Una gran desigualdad alimenta la desconfianza, el descontento y el populismo de derecha. Las personas cuyos ingresos han crecido menos que otras, a menudo se inclinan por partidos de derecha, según revela un nuevo estudio en Europa. La inclinación a apoyar estos partidos es mayor entre las personas que consideran que sus propios ingresos son bajos porque viven en un país donde la desigualdad en los ingresos ha crecido más.

Un estudio sueco reveló que las notificaciones de despido que recibieron los trabajadores nacidos en Suecia después de la crisis financiera de 2009 tuvo como consecuencia un aumento en el apoyo al partido nacionalista de extrema derecha, los Demócratas Suecos. Este efecto fue incluso mayor en las áreas que recibieron un grupo importante de inmigrantes poco calificados. En otro estudio sueco se señaló que los Demócratas Suecos han tenido especial éxito en las áreas que tienen una mayor proporción de población “perdedora” en términos económicos, en comparación con el resto de la población.

Imagen: Datos obtenidos de OECD, “Divided we stand” (Divididos permanecemos)/OECD Income Distribution and Poverty (Distribución de los ingresos y pobreza). Nota: Refiere a los ingresos familiares disponibles y ajustados.

En algunos países, la reacción contra la creciente desigualdad está demandando un estado nacional más fuerte, que se desprenda de las relaciones con los mercados internacionales. Esto se puede ver con claridad en Estados Unidos y el Reino Unido. Ambos países se están cerrando al resto del mundo: en el caso de Estados Unidos, mediante la finalización y la renegociación de los acuerdos comerciales y, en el caso del Reino Unido, con su salida de la UE.

Cuando la desigualdad aumenta, el riesgo de crisis no se limita solo a la democracia liberal. Hoy enfrentamos uno de los mayores desafíos de la humanidad: la amenaza climática. Reducir el aumento global de la temperatura exige cambios difíciles, medidas costosas y cooperación internacional. No obstante, para que las acciones se vuelvan posibles, la transición a una economía de bajo carbono requiere repartir los costos y que la prosperidad económica se divida con mayor igualdad.

Si quienes ya se han quedado atrás también desean asumir los costos de la transición, nos enfrentamos al riesgo inminente de fracasar en esta tarea de importancia histórica. Cuando, como es el caso de Francia, más del 20 % del crecimiento del PBI de las últimas décadas se va al 1 % más rico (superior a la participación de toda la mitad más baja de la distribución de ingresos), una propuesta de aumento del precio del combustible se transforma en una provocación.

Imagen: Datos obtenidos de Garbinti, Goupille-Lebret y Piketty (2017). Nota: Distribución de los ingresos brutos nacionales entre adultos divididos en partes iguales, en Francia. La unidad es el adulto individual (mayor de 20 años de edad; los ingresos de un matrimonio se dividen en dos).

Para alcanzar los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París, debemos reducir las emisiones un 45 % para 2030, respecto de 2010, de acuerdo con el UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU). Si la transición a una sociedad de bajo carbono tiene que obtener la aceptación general, los ciudadanos deben sentir que las medidas son justas y que no generan dificultades innecesarias o injusticias para la vida de las personas y las comunidades comunes.

Una transición justa sería aquella en la que los principales emisores tengan una responsabilidad considerablemente mayor en los costos. Siempre se ha pensado que los países ricos deben asumir mayor responsabilidad en la transición, y es completamente correcto. Pero, tal como mencionó el movimiento sindical internacional junto con otros sectores de la sociedad civil en la Conferencia sobre el cambio climático de la ONU realizada en Katowice, en diciembre de 2018, “la participación justa de cada país en ese esfuerzo internacional debe dividirse de forma equitativa entre sus comunidades, sus hogares y sus habitantes”.

En un estudio realizado por Chancel y Piketty en 2015, los autores estimaron que el nivel de emisión promedio para una persona en Francia en el tercer decil de ingresos (un grupo compuesto por la clase media baja y la clase trabajadora, muchos de lo que, probablemente, hayan salido a las calles de Francia a protestar en los últimos meses) se aproxima a las 6,5 toneladas de CO2e por año. Este nivel de emisión se acerca al promedio mundial. En comparación, se estima que el 1 % más rico de la población de Estados Unidos emite un promedio de 318,3 toneladas de CO2e por persona en un año.

Una transición justa también es aquella que no afecta injustamente a los trabajadores empleados en sectores que requieren cambios rápidos. El sector del combustible fósil todavía da empleo a muchas personas que necesitan sentir la seguridad de que podrán obtener trabajos nuevos con buenos ingresos. Muchos otros sectores también siguen dependiendo del carbón y del petróleo para poder llevar a cabo sus operaciones. Entre ellos, las industrias del acero y los productos químicos, al igual que una gran porción del sector del transporte. Estos sectores y sus empleados necesitan respaldo para desarrollar alternativas que les permitan ser neutrales ante el cambio climático.

¿Cómo logramos una transición justa?

1. Se debe revertir la tendencia de las últimas décadas (aumento de ingresos y de la desigualdad en las riquezas)

Si todas las personas saben que participarán en el aumento de la prosperidad, tendremos más posibilidad de éxito en la transición hacia una sociedad más sustentable. Los trabajos bien pagos y las buenas condiciones de trabajo son fundamentales para lograr una sociedad igualitaria. Las necesidades de capital deben dividirse con mayor equidad y se deben fortalecer las necesidades de redistribución.

2. Se necesita una política climática impulsada por inversiones

La transición que necesitamos no sucederá sin las inversiones de los sectores privados y públicos tanto en tecnología no fósil como en bienes y servicios no fósiles. Necesitamos sistemas de energía neutrales para el clima, sistemas de transporte no fósiles y ampliación del transporte público; pero también necesitamos cadenas de suministro circulares y procesos de producción no fósiles para las industrias del acero, del cemento y de los productos químicos, entre otras. Para estimular la demanda de soluciones climáticas inteligentes, las instituciones públicas deben imponer requisitos a sus contrataciones a fin de que implementen soluciones climáticas inteligentes y no fósiles.

3. Sin iniciativas de educación existe el riesgo de que la transición climática y sustentable se estanque

Los estados y los colaboradores sociales deben asumir la responsabilidad y garantizar que se den las condiciones para brindar capacitación en el lugar de trabajo y oportunidades educativas. Es fundamental disponer de educación constante y desarrollo de capacidades para que los empleados puedan desarrollar las capacidades que se necesitan para la transición. Además, para generar seguridad económica y aceptación de la transición entre los grupos que sufren un impacto directo en su empleo, se necesitan oportunidades de perfeccionamiento, asistencia financiera para estudiantes y buenos seguros de desempleo.

El movimiento sindical ha puesto el acento en la necesidad de lograr una transición justa para obtener el apoyo público a la implementación de los cambios que necesita el clima. Si no se respalda a las personas de los sectores que deben adaptarse, el riesgo de que no acepten los cambios necesarios para evitar el cambio climático es inminente.

Si las personas con ingresos bajos y las que viven en áreas rurales deben soportar una participación en los costos de reducción de nuestras emisiones que es desproporcionadamente grande, el resultado serán fuertes protestas. Si las riquezas de una sociedad no se traducen en aumento de la prosperidad compartida por todos, las consecuencias serán el populismo de derecha, el descontento, la desconfianza y la negación del cambio climático.

Escrito por Karl-Petter Thorwaldsson, presidente, The Swedish Trade Union Confederation