La crisis de la COVID-19 ha expuesto a personas de todo el mundo a desalojos.
Muchos lugares han implementado protecciones de emergencia para los inquilinos.
Pero algunas protecciones no han sido exhaustivas, y otras están expirando.
“No sé qué diablo diseñó este laberinto”, una mujer en Houston, Texas, dijo recientemente sobre la experiencia de ser desalojada en plena pandemia.
En todo el mundo, las personas cuyos medios de vida se han visto afectados por la COVID-19 se enfrentan ahora a la aterradora posibilidad de ser expulsadas de sus hogares.
Se estima que hasta 40 millones de estadounidenses corren el riesgo de ser desalojados en los próximos meses, lo que podría marcar la crisis de vivienda más grave de la historia del país. En Sudáfrica, residentes empobrecidos de asentamientos informales están siendo desalojados por empresas de seguridad privadas. Más de 1.700 familias se cree que fueron expulsadas de sus hogares en el estado de São Paulo, Brasil, durante la crisis. Las autoridades keniatas han desalojado a más de 8.000 personas de asentamientos en Nairobi. Y al menos 20.000 personas han sido desalojadas en India desde marzo, a pesar de las salvaguardas relacionadas con los confinamientos.
Con frecuencia, lo único que ha evitado que la gente quede sin hogar han sido las protecciones gubernamentales, como las moratorias de desalojos. Pero muchas de estas disposiciones han sido menos que exhaustivas, y algunas están desapareciendo. Por ejemplo, el conjunto de moratorias federales, estatales y locales en EE. UU. está expirando rápidamente, mientras que una suspensión de los desalojos en Inglaterra y Gales está previsto que termine el 23 de agosto.
Se han realizado varios esfuerzos para hacer un seguimiento de los desalojos durante la crisis. El Proyecto de Mapeo Anti-Desalojo, por ejemplo, ha recopilado y visualizado datos sobre los esfuerzos globales para proteger y luchar por los derechos de los inquilinos. Según el Eviction Lab de la Universidad de Princeton, más de 36.000 casos de desalojo fueron presentados por propietarios en las 17 ciudades estadounidenses que monitoriza desde el inicio de la pandemia hasta el 15 de agosto.
Incluso en lugares donde nominalmente existían protecciones, se siguieron produciendo desalojos de trabajadores afectados por el coronavirus, que a menudo afectaban a los más vulnerables, incluidos los inmigrantes indocumentados.
Una moratoria nacional de desalojos en EE. UU. que se estimaba que protegía casi un tercio de las viviendas de alquiler del país expiró el mes pasado. Sin embargo, no eximía a los inquilinos del pago del alquiler y dejaba las facturas de alquiler acumuladas para ser pagadas en una fecha posterior.
En Europa, varios países y ciudades han implementado protecciones contra desalojos consideradas relativamente sólidas. En Alemania, por ejemplo, se ha impedido a los propietarios desalojar a inquilinos que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis sanitaria.
Los expertos temen oleadas de personas sin hogar en muchas partes del mundo si no se hace más para ayudar a las personas necesitadas. A principios de esta semana, el experto de la ONU en derechos de vivienda instó a los gobiernos de todo el mundo a suspender todos los desalojos hasta que termine la pandemia.
Para más contexto, a continuación se incluyen enlaces a más lecturas de la plataforma Strategic Intelligence del Foro Económico Mundial:
Los desalojos fueron prohibidos en Sudáfrica tras el confinamiento del país, pero las principales ciudades han seguido utilizando cuerpos municipales de aplicación de la ley y empresas de seguridad privadas para expulsar a personas de viviendas informales. (CityMetric)
En Oakland, California, la campaña “You Can’t Evict Community Power” presiona a los concejales de la ciudad para que cierren lagunas en una ordenanza de control de alquileres, al tiempo que se opone al desalojo de uno de los activistas por la justicia alimentaria más destacados de la ciudad. (Next City)
Los “nuevos pobres” generados por la recesión económica causada por la COVID-19 tendrán dificultades para pagar incluso una vivienda básica, según este análisis, que sostiene que los edificios de oficinas sin uso en ciudades de todo el mundo podrían reconvertirse en viviendas de alquiler de bajo coste. (The Conversation)
El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos afirma que los desalojos y reubicaciones durante la pandemia han afectado principalmente a las poblaciones más pobres y vulnerables que viven en zonas desfavorecidas, y que constituyen una violación del derecho fundamental a una vivienda adecuada. (ONU-Hábitat)
Los estudios sugieren que el desalojo pasa factura a la salud física y mental de los inquilinos. Esta colección seleccionada de investigaciones centradas en EE. UU. incluye las perspectivas tanto de inquilinos como de propietarios, y un estudio sobre cómo el seguro de salud puede reducir los desalojos. (Harvard Kennedy School)
Algunas familias de bajos ingresos en EE. UU. ya habían sufrido desalojos antes, pero según este informe también hay muchas familias más acomodadas que se enfrentan por primera vez a la falta de vivienda y que ahora se ven obligadas a navegar por sistemas de refugios masificados en plena pandemia. (Christian Science Monitor)
Un informe publicado por una ONG de derechos sobre la tierra en Camboya, país con un conflicto sostenido derivado de disputas por la tierra y desalojos forzosos, muestra que las familias empobrecidas siguen siendo desalojadas en medio de la COVID-19. (Land Portal)
En la plataforma Strategic Intelligence, puedes encontrar fuentes de análisis de expertos relacionados con COVID-19, Derechos Humanos y cientos de temas adicionales. Necesitarás registrarte para verlos.
