ingresos, riqueza o bienestar y dotaciones, es un factor determinante de todo, desde la cohesión social y la movilidad social hasta la esperanza de vida. La reducción de la desigualdad y de la desventaja concentrada en las ciudades y los barrios violentos es, por tanto, una de las formas más eficaces de reducir la violencia.
El lugar donde una persona nace y vive guarda relación con sus oportunidades generales en la vida. Como es lógico, quienes viven en entornos caracterizados por altos niveles de desigualdad económica y social suelen estar más expuestos a la violencia y a la victimización que quienes viven en otros lugares. En los barrios con mayores niveles de desigualdad de ingresos y desventaja concentrada hay más desconfianza, desorganización social y delitos violentos. No abordar adecuadamente estos problemas reduce drásticamente la igualdad de oportunidades y de resultados entre generaciones, y perpetúa la violencia.
Las formas múltiples y superpuestas de desigualdad contribuyen a la victimización violenta en las ciudades. Por ejemplo, las personas de los quintiles más bajos de ingresos y riqueza tienen más probabilidades de ser víctimas que las de los tramos de ingresos más altos. En México, pese al descenso nacional de la pobreza y la desigualdad de ingresos, los municipios que registran una mayor desigualdad económica informan de niveles más altos de delitos violentos. Los barrios más afectados suelen tener poca vigilancia natural, desventajas residenciales (ingresos bajos, desempleo elevado, bajo nivel educativo) e inestabilidad vecinal (alta movilidad y muchos hogares monoparentales).
Del mismo modo, las desigualdades raciales y de género no solo perpetúan la desigualdad económica, sino que también están vinculadas a una mayor exposición a la violencia. La participación en la fuerza laboral, los logros educativos, la salud reproductiva y la representación política están todos estrechamente relacionados con mayores niveles de seguridad.
En prácticamente todas las ciudades, la gran mayoría de los delitos violentos se concentra en apenas unos pocos barrios. En algunas zonas de una ciudad puede haber casi ningún delito violento, mientras que en otras la cifra puede ser un orden de magnitud mayor. Un estudio de cinco países latinoamericanos determinó que el 50 % de todos los delitos se cometía en apenas entre el 3 y el 8 % de los tramos de calle. En Bogotá, por ejemplo, más del 98 % de todos los homicidios ocurre en menos del 2 % de sus tramos de calle.
Las relaciones entre las comunidades desfavorecidas y los gobiernos locales —en particular, las fuerzas del orden— suelen ser tensas. Cuando la policía emplea fuerza excesiva, la confianza puede mermar aún más. Además, cuando los residentes locales abandonan los barrios afectados por la violencia, esto puede agravar la segregación socioespacial, debilitar la eficacia social e intensificar la inseguridad en las comunidades que dejan atrás. Mientras tanto, los barrios con mayor desigualdad de ingresos y desventaja más concentrada registran niveles más altos de delitos violentos. Con frecuencia, los efectos indirectos se extienden desde los barrios desiguales y violentos hasta otros que, en apariencia, son más estables.
Afortunadamente, cada vez más ciudades de todo el mundo están dando prioridad a la prevención del delito y la reducción de la violencia. Esto es más radical de lo que parece, ya que muchos gobiernos locales temen, comprensiblemente, reconocer estos desafíos por miedo a que afecten negativamente a la inversión local y extranjera, al turismo y a la legitimidad ante los votantes. Ciudades como Medellín y São Paulo hasta Nueva York y Oakland han logrado mejoras drásticas en la seguridad pública durante las últimas dos décadas. Asimismo, redes mundiales como el Parlamento Global de Alcaldes y Paz en Nuestras Ciudades han alentado a sus miembros a reducir drásticamente la violencia —a la mitad— para 2030.
Lecciones para reducir la violencia
1. La mejora urbana integrada debe centrarse en los focos de delincuencia: con demasiada frecuencia, las autoridades municipales ignoran las zonas más pobres o intentan contenerlas mediante la policía, en lugar de dar prioridad a la inversión en los barrios afectados y abordar los factores que determinan la violencia delictiva. Las zonas de mayor riesgo suelen carecer de infraestructura y servicios básicos, y tener una conexión espacial y digital deficiente con el empleo formal. Los residentes locales a menudo sufren inseguridad en la tenencia de tierras y propiedades y carecen de la educación y las habilidades para la vida necesarias para acceder a oportunidades laborales. La ausencia del Estado y el quebrantamiento del contrato social pueden agravar la violencia y dejar atrapados en el lugar a los residentes pobres y marginados.
