La movilidad compartida —como los servicios de viajes compartidos y los patinetes eléctricos— podría ser una herramienta clave para avanzar hacia las cero emisiones netas en nuestras ciudades.
Sin embargo, las actitudes y los enfoques obsoletos o regresivos hacia el sector de la movilidad urbana restringen con demasiada frecuencia su crecimiento, e incluso pueden poner en peligro la seguridad y frenar la descarbonización.
Tres expertos del sector compartieron con el Foro los cambios que impulsarían la movilidad en ciudades de todo el mundo.
Más de la mitad de la población mundial —4.400 millones de personas— vive en ciudades. Pero, para 2050, se prevé que esa cifra casi se duplique.
Este crecimiento convierte a las ciudades en un escenario clave de la lucha mundial contra el cambio climático, ya que representan el 70 % de las emisiones mundiales de CO2. Estas emisiones se deben, en parte, a los automóviles. Y aunque el auge de las opciones de movilidad compartida —desde los viajes compartidos y los servicios de transporte a demanda hasta el alquiler de patinetes y bicicletas eléctricos— podría ayudar a reducir drásticamente las emisiones, en algunos casos las normativas obsoletas frenan el desarrollo de nuevos tipos de transporte respetuosos con el clima.
En otros casos, un entorno normativo poco receptivo o rígido puede frenar la innovación. Algunas ciudades, que no saben cómo gestionar nuevas modalidades de movilidad, como la micromovilidad (por ejemplo, los patinetes o las bicicletas eléctricos), no están actualizando sus políticas y normativas para adaptarse a la adopción de estas modalidades. Esto puede obstaculizar el crecimiento y la innovación de los proveedores de servicios y, por tanto, la adopción de la movilidad compartida por parte de la ciudadanía.
Recientemente, tres expertos del sector de la movilidad hablaron con el Foro Económico Mundial y explicaron cómo los cambios normativos podrían contribuir a la lucha contra el cambio climático, al tiempo que mejoran la seguridad y la eficiencia de nuestras calles.
Repensar el espacio junto al bordillo
El desafío: En muchas ciudades, el estacionamiento en la vía pública tiene precios demasiado bajos o hay un exceso de estacionamientos fuera de la vía pública. En promedio, el estacionamiento ocupa alrededor de un tercio del suelo urbano y hay aproximadamente ocho plazas por cada automóvil.Los espacios optimizados para automóviles reducen la capacidad de las ciudades para dar cabida a otros tipos de transporte o a soluciones como estaciones de bicicletas o patinetes compartidos y puntos de recarga para vehículos, afirma Shin-pei Tsay, directora global de Políticas de Ciudades y Transporte de Uber Technologies.
La solución: Las ciudades deben maximizar el «rendimiento junto al bordillo», afirma Tsay. «Una posible solución es adoptar una política de balance neto cero del espacio vial: por cada plaza de estacionamiento adicional que se construya, hay que eliminar otra. Esto ya se hace en Suiza como parte del plan de acción climática».
«Las autoridades incluso podrían eliminar por completo la obligación de construir plazas de estacionamiento. Esto se ha probado en Buffalo, Nueva York, donde el gobierno abolió toda normativa de estacionamiento para los promotores inmobiliarios. Estos construyeron un 25 % menos de plazas».
Además, los líderes municipales deberían tener en cuenta la «productividad del espacio junto al bordillo» y la diversidad, afirma Tsay. Los bordillos deberían estar llenos de actividad: desde peatones hasta personas que cargan mercancías urbanas o estacionan bicicletas.
«Reducir el estacionamiento mejoraría la experiencia humana en las ciudades», afirma Tsay. «Mejoraría la capacidad de las ciudades para ser más compactas y usar los recursos con mayor eficiencia».
«En última instancia, todo esto contribuye a reducir las emisiones de carbono y forma parte de la descarbonización».
Revertir la fragmentación normativa
El desafío: La adopción de patinetes eléctricos está creciendo en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, el número de estaciones de estacionamiento para patinetes eléctricos aumentó un 122 % entre 2018 y 2022. Pese a este crecimiento, en la mayoría de los países los patinetes eléctricos todavía carecen de estatus legal. Su situación está fragmentada y varía mucho de un mercado a otro. El estatus legal puede determinar varios aspectos, desde las normas de circulación aplicables a quienes usan patinetes eléctricos hasta los trámites administrativos necesarios para entrar en un mercado, afirma Pauline Aymonier, directora de Políticas de Tecnología y Medio Ambiente de TIER Mobility. «Esto influye mucho en cómo las empresas de micromovilidad pueden ofrecer sus servicios y en cómo la ciudadanía puede utilizarlos. También limita el crecimiento general de las opciones de movilidad urbana sostenible y obstaculiza la innovación tecnológica».
