Los últimos dos años han sido una montaña rusa para Maurice Cushinberry: primero vivió en la calle, sufrió problemas de consumo de sustancias y tuvo problemas legales; después, alcanzó una estabilidad repentina.
Aunque durante ese tiempo había intentado encontrar un hogar, el papeleo y el proceso lo desanimaron. Pero poco después de la Semana Santa del año pasado, una trabajadora social se puso en contacto con él y le dijo que había sido seleccionado para participar en un nuevo programa de vivienda.
«En dos semanas ya tenía un lugar donde quedarme», contó Cushinberry a la Thomson Reuters Foundation desde Denver. «Primero me dieron una vivienda y luego intentamos resolver todos los demás problemas de mi vida».
El programa es una de un número creciente de iniciativas en todo el mundo que reúnen a departamentos gubernamentales, proveedores de servicios, fundaciones, bancos, fondos de pensiones y otros actores para abordar problemas sociales complejos.
La principal innovación radica en cómo se financian estos programas.
En lugar de depender de las ayudas de gobiernos con recursos limitados, los inversores privados aportan fondos mediante un instrumento de financiación conocido como bono de impacto social.
Los inversores —en su mayoría organizaciones filantrópicas y emprendedores— aportan capital por adelantado para prestar servicios sociales y solo obtienen un rendimiento si el programa alcanza los resultados predefinidos.
Este enfoque, también conocido como «pago por resultados», parte de una serie sencilla de preguntas: ¿cómo pueden los servicios públicos asegurarse de lograr lo que se proponen y demostrar que son eficaces para atraer más inversión?
Impacto mundial
Desde 2010, la idea ha empezado a ganar terreno en todo el mundo. Esta semana, la Social Finance Global Network anunció que ya existen 108 bonos de impacto social en 24 países.
«Dado lo complejo que es y que involucra a tantos sectores, al reunir a estos socios poco habituales en torno a un objetivo común, nunca habría imaginado que pasaría tan rápido del concepto a la realidad», dijo Tracy Palandjian, cofundadora de la filial estadounidense de Social Finance, pionera en este ámbito con sede en Londres.
Social Finance UK encabezó el primer bono de impacto social del mundo en 2010, al recaudar 5 millones de libras (7 millones de dólares) para un programa destinado a reducir la reincidencia entre antiguos reclusos de la prisión de Peterborough, en Inglaterra.
Desde entonces se han puesto en marcha en todo el mundo decenas de iniciativas de este tipo para abordar cuestiones como la vivienda y la atención sanitaria para personas de bajos ingresos. Según Social Finance, han recaudado casi 400 millones de dólares y beneficiado a más de 700.000 personas.
Social Finance afirmó que, de los 27 bonos de impacto social que se han completado, 10 tuvieron suficiente éxito como para recuperar la inversión íntegra.
El año pasado se lanzaron 32 nuevos proyectos en nueve países, y durante el último mes se han anunciado otros.
Romper el ciclo
Aunque muchos bonos de impacto social han surgido a nivel nacional y estatal, el sinhogarismo suele ser un problema que las ciudades abordan directamente.
A escala mundial, la vivienda es el tercer ámbito más importante para los bonos de impacto social, según una base de datos de Social Finance.
«Lo interesante de las ciudades es que son mucho más ágiles a la hora de tomar decisiones. Se centran en mejorar sus comunidades con sus propios presupuestos», dijo Ronald Cohen, presidente de un grupo directivo mundial sobre inversión de impacto social y destacado promotor de estos bonos.
Cohen señaló que los problemas sociales suelen ser más manejables a escala urbana y que las ciudades destacan por su capacidad para involucrar a las comunidades locales en proyectos sociales.
«A muchos alcaldes les interesan los bonos de impacto social», dijo.
Un ejemplo es Denver, donde en 2016 comenzó un proyecto de cinco años y 8,6 millones de dólares con el objetivo de proporcionar vivienda asequible, atención sanitaria y otros servicios a 250 personas que llevaban mucho tiempo sin hogar y recurrían con frecuencia a los servicios de emergencia.
Maurice Cushinberry es uno de los participantes.
El mes pasado, el proyecto alcanzó la cuota prevista de participantes y ya está plenamente en marcha.
Aunque el proyecto de Denver es el tercero de Estados Unidos centrado en el sinhogarismo, es el primero que combina este enfoque con el objetivo de romper lo que sus organizadores llaman el «ciclo de sinhogarismo y cárcel».
El gasto social destinado habitualmente a esas 250 personas rondaría los 7,3 millones de dólares al año, una cifra «extremadamente costosa e ineficaz», según una ficha informativa de la ciudad.
En virtud del bono de impacto social, Denver acordó pagar a las ocho fundaciones y fondos locales y nacionales que invirtieron una tarifa determinada —algo más de 15 dólares— por cada día que los 250 participantes tengan una vivienda estable y no estén en la cárcel, hasta un máximo de unos 11,4 millones de dólares.
Durante los primeros 18 meses del proyecto, se superaron los objetivos acordados.
«Están consiguiendo y manteniendo una vivienda; este primer balance ha sido muy positivo», dijo Sarah Gillespie, investigadora sénior asociada del Urban Institute, un centro de estudios, y autora principal de un informe que analiza el primer año y medio del proyecto.
La investigación determinó que, al cabo de un año, el 89 por ciento de los primeros 100 participantes seguía teniendo una vivienda estable. Esto significa que el primer pago de la ciudad a los inversores ascenderá a unos 188.000 dólares, según la oficina del alcalde.
Los cálculos y cualquier pago relacionado con el tiempo pasado en la cárcel se harán solo después de contar con tres años de datos completos, aunque se prevé una reducción del 35 al 40 por ciento.
Animado por estos resultados iniciales, el alcalde de Denver, Michael Hancock, ha solicitado fondos adicionales este año para ampliar el programa con otros 100 participantes.
Medir el impacto
Se ha criticado a los bonos de impacto social por los largos plazos necesarios para su puesta en marcha, la complejidad de establecer el contrato y el rigor que requiere el análisis de datos.
Sin embargo, sus defensores afirman que este enfoque está cambiando de raíz el funcionamiento del gobierno.
«El gobierno nunca ha medido realmente el impacto de sus gastos», dijo Cohen, pero está «empezando a darse cuenta de que puede mejorar mucho la manera en que encarga los servicios».
En Denver, Cushinberry sabe bien lo que significa el impacto. Ahora tiene trabajo en una tienda de segunda mano, un apartamento cerca de su familia y algo que no había conocido en mucho tiempo.
«Tengo seguridad y estabilidad», dijo. «Cuando vivía en la calle, no las tenía».
(1 dólar = 0,7055 libras)
