¿Cómo asegurar que la transición verde no penalice a los más pobres?

No podemos mejorar lo que no medimos. Esto es especialmente cierto en el caso de la transición verde y sus posibles impactos socioeconómicos.

Aunque existen métricas para evaluar los esfuerzos de transición verde y para evaluar los resultados sociales, pocas abordan la intersección de ambos.

Nuestra investigación ha revelado que, a nivel global, solo se recopilan y publican sistemáticamente cinco de los 58 indicadores con potencial para hacer un seguimiento de los riesgos para la equidad económica de la transición verde.

El informe Acelerar una transición equitativa: Un abordaje basado en datos, elaborado en colaboración con BCG, concluye que, aunque las economías de todo el mundo estén comprometidas con una transición equitativa, la falta de datos y de herramientas políticas crea un obstáculo para la acción.

Para comprender mejor la complejidad de las implicaciones de la transición verde en términos de equidad, el informe propone seis arquetipos que ponen de relieve los diferentes puntos de partida de los países a la hora de impulsar una transición equitativa. Los distintos países comparten similitudes estructurales con los arquetipos y, en consecuencia, pueden recurrir a estrategias comunes para responder a retos compartidos.

He aquí los seis arquetipos:

Economías de renta alta impulsadas por los servicios, que avanzan a pasos largos en la reducción de la intensidad de sus emisiones a través de las tecnologías verdes disponibles, garantizando la equidad económica. Una fuerza laboral cualificada y elevada capacidad financiera son algunos de sus puntos fuertes, mientras que los potenciales desafíos incluyen la erosión de la competitividad, presiones en relación al coste de vida y el envejecimiento de la fuerza laboral.

Ejemplo de país: El Reino Unido es responsable de alrededor del 1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), y su NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional) tiene como objetivo el cero neto para 2050, según la Ley de Cambio Climático nacional.

El país planea eliminar gradualmente las centrales eléctricas de carbón hasta 2024, aumentar las fuentes de energía renovables e invertir en nueva capacidad de energía nuclear. También cuenta con una Estrategia de Financiación Verde, comprometida a crear el potencial para más de 100 000 millones de libras (alrededor de 130 000 millones de dólares) en inversiones privadas para 2030 con el fin de mejorar la liquidez del mercado.

El grupo de trabajo gubernamental sobre empleos verdes (Green Jobs Taskforce) pretende crear una fuerza laboral cualificada, garantizando que los trabajadores de sectores con altas emisiones de carbono reciban apoyo a lo largo de la transición y que las mujeres estén igualmente representadas en los nuevos empleos verdes.

Pero en el Reino Unido están surgiendo retos para una transición equitativa. La presión del coste de vida es una preocupación creciente: la pobreza energética afectará a seis millones de hogares en 2024. Los precios de la vivienda, ya cerca de máximos históricos, son aún más altos para las casas energéticamente eficientes.

Economías de renta media-alta y alta con importante empleo industrial, en transición hacia modelos económicos impulsados por la innovación. Muchos países de este arquetipo tienden a tener una parte significativa de su fuerza laboral en sectores industriales heredados que requieren una transformación significativa, por lo que la mejora de las cualificaciones y el apoyo en la transición laboral se convierten en imperativos clave.

Ejemplo de país: Uruguay es responsable de alrededor del 0,1% del total mundial de GEI y su NDC se compromete a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

Desde 2010, el gobierno ha fijado objetivos, como el Decreto 354, que han sido fundamentales para lograr un 98% de generación eléctrica renovable. Los combustibles fósiles siguen representando aproximadamente el 45% del suministro energético total del país.

El Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde ha acelerado su segunda transición energética: ampliar el uso de hidrógeno verde en la industria pesada y el transporte, lo que se prevé que genere 1900 millones de dólares de ingresos anuales y más de 30 000 puestos de trabajo de aquí a 2040.

Uruguay está implementando de manera piloto las directrices de Transición Justa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, como parte de ello, trabaja para que las partes interesadas comprendan mejor las estrategias para crear empleos verdes en toda la economía.

Como exportador de carne de vacuno, en 2021 el gobierno se adhirió al Compromiso Mundial sobre el Metano y se ha comprometido a reducir la intensidad de las emisiones de metano y óxido nitroso por unidad de producción de carne de vacuno en un 35% y un 36%, respectivamente, para 2030. Estos objetivos se complementan con la puesta en marcha de iniciativas de apoyo a los agricultores rurales para aumentar su capacidad de mitigación y producción agroecológica.

