Ante el desequilibrio actual entre la financiación de los gobiernos nacionales y la creciente demanda de modernizar servicios públicos básicos como el agua, la energía y el transporte, las principales ciudades del mundo afrontan más que nunca el reto de buscar soluciones creativas para financiar las infraestructuras.
La participación del sector privado es una estrategia clave, que se materializa en el uso de asociaciones público-privadas (APP) en muchos países del mundo. Además de ser una importante fuente de nuevo capital para los gobiernos locales, la inversión privada mediante las APP fomenta la rendición de cuentas en la prestación de servicios públicos esenciales, permite aprovechar mejor los fondos fiscales y ayuda a las ciudades a ejecutar proyectos con mayor rapidez y a menor coste.
En el informe de AECOM, El futuro de la infraestructura (2018), que encuestó a más de 500 responsables de la toma de decisiones sobre infraestructuras de todo el mundo, la mayoría coincidió en que los modelos de financiación innovadores, como las APP, son muy eficaces para mitigar el déficit de financiación de las infraestructuras. Aunque las APP existen desde hace décadas, las ciudades están ampliando sus alianzas con el sector privado e incluso vinculando el rendimiento financiero a resultados ambientales y sociales.
Estas son tres iniciativas que conviene seguir:
Alianzas innovadoras
En el condado de Los Ángeles —el más poblado de Estados Unidos, con más de 10 millones de habitantes—, los votantes aprobaron por abrumadora mayoría una medida electoral para recaudar 120.000 millones de dólares con los que financiar mejoras en las infraestructuras de transporte, como proyectos ferroviarios de mayor envergadura, mejores autobuses y autopistas mejoradas. Para sacar más partido a esos fondos, Metro, la autoridad de transporte del condado, abre la puerta a la innovación con una política que permite al sector privado presentar propuestas espontáneas: ideas que podrían ofrecer una mejor manera de diseñar, financiar, construir o prestar los servicios de transporte de la agencia.
Es un modelo que puede funcionar. La ciudad de Denver terminó hace poco el mayor proyecto de APP orientado al transporte público de Estados Unidos: una línea de tren ligero de 1.600 millones de dólares, financiada con ingresos del impuesto sobre las ventas y subvenciones federales, y que logró ahorrar casi 300 millones de dólares gracias a la innovación del sector privado. La ciudad espera ampliar el modelo a la renovación del Aeropuerto Internacional de Denver, por valor de 1.800 millones de dólares, y replantear su National Western Centre.
Captura de valor
Aunque la captura de valor se ha utilizado en América del Norte y Europa, es relativamente nueva en otras partes del mundo, como Australia. Sin embargo, recientemente también se ha considerado allí como una alternativa de financiación, sobre todo mientras el Gobierno de Malcolm Turnbull se compromete a invertir una cifra récord de 75.000 millones de dólares en infraestructuras durante los próximos 10 años.
La captura de valor consiste en identificar y recaudar el aumento del valor de las propiedades o los terrenos cercanos a servicios de infraestructura, como los centros de transporte. Permite aprovechar la revalorización futura de los terrenos para pagar infraestructuras que, de otro modo, no podrían financiarse mediante la emisión tradicional de bonos. Un ejemplo exitoso que suele citarse es el del Reino Unido, donde el proyecto Crossrail, de 29.600 millones de dólares, recurrió a la captura de valor entre posibles beneficiarios, como empleadores locales y propietarios de inmuebles comerciales, para financiar 7.600 millones de dólares, o el 26 % del coste total.
Bonos de impacto ambiental
En el último año ha surgido un nuevo instrumento financiero que permite a los inversores del sector privado financiar proyectos cuyas recompensas están vinculadas a resultados sociales o ambientales medibles. Los bonos de impacto ambiental, o BIA, se enmarcan en la amplia categoría de los bonos verdes y reconocen el valor de integrar la sostenibilidad y la resiliencia en los activos de infraestructura. Los BIA se distinguen por su modelo de «pago por resultados», en el que un contrato entre una entidad pública y el sector privado determina los pagos en función de los resultados medidos.
DC Water, la empresa de servicios de agua y saneamiento de Washington, D. C., y Goldman Sachs fueron pioneros en el primer BIA de Estados Unidos, a finales de 2016, para financiar la construcción de infraestructura verde destinada a gestionar la escorrentía de aguas pluviales y mejorar su calidad. En este BIA, DC Water paga los costes de construcción de la infraestructura verde, pero los riesgos de desempeño relacionados con la gestión de la escorrentía de aguas pluviales se comparten entre DC Water y los inversores.
La Fundación Rockefeller, una organización privada centrada en fortalecer la resiliencia y promover economías más inclusivas, respalda los primeros BIA ofrecidos públicamente para dos ciudades a finales de 2018. La Fundación busca ciudades, municipios o agencias gubernamentales interesados en utilizar financiación innovadora para poner a prueba proyectos de infraestructura resiliente o sostenible.
Aunque las ciudades deben estirar constantemente sus recursos para ofrecer infraestructuras de forma más rápida, eficaz e inteligente, los gobiernos estatales y federales tienen un papel claro en el apoyo a estos objetivos locales.
A nivel estatal en Estados Unidos, California creó recientemente un modelo de Distrito de financiación de infraestructura mejorada (EIFD, por sus siglas en inglés), que otorga a sus ciudades mayores facultades tributarias para apoyar el desarrollo de infraestructuras. Gracias a esta nueva autoridad tributaria estatal, la ciudad de West Sacramento trabaja actualmente con la ciudad de Sacramento para construir el puente de Broadway, que conectaría ambas ciudades y podría impulsar el desarrollo económico. Un EIFD emitirá bonos respaldados por ingresos derivados del incremento de los impuestos para ayudar a pagar su construcción.
A nivel nacional, el Gobierno de Canadá ha creado recientemente un Banco de Infraestructura de 35.000 millones de dólares canadienses para ayudar a las ciudades a desarrollar modelos de financiación y preparar proyectos para la inversión privada. El Gobierno respaldará los proyectos que quizá no puedan financiarse, aportando fondos adicionales y adquiriendo una participación para reducir el riesgo de los inversores privados.
El camino por delante
No existe una solución mágica para las ciudades que afrontan demandas extraordinarias de infraestructura. Mantener el ritmo de los cambios tecnológicos, las transformaciones ambientales y demográficas y el envejecimiento de los activos exige un compromiso importante con la financiación de nuevas construcciones. Las ciudades deben ampliar sus opciones o reescribir las reglas para crear fuentes de financiación específicas y atraer inversión privada que impulse la innovación y el ahorro de costes, al tiempo que acceden al apoyo estatal y federal.