La solución: «Debemos definir el estatus legal de los patinetes eléctricos», afirma Aymonier, así como los aspectos jurídicos relacionados con ellos. Esto es especialmente importante en materia de seguridad. La coalición sectorial Micro-Mobility for Europe, de la que TIER es miembro, recomienda que quienes usan patinetes eléctricos sean considerados usuarios vulnerables de la vía pública, al igual que ciclistas y peatones, y propone normas para toda la UE sobre la notificación de incidentes de seguridad. Ambas medidas serían posibles mediante una acción a escala de la Unión.
Tanto si los patinetes eléctricos se consideran bicicletas como si se clasifican como algo completamente nuevo, la prioridad es ofrecer «seguridad jurídica a las ciudades y a los usuarios», afirma Aymonier. Esto determinaría, por ejemplo, por dónde deben circular, si necesitan seguro y qué tipo de equipo de protección se recomienda.
Aymonier afirmó que «todavía queda mucho por debatir» para establecer exactamente cómo categorizar los patinetes eléctricos, pero que la solución debe aplicarse en toda la UE. Por ejemplo, una gran ciudad de Bélgica está esperando a que la UE defina su estatus legal antes de permitir que circulen en la ciudad, afirmó Aymonier.
En los mercados donde ya existe un estatus legal, «la siguiente etapa es armonizar las normas para facilitar las operaciones a las ciudades, la ciudadanía y los operadores».
La Comisión Europea está revisando ahora su legislación sobre vehículos con vistas a actualizarla. Esto ofrece una oportunidad clave para consultar a los proveedores, algo que ya ha empezado a hacer y establecer las mejores prácticas a escala mundial para regular la micromovilidad.
Nuevas palancas para avanzar en la movilidad urbana
El desafío: La rápida aparición de nuevas opciones de movilidad no ha dado a muchas ciudades la oportunidad de actualizar sus enfoques al respecto. Al fin y al cabo, la movilidad no consiste solo en trasladar a los residentes de un lugar a otro. Los operadores de movilidad pueden ayudar a las ciudades a alcanzar objetivos más amplios, como la seguridad, la inclusión, la reducción de emisiones y las prácticas empresariales responsables.
Las ciudades que recurren a prácticas tradicionales, como la participación en los ingresos, podrían desalentar la adopción de nuevas modalidades más inclusivas o respetuosas con el clima. También pueden dificultar que las empresas emergentes se expandan a nuevas ciudades. «Si la tasa es demasiado alta», afirma Benjamin Bell, director sénior de Políticas Públicas y Comunicaciones de TIER Mobility, «los operadores podrían tener que tomar decisiones difíciles sobre si permanecer en un mercado».
Un cambio de enfoque puede ayudar a los líderes a dar prioridad a lo que más importa, señala Bell: «A saber, quién puede ofrecer los resultados más seguros y qué servicio es el más sostenible».
La solución: Se pueden diseñar incentivos para ampliar los avances hacia los objetivos climáticos y otras prioridades urgentes. Además, si una ciudad decide cobrar por prestar un servicio, en lugar de quedarse con una parte de los ingresos del proveedor, las autoridades podrían considerar una tarifa nominal por vehículo, afirma Bell. Esta se ajusta de forma natural al tamaño de la flota y permite a las ciudades cubrir los costes administrativos adicionales sin perjudicar la competitividad, poner en riesgo la seguridad ni frenar la transición hacia las cero emisiones netas.
Perspectivas de futuro
Los líderes municipales de todo el mundo trabajan con diversos grupos de interés para garantizar que las opciones de movilidad ayuden a abordar grandes objetivos. Por ejemplo, durante el último año, la Global New Mobility Coalition del Foro Económico Mundial ha colaborado con operadores de movilidad, ciudades y grupos de la sociedad civil para elaborar la Herramienta de evaluación comparativa de la movilidad urbana.
La herramienta ofrece a las ciudades una evaluación comparativa de sus avances hacia una movilidad sostenible e inclusiva. La movilidad compartida es un componente fundamental de la Herramienta de evaluación comparativa de la movilidad urbana, que incluye diversas preguntas sobre cómo abordan las ciudades cuestiones como la asignación del espacio, la regulación y la innovación para impulsar el crecimiento de la movilidad compartida. Con esta herramienta, las ciudades pueden identificar medidas para promover la movilidad sostenible y conectar con el sector privado y la sociedad civil para debatir nuevas soluciones que permitan crear ciudades más sostenibles.
Este tipo de trabajo será clave para ayudar a las ciudades a diseñar las soluciones que mejor funcionen para sus habitantes y para el planeta.