Economías muy dependientes de la renta proveniente de combustibles fósiles y de consumo de energía subvencionada, lo que se traduce en una elevada intensidad de emisiones. Los países de este grupo se benefician de una fuerza laboral centrada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y de saldos fiscales sólidos, pero la reestructuración del sistema fiscal para tener en cuenta la eliminación progresiva de subvenciones y la diversificación económica en general puede resultar difícil en los próximos años.

Ejemplo de país: Omán es responsable de alrededor del 0,2% de las emisiones mundiales de GEI, mientras que su más reciente NDC se compromete a una reducción del 7% de las emisiones para 2030. El gobierno puso en marcha la Estrategia Nacional para una Transición Ordenada hacia el Cero Neto para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

El petróleo y el gas representan entre el 70% y el 85% de los ingresos públicos, pero Omán trabaja en la diversificación de su economía para reducir esta dependencia a través de Visión 2040, con el objetivo de que hasta el 39% de su electricidad proceda de fuentes renovables en 2040.

El Centro de Hidrógeno de Omán se dedica a promover la investigación y el desarrollo de la tecnología de hidrógeno verde, lo que podría ayudar al país a convertirse en el sexto exportador mundial de hidrógeno, según la Agencia Internacional de la Energía.

Economías de renta media-alta en rápido proceso de industrialización con una creciente demanda energética, que deben equilibrar la mitigación del cambio climático con el desarrollo socioeconómico. Los países de este grupo están bien posicionados para cosechar un dividendo demográfico, pero abordar la desigualdad de ingresos y desbloquear la financiación para estimular una economía impulsada por la innovación siguen siendo retos potenciales.

Ejemplo de país: Malasia contribuye con el 0,7% de las emisiones mundiales de GEI y su más reciente NDC se compromete a una reducción del 45% de las emisiones para 2030.

Las energías renovables representan solo el 4% del mix energético del país, siendo la principal fuente el gas natural (45%), seguido del petróleo (27%) y el carbón (24%). Malasia se ha comprometido a alcanzar el 70% de capacidad de energía renovable en 2050.

El gobierno publicó en 2022 su Política Energética Nacional, que hace hincapié en el desarrollo bajo en carbono y destaca la transición del sector energético como crucial para el progreso socioeconómico.

La Hoja de Ruta Nacional para la Transición Energética de Malasia hace hincapié en la justicia y la inclusión. Reconoce las desigualdades distributivas que una transición energética puede reforzar y busca orientar la política gubernamental para abordar ese reto. Por ejemplo, a principios de 2024, el gobierno introdujo subvenciones específicas destinadas a ayudar a los grupos de rentas más bajas a soportar las presiones de costes; redujo las subvenciones para el 1% de los grandes consumidores de electricidad; y las mantuvo constantes para el 99% restante. Se espera que las inversiones estimuladas en el marco de la Hoja de Ruta Nacional creen aproximadamente 310 000 oportunidades de empleo de crecimiento verde para 2050.

Países de renta baja con una gran población de jóvenes y bajas emisiones per cápita, que aún necesitan invertir en crecimiento sostenible a largo plazo.

Ejemplo de país: Kenia es responsable de alrededor del 0,2% de las emisiones mundiales, mientras que su NDC más reciente se compromete a una reducción del 32% de las emisiones para 2030.

En 2021, más del 90% de su electricidad se generó a partir de fuentes renovables, pero el acceso a la energía sigue siendo un reto. Alrededor de un tercio de la población rural carece de acceso a la electricidad y aproximadamente la mitad de la población no tiene acceso a combustibles limpios para cocinar.

Sus planes de utilizar carbón nacional e importado para ampliar la generación de electricidad reflejan la disyuntiva a la que se enfrentan las economías en desarrollo entre objetivos climáticos y objetivos de desarrollo.

El país es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, que afectan negativamente a sectores económicos clave, como la agricultura y el turismo. Su última NDC reconoce los impactos desproporcionados sobre los grupos vulnerables y pretende reforzar el acceso de las mujeres, los jóvenes y otros grupos vulnerables a la financiación climática y a líneas de crédito.