En cambio, los gobiernos municipales, el sector empresarial y los líderes cívicos deben dar prioridad a la reducción de la violencia. Se requiere un enfoque integrado para abordar la exclusión espacial, económica y social. Esto incluye una mejora urbana integral para abordar los problemas que afronta la población local.
2. Las mejoras en el diseño ambiental y una actuación policial inteligente se correlacionan estrechamente con la reducción de la violencia urbana. Por ejemplo, se atribuye a la iluminación vial con postes altos la reducción de los delitos y la violencia en asentamientos informales de Nairobi, así como un aumento de la actividad económica, ya que los comercios permanecen abiertos hasta más tarde. También son importantes el diseño de espacios públicos seguros y accesibles para los distintos miembros de la comunidad, el despliegue inteligente de la policía y los recursos en zonas difíciles, y el fortalecimiento de la participación comunitaria. La actuación policial orientada a resolver problemas ha demostrado ser eficaz.
3. Es esencial fortalecer la participación comunitaria y la eficacia colectiva. Empoderar a los residentes de los barrios para que intervengan en favor del bien común es fundamental para reducir los delitos violentos. Esto implica fomentar la cohesión social, incluida la confianza entre residentes y una reciprocidad positiva con el gobierno. La investigación pionera de Sharkey en ciudades estadounidenses subraya el valor de trabajar con jóvenes para ayudarles a evitar enfrentamientos violentos e invertir en conductas prosociales positivas y en métodos para evitar a compañeros delincuentes.
4. Mejorar el acceso al empleo y a las habilidades para la vida debe ser una prioridad. La creación de vías de acceso a empleos dignos para los jóvenes de barrios con altos niveles de violencia es eficaz para reducir la delincuencia y el crimen. También hacen falta estrategias que apoyen el acceso al empleo y el desarrollo de habilidades para la vida para determinados jóvenes varones en situación de riesgo (y sus padres). El objetivo es ofrecer a los jóvenes en situación de riesgo oportunidades y perspectivas que les abran caminos para alejarse de la violencia.
En última instancia, el crimen y la violencia urbanos tienen costes económicos de gran alcance. Según el histórico informe Caminos hacia la paz la violencia contribuye a una pérdida del 2-8 % del crecimiento del PIB en todo el mundo cada año. Además de salvar millones de vidas, prevenirla podría generar hasta 70.000 millones de dólares al año a escala mundial. Por ejemplo, un estudio de ciudades estadounidenses determinó que una reducción del 25 % de la violencia homicida podría traducirse en un aumento del 2,1 % en los precios de la vivienda al año siguiente. Esto equivale a ganancias de entre 1.500 millones de dólares en Jacksonville y 11.000 millones de dólares en Boston. Abordar la desigualdad —de ingresos, de acceso a oportunidades y de capital humano— no solo tiene sentido moral y ético, sino también económico.
Para revertir la desigualdad y reducir la delincuencia en las ciudades, los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil deben empezar por intervenir en los focos de delincuencia, especialmente en las zonas desfavorecidas. Son fundamentales las intervenciones integrales que combinen infraestructura más inteligente, actuación policial basada en datos y prestación específica de servicios con mejoras en el diseño ambiental y mayor seguridad en la tenencia de propiedades. También son vitales los programas que empoderan e involucran a las comunidades y mejoran su acceso a habilidades para la vida y oportunidades económicas. Cuando se aplican estas políticas, pueden dar resultados rápidos y duraderos. Reducir la desigualdad es un anticipo de la reducción de la violencia a largo plazo.
Robert Muggah publicará un nuevo libro, Terra Incognita, junto con su coautor Ian Goldin. El libro explora megatendencias, entre ellas la desigualdad y la violencia, y Penguin/Random House lo publicará a finales de este año
