Invertir en ciudades eficientes se reconoce cada vez más como un elemento fundamental para la recuperación económica y el crecimiento de los países en desarrollo.
Sin embargo, las nuevas infraestructuras suelen construirse sobre asentamientos informales, lo que genera la necesidad de proteger frente a los problemas ambientales, sociales y de medios de vida.
Mediante la construcción de la confianza y de alianzas entre los gobiernos nacionales y locales y las comunidades afectadas, podemos encontrar soluciones sostenibles.
Los gobiernos han comenzado a invertir en los grandes proyectos de infraestructura necesarios para revertir las deseconomías y la congestión que caracterizan a muchas ciudades africanas y asiáticas, reconociendo que las ciudades eficientes y productivas son fundamentales para el crecimiento económico.
Se necesita suelo para construir la infraestructura, pero una planificación urbana débil y prolongada en el tiempo hace que solo haya poco suelo disponible que no esté ocupado por asentamientos humanos no planificados o por medios de vida.
En efecto, las ciudades deben superponer nuevas infraestructuras sobre suelo ya ocupado. Si bien esto genera un conjunto de situaciones ambientales, sociales y de medios de vida complejas que deben protegerse, también brinda la oportunidad de iniciar los debates sobre cómo “desenredar la madeja” y profundizar en el proceso de formalización de la ciudad.
Las instituciones financieras de desarrollo internacionales cuentan con salvaguardas en materia de reasentamiento, medio ambiente, medios de vida y aspectos sociales. El objetivo es proteger contra el abuso de los derechos humanos, la pérdida de medios de vida y la destrucción del medio ambiente, garantizando que nadie quede en peor situación a causa de las nuevas infraestructuras propuestas.
Antes de la construcción se exige una evaluación detallada del impacto ambiental y social (EIAS), con medidas de mitigación diseñadas para garantizar que el proyecto se ejecute en el marco de las salvaguardas del financiador.
Muchos gobiernos prestatarios no ven con buenos ojos estas salvaguardas adicionales, ya que son más exigentes y costosas que las políticas nacionales de dominio eminente, que facultan a los gobiernos para expropiar propiedades privadas para uso público, con pagos de compensación. Muchos gobiernos buscan financiación para el desarrollo que no esté sujeta a salvaguardas adicionales que vayan más allá de la política nacional de dominio eminente y del reasentamiento forzoso.
Durante décadas, las autoridades han recurrido simplemente a la fuerza, amparadas en la oscuridad, para demoler viviendas informales y reubicar a los hogares. Cabe decir que los gobiernos han demolido más viviendas de las que jamás han construido.
Julian Baskin.
Hoy en día, aunque los reasentamientos forzosos siguen ocurriendo, las comunidades de asentamientos informales están mejor organizadas en federaciones de asentamientos, de ciudades y nacionales para resistir. En parte gracias a la movilización social y a las campañas en redes sociales, los gobiernos nacionales se han tomado la protección en esta materia más en serio en los últimos años.
Aunque las instituciones financieras de desarrollo internacionales cuentan con el conjunto completo de salvaguardas, el mayor desafío es que pocos países tienen las capacidades institucionales necesarias para aplicarlas allí donde más las necesitan las poblaciones urbanas pobres.
La mayoría de los hogares afectados en el mundo en desarrollo tienen derechos de tenencia de la tierra débiles, viven en viviendas precarias y rara vez tienen registros fiscales, ya que trabajan en la economía informal. Marginadas por las autoridades gubernamentales nacionales y locales, las comunidades informales entienden que la infraestructura propuesta no es para ellas y que simplemente se verán obligadas a reubicarse en un lugar aún más precario, con muy poca compensación.
¿Qué está haciendo el Foro Económico Mundial en materia de infraestructuras?
Parte del problema es una historia de desconfianza entre los hogares que viven y trabajan en condiciones de informalidad y las autoridades gubernamentales nacionales y locales. Esta desconfianza se deriva de la marginación sistémica de estas comunidades, que incluye amenazas constantes de demolición y detención.
La otra parte del problema es un sistema de planificación y administración de tierras que no puede poner suelo a disposición al ritmo en que crece la ciudad y que no vincula el suelo a un plan maestro inclusivo para la ciudad en el que se delimiten las servidumbres de las futuras inversiones en infraestructuras.
Crear alianzas para resolver los problemas de las comunidades
¿Cómo podemos garantizar que nadie quede en peor situación por una infraestructura tan necesaria?
Una vía hacia el éxito es construir confianza y alianzas entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y las comunidades, mediante el establecimiento de estructuras de diálogo a nivel de asentamiento, ciudad y nación.
En Kampala, por ejemplo, Cities Alliance y sus socios (AVSI, SDI, UNOPS) apoyan a la Autoridad Nacional de Carreteras de Uganda en la aplicación de salvaguardas para la construcción de la autopista Kampala-Jinja (KJE). Este importante proyecto de infraestructura desarrollará una arteria de peaje de acceso limitado en la región central y oriental de Uganda, que conectará al país con sus vecinos de África Oriental. Si bien la construcción de la KJE aportará enormes beneficios a largo plazo para la región, también existen riesgos asociados, ya que la carretera atravesará algunos de los asentamientos informales más poblados de Kampala.
A través de los “foros de asentamiento”, las comunidades locales se reúnen para debatir y acordar los asuntos apremiantes que deben plantearse a las autoridades, las estrategias de la comunidad para abordarlos y las alianzas que buscan. Trabajando con socios para el desarrollo, este proceso ha apoyado a los gobiernos nacionales y locales a identificar terrenos alternativos viables que permitan un reasentamiento planificado, con una tenencia reforzada y opciones de prestación de servicios mejoradas a largo plazo.
Los foros permiten un diálogo sostenido entre los residentes afectados y las partes interesadas del proyecto, garantizando que se planteen las preocupaciones locales y que se negocien soluciones viables para mitigar eficazmente los impactos negativos del reasentamiento, la necesidad de preservar los medios de vida y proteger los ecosistemas naturales.
La inversión en infraestructuras que atraviesan comunidades asentadas es inevitable y algo positivo. En principio, las salvaguardas pueden garantizar la protección de un amplio abanico de intereses, asegurando así que nadie quede en peor situación. Lo que se necesita es capacidad específica para garantizar que las salvaguardas estén bien diseñadas y respondan a los desafíos reales a los que se enfrentan las comunidades.
El informe “¿Nadie en peor situación? El papel de las salvaguardas ambientales y sociales para proyectos de infraestructura resilientes en las ciudades”, una coedición entre Cities Alliance, la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), se publica el 21 de septiembre de 2021. Regístrese aquí para participar en el evento en línea