Países altamente industrializados y tecnológicamente avanzados que lideran el desarrollo de tecnologías y modelos de negocio verdes. Aunque están bien posicionados en términos de fuerza laboral, financiación y tecnología, estos países se encuentran entre los mayores emisores de carbono del mundo y necesitan gestionar la transición de una fuerza laboral numerosa y con trabajadores de mayor edad hacia industrias más limpias para garantizar la continuidad de su prosperidad.

Ejemplo de país: Corea del Sur es responsable de alrededor del 1,6% de las emisiones mundiales de GEI, lo que la convierte en el duodécimo mayor emisor global. Su NDC más reciente tiene como objetivo lograr cero emisiones netas de GEI para 2050, tal y como establece su Ley de Neutralidad de Carbono.

Corea del Sur se ha fijado como objetivo intermedio reducir las emisiones en un 40% respecto a los niveles de 2018 para 2030. Esto implica eliminar progresivamente la generación de electricidad a partir de carbón hasta 2030, ampliar las fuentes de energía renovables y aumentar el despliegue de vehículos de emisiones cero.

El gobierno reconoce el impacto que esto podría tener en los trabajadores y las regiones, y ha puesto en marcha medidas para apoyar a los grupos afectados. La propia Ley de Neutralidad del Carbono estipula ayudas a las microempresas, al desempleo y al reempleo, y crea el Fondo de Acción Climática de Corea para garantizar que la financiación acompañe a estos compromisos institucionales.

La energía nuclear representa aproximadamente el 26% del mix energético total del país, con el carbón en un 36%, el gas natural en un 30% y las renovables en un 8%. En 2021, el gobierno anunció el Nuevo Pacto Verde, centrado en proporcionar financiación para energías renovables e infraestructuras verdes y fomentar las industrias verdes.

Para cada uno de estos países, el informe presenta un panel de datos específicos. Las métricas se identifican mediante la evaluación de los posibles impactos socioeconómicos de las políticas de descarbonización comúnmente aplicadas en todos los sectores (por ejemplo, el impacto de la eliminación gradual de los combustibles fósiles en los precios de la electricidad y la accesibilidad). De los 58 indicadores con potencial para hacer un seguimiento de la exposición a los riesgos de la transición verde en términos de equidad económica en todos los sectores, solo cinco se recogen sistemáticamente. Por lo tanto, el informe se basa en métricas indirectas para identificar áreas de interés, a nivel nacional, en las que no se dispone de datos sobre las métricas deseadas.

"El objetivo es proporcionar un primer paso útil para los países seleccionados, que puede complementarse con la recopilación de datos adicionales y mediante consultas con las principales partes interesadas del país", explica el informe.

Como ilustran estos arquetipos y ejemplos de países, no existe un enfoque único para la transición verde. Además, en los últimos años, ha salido a la luz la magnitud de los desequilibrios, donde los costes y beneficios de las políticas climáticas se distribuyen de forma desigual.

Por ejemplo, los esfuerzos para abandonar los combustibles fósiles mediante el desmantelamiento de infraestructuras y la reducción de las subvenciones han suscitado preocupación por las repercusiones en el empleo y el coste de vida.

Desde América Latina hasta partes de Asia, las economías emergentes están experimentando la necesidad de descarbonizar y la necesidad de crecimiento como prioridades contrapuestas.

Lo mismo ocurre con las empresas. El informe muestra los resultados de la Encuesta de Opinión Ejecutiva - un barómetro de las percepciones de líderes empresariales mundiales sobre los principales riesgos económicos y de equidad asociados al camino hacia la neutralidad en carbono.

El acceso inadecuado a la financiación se citó sistemáticamente como el riesgo que más probablemente afectaría a la participación de las empresas en la acción climática en todos los sectores.

Pero "cuando se tienen en cuenta los riesgos asociados con el acceso al capital, un conjunto más amplio de preocupaciones de equidad social resulta ser prioritario para las empresas, incluido el acceso a tecnología y know-how, así como la accesibilidad de los consumidores a bienes y servicios".

A menos que se comprendan mejor las implicaciones socioeconómicas de las medidas de mitigación del cambio climático, es probable que se produzcan reacciones contrarias a la propia acción climática, lo que pondría en peligro la capacidad de la comunidad mundial para mantener a la vista los 1,5 grados.

Más información sobre la Iniciativa para una Transición Equitativa.