• Muchos países en desarrollo se enfrentan a enormes deudas por la pandemia de COVID-19.
  • Los analistas de mercado sugieren ahora que casi el 40% de la deuda externa soberana de los mercados emergentes y fronterizos podría estar en riesgo de impago en el próximo año.
  • Una iniciativa de "canje de deuda por naturaleza" respaldada por el FMI podría ayudar a los países a hacer frente a la deuda y mejorar la sostenibilidad de forma conjunta.

Una crisis de deuda global es inminente. Inclusive antes de que el COVID-19 arrasara al mundo, el Fondo Monetario Internacional había pronunciado una advertencia sobre las cargas de deuda pública de los países en desarrollo, observando que la mitad de los países de menores ingresos corrían “un alto riesgo de sobreendeudamiento, si ya no lo tenían”. En tanto la crisis económica se agrava, esos países están experimentando profundas contracciones de producción al mismo tiempo que los esfuerzos de alivio y recuperación del COVID-19 exigen un enorme incremento de los gastos.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los pagos de sus deudas externas públicas por parte de los países en desarrollo costarán 2,6-3,4 billones de dólares sólo en 2020 y 2021. Por lo tanto, los analistas de mercado ahora sugieren que casi el 40% de la deuda externa soberana de mercados emergentes y de frontera podría estar en riesgo de default el próximo año.

Peor aún, las medidas para enfrentar esta crisis de deuda chocarán de frente con los esfuerzos globales por combatir el cambio climático, la desigualdad y otras crisis globales en aumento. Por lo tanto, necesitamos un pensamiento creativo sobre cómo propiciar múltiples objetivos a la vez. Debemos, por un lado, alcanzar una recuperación sólida de la crisis inducida por la pandemia y, por otro, movilizar billones de dólares para la transición a una economía baja en carbono, socialmente inclusiva y financieramente estable.

En abril, los ministros de Finanzas del G20 refrendaron una Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda para suspender temporariamente el pago de la deuda para los países más pobres del mundo mientras resuelven la crisis del COVID-19. Desafortunadamente, pocos países deudores han aceptado esta oferta, por miedo a la reacción de los mercados y las agencias de calificaciones. Asimismo, los prestadores del sector privado en gran medida se han negado a ofrecer una indulgencia significativa de su parte, minando así los esfuerzos de los gobiernos.

A falta de nuevas formas de respaldo de liquidez y un importante alivio de la deuda, no hay manera de que la economía mundial regrese a los niveles de crecimiento previos a la pandemia sin correr el riesgo de una crisis climática severa y una agitación social. Los climatólogos nos dicen que, para cumplir con los objetivos delineados en el acuerdo climático de París, las emisiones netas globales de dióxido de carbono deben caer alrededor del 45% en 2030, y 100% en 2050. Considerando que los efectos del cambio climático ya se están sintiendo en todo el mundo, los países necesitan con urgencia incrementar sus inversiones en adaptación y mitigación climática.

Pero eso no será posible si los gobiernos están sumidos en una crisis de deuda. En todo caso, los requerimientos de servicio de la deuda llevarán a los países a buscar ingresos por exportaciones a cualquier precio, inclusive ahorrando dinero en infraestructura resiliente al clima y aumentando su propio uso de combustibles fósiles y extracción de recursos. Este curso de acontecimientos deprimiría aún más los precios de las materias primas, creando un ciclo catastrófico para los países productores.

A la luz de estas cuestiones, el G20 ha instado al FMI a “explorar herramientas adicionales que puedan satisfacer las necesidades de sus miembros mientras se desarrolla la crisis, extrayendo experiencias relevantes de crisis anteriores”. Una de esas herramientas que debería considerarse es un mecanismo de “canje de deuda por clima”. En los años 1980 y 1990, los países en desarrollo y sus acreedores implementaron “canjes de deuda por naturaleza”, mediante los cuales el alivio de la deuda estaba asociado a inversiones en reforestación, biodiversidad y protecciones de los pueblos indígenas.

Este concepto ahora debería expandirse para incluir inversiones centradas en la gente que aborden el cambio climático y la desigualdad. Los países en desarrollo necesitarán recursos adicionales si han de tener alguna posibilidad de dejar los combustibles fósiles bajo tierra, invertir lo suficiente en adaptación climática y generar oportunidades de empleos del siglo XXI. Una solución para estos recursos es un alivio de deuda condicionado a ese tipo de inversiones.

Una herramienta política de este tipo no sólo nos colocaría en el camino a la recuperación, sino que también podría ayudar a prevenir futuros problemas de sustentabilidad de deuda que pudieran surgir en tanto más existencias de combustibles fósiles e infraestructura no resiliente se vuelvan “activos inmovilizados”. Es más, la drástica caída del costo de la energía renovable representa una oportunidad para un gran esfuerzo de inversión en infraestructura energética de carbono cero, que ayudaría a rectificar la pobreza energética y el crecimiento insustentable.

Algunos economistas estiman que poner a la economía mundial en la trayectoria necesaria para limitar el calentamiento global a 1,5°C generaría unos 150 millones de empleos a nivel mundial. Al mismo tiempo, el Informe de Brecha de Producción del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha demostrado que los planes de producción actuales llevarían las emisiones atmosféricas mucho más allá del límite de lo que es sustentable. Para cumplir con los objetivos del acuerdo climático de París, por ende, más del 80% de todas las reservas comprobadas de combustibles fósiles tendrán que mantenerse bajo tierra.

Dadas las realidades de la crisis climática, sería tonto incluir inversiones de alto riesgo en extracción e infraestructura de combustibles fósiles como parte de cualquier estrategia de recuperación. Afortunadamente, con los canjes de deuda por clima, podríamos impulsar activamente la transición a una economía de menos carbono estabilizando al mismo tiempo los precios de las materias primas y ofreciendo espacio fiscal para que los países en desarrollo inviertan en resiliencia y desarrollo sustentable.

Es innegable que muchos países necesitarán un alivio de deuda para responder de manera efectiva a la crisis del COVID-19, y luego construir sus economías a prueba de clima de una manera socialmente inclusiva. Para mucha gente en los países que son más vulnerables al cambio climático, conseguir los recursos para este tipo de inversiones es una cuestión de supervivencia.

El G20 ha instado al FMI a desarrollar nuevas herramientas y estrategias para presentar en sus cumbres este otoño. Un acuerdo global ambicioso para canjear deudas por acción climática y equidad social debería colocarse en el tope de la agenda.