• La empresa necesita una sociedad estable, a la que debería contribuir.
  • La empresa paga impuestos sobre la producción, las personas, las propiedades y el impacto ambiental, así como sobre la renta.
  • Es necesario diseñar un sistema fiscal que incentive la inversión y el crecimiento, a través del diálogo con todas las partes interesadas.

En palabras del juez estadounidense Oliver Wendell Holmes Jr.: «Los impuestos son lo que pagamos por una sociedad civilizada». Aunque se puede debatir acerca de cuál es la dimensión óptima del Estado, está claro que todos los gobiernos necesitan fuentes de ingresos estables para proporcionar los bienes sociales que su población espera.

En lo que respecta a la fiscalidad de las empresas, hay dos polos opuestos: unos defienden que, dado que es un hecho generalmente aceptado que el impuesto de sociedades es el que más distorsiona la economía, debe mantenerse al mínimo o incluso eliminarse. Otros consideran que las empresas —especialmente las internacionales— no pagan «lo que en justicia les corresponde» y las ven como una fuente de la que es fácil obtener ingresos.

Como suele ocurrir, en el punto medio está la verdad. El tema de quién soporta realmente la carga del impuesto de sociedades —los accionistas, los trabajadores o los clientes— es objeto de debate. Algunas estimaciones apuntan a que el 70 % se traspasa a los trabajadores, pero otras dicen que solo es el 20 % o incluso nada.

No obstante, está claro que las empresas se benefician de la infraestructura de un país y existen razones prácticas, políticas y de equidad por las que deberían pagar impuestos. Sin embargo, aunque los impuestos no son simplemente un coste que deba reducirse al mínimo, es una carga que reduce la inversión y la producción económica. Además, las empresas pagan mucho más que tan solo el impuesto de sociedades o de actividad empresarial. Por tanto, es necesario que los gobiernos piensen en diseñar un sistema fiscal que favorezca la inversión y en la carga fiscal total que soportan las empresas.

¿Importa el tipo básico del impuesto de sociedades?

Los tipos del impuesto de sociedades han bajado desde los porcentajes rayanos en el 50 % que se aplicaban en la década de 1980 hasta el 21,4 % en 2018, según la OCDE, que ha analizado 88 países. Esto se ha debido en parte a la convicción de que bajar los impuestos fomenta la inversión interior y el emprendimiento en general. Estudios como el documento de trabajo del FMI titulado «Death and Taxes: Does Taxation Matter for Firm Survival» (La muerte y los impuestos: ¿afecta la fiscalidad a la supervivencia de las empresas?) también revelan que cuanto mayor es el tipo marginal efectivo, mayor es la probabilidad de fracaso financiero de una empresa.

Pero, aunque los tipos han bajado, el porcentaje de impuesto de sociedades ha aumentado a escala global —con respecto tanto a la recaudación tributaria total como al PIB—, a medida que los países han ampliado su base imponible. Las estadísticas tributarias de la OCDE indican que el impuesto de sociedades pasó del 12 % de la recaudación tributaria total en 2000 al 13,3 % en 2016, y del 2,7 % al 3 % del PIB.

Ingresos del impuesto de sociedades (IS) en 2000 y 2016
Imagen: Base de datos de estadísticas de ingresos mundiales

Además, muchas encuestas revelan que, a la hora de tomar decisiones de inversión, las empresas valoran otros factores —como la estabilidad política y el acceso a mano de obra y a los mercados— al margen de los incentivos fiscales. Se suele priorizar la estabilidad y la certidumbre del tipo impositivo por encima de que el tipo básico sea bajo. Por consiguiente, aunque el tipo del impuesto de sociedades es importante, no es el factor clave de la inversión.

¿Y los incentivos?

Lo más importante es adaptar los incentivos para fomentar la inversión; por ejemplo, los créditos para investigación y desarrollo (I+D). Un estudio del FMI de 2016 sobre investigación y desarrollo e innovación sugiere que un incremento del 40 % sobre el gasto en I+D de las empresas de los países desarrollados podría traducirse en un incremento del 5 % del PIB.

Las políticas fiscales para fomentar la I+D incluyen incentivos fiscales y subvenciones directas. Existen estudios empíricos que indican que la carga fiscal efectiva sí afecta a la inversión extranjera directa (IED). Sin embargo, los gobiernos han de tener cuidado al establecer incentivos, y asegurarse de que estén bien dirigidos y sus ventajas estén claramente cuantificadas.

Esto es especialmente cierto en el caso de los países en desarrollo, donde se han realizado varios estudios —como un informe de 2015 del FMI, la OCDE, el Banco Mundial y las Naciones Unidas— que revelan que, a menudo, los incentivos son ineficaces o ineficientes. También hay evidencias de que los impuestos no afectan tanto a la captación de IED en los países en desarrollo como en los países desarrollados.

Los incentivos también pueden ser importantes para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Pero también aquí el panorama es complejo. Por ejemplo, en un reciente estudio de KPMG sobre pymes en el Reino Unido, el 41 % de los encuestados afirman que las desgravaciones dirigidas a los inversores son las más importantes debido a su necesidad de obtener financiación. Sin embargo, las pymes de más rápido crecimiento no situaron este tipo de desgravaciones en primer lugar —tal vez porque también limitan sus opciones para múltiples rondas de financiación— y eligieron en su lugar la desgravación del 100 % de las inversiones de capital. Dicho estudio revela además que se tienen en cuenta diferentes incentivos para promover la inversión, la innovación o la creación de empleo y que con frecuencia no existe una relación clara entre la desgravación y la política señalada.

¿Y el resto de impuestos?

Las empresas pagan mucho más que el impuesto de sociedades. Un estudio de diciembre de 2019 sobre la contribución tributaria total, patrocinado por el European Business Tax Forum, señala que las 41 empresas más grandes de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio pagaron 1,41 EUR en concepto de otros impuestos por cada euro de impuesto de sociedades.

Se trata de impuestos que no gravan la renta, sino la producción, las personas, la propiedad y el impacto ambiental. Constituyen un coste directo de la actividad empresarial, frente a impuestos cobrados pero no soportados por la empresa, como el IVA o el impuesto sobre la renta de los trabajadores. El informe también estima que las 41 principales empresas cobran 6,72 EUR en concepto de impuestos por cada euro de impuesto sobre la renta soportado.

Los derechos de aduanas —impuestos sobre las importaciones— son muy variables en función de los países y los productos o servicios gravados y de si existen acuerdos de libre comercio. Según un informe del FMI: «A medio plazo, las subidas de aranceles provocan descensos económica y estadísticamente significativos de la producción y la productividad nacionales. También generan más desempleo, mayor desigualdad y una apreciación real de la moneda, pero afectan muy poco a la balanza comercial.» Sin embargo, también cabe señalar que los efectos son menores en los países más pobres, lo que justifica la necesidad de mantener los aranceles cuando son parte esencial de las finanzas públicas.

Conclusión

No existe el sistema tributario perfecto. Cada uno ha de tener en cuenta las circunstancias particulares del país para el que se ha diseñado. Y debe desarrollarse a través del diálogo con todas las partes interesadas.

En lo que respecta a las sociedades, es necesario reconocer que, por una parte, las empresas necesitan una sociedad estable y próspera a la que deben contribuir y, por otra, las empresas pagan mucho más que el impuesto de sociedades, y el sistema debe diseñarse de forma que se incentive la inversión y el crecimiento.