En junio de 2009, apenas conocidos los resultados que confirmaban la reelección del entonces presidente, el ultraconservador Mahmud Ahmadineyad, cientos de miles de iraníes, en su mayoría jóvenes pertenecientes a las clases acomodadas, salieron a las calles de Teherán y otras grandes ciudades del país para denunciar lo que definían como una victoria amañada en favor del controvertido mandatario. Impelidos por la ilusión que había suscitado en campaña su oponente aperturista, Mir Husein Musaví, y al grito de “¿Dónde está mi voto?”, el incipiente “movimiento verde” de reforma –prólogo persa de las futuras “primaveras árabes”– llenó plazas y avenidas con una marea de concentraciones y marchas, en un principio pacíficas. Presionado tanto por los reformistas como por la nueva hornada de ultraconservadores –liderados por el propio Ahmadineyad, cabecilla de una corriente ansiosa por reemplazar a la generación que en 1979 derribó al último Sha de Persia–, que aprovecharon la oleada de indignación para tratar de avanzar en su propia agenda secreta, la vieja guardia optó una vez más por la represión y la extrema violencia. Primero, contra Musaví y sus seguidores, que con el devenir de los días habían comenzado a evolucionar y a convencerse de que podían mutar en un ambicioso movimiento protorevolucionario capaz de generar una grieta en la opresiva teocracia iraní, sacudir sus ásperos cimientos y forzar un cambio final de régimen.
Sostenido en sus dos principales brazos ejecutores –las milicias populares Basij y la Guardia Revolucionaria, cuerpo de elite fundado por el propio Alí Jameneí–, el régimen apaleó, arrestó y mató sin contemplación a sus ciudadanos. Acusó a las potencias extranjeras de azuzar las movilizaciones –en aquella ocasión con cierto motivo, ya que el peso de los enfrentamientos lo sostuvo el grupo opositor en el exilio Mujahidin Jalq, tutelado por Francia y vinculado a la CIA y el MI6 británico–, expulsó a la prensa extranjera desplazada para los comicios, bloqueó los accesos a Internet, las cadenas satélites y cualquier información proveniente del exterior; encarceló a los líderes reformistas, pese a ser revolucionarios de primera hora, y suprimió a sangre y fuego, con total impunidad, un movimiento surgido de un pueblo cansado pero incansable al que animaba el aroma de libertad y el color de la esperanza en un mañana distinto.
Después, se aplicó en el castigo a Ahmadineyad y a esa llamada “segunda generación de la Revolución”, la de aquellos jóvenes radicales que lucharon desde las trincheras contra la dictadura del Sha y que ahora reclaman su botín. Una corriente mesiánica, ultra religiosa y más hostil si cabe a Occidente, ávida de poder y dinero, que ha crecido durante la última década e inquieta aún más a al ayatolá Jameneí y su estrecho círculo de clérigos y militares, ya que cultiva y cosecha adeptos en los mismos campos: las clases populares y desfavorecidas.
Ocho años después, las protestas y la represión violenta de la mismas han vuelto a colocar los focos sobre Irán y a teñir de sangre y oprobio sus calles. Pero al contrario que en 2009, su motor no ha sido la clase acomodada urbana, sino los jóvenes de las áreas periféricas y rurales, más empobrecidos, descontentos por la continuidad de la crisis económica, el fracaso de las reformas prometidas por el actual Presidente, el moderado Hasán Rohaní, y la creciente desconfianza hacia las elites tradicionales, a las que acusan de preocuparse únicamente por su propio bienestar. El catalizador del descontento ha sido, al parecer, la filtración de una serie de partidas secretas del opaco Presupuesto general del Estado. En un país rico en materias primas, donde el índice de paro supera –extraoficalmente– el 40%, la inflación crece de manera sostenida, y los jóvenes –que suponen cerca de un 50% del censo– tienen graves dificultades para afrontar el futuro, impactó la confirmación de un secreto que solo se intuía en privado: que se destinan las mayores partidas al sostenimiento de ciertas instituciones religiosas, y que cientos de millones se dedican a privilegiar a la Guardia Revolucionaria, a la guerra en Siria y a la ayuda de grupos extranjeros, en busca de influencia política en la región. Aunque era un arcano compartido a voces, la puntilla ha sido el descubrimiento de que la dotación para este cuerpo militar, pilar del corrupto régimen junto a los Basij, aumentará en más de 11.000 millones de euros el próximo ejercicio, al tiempo que se recortan por décimo año consecutivo las dotaciones sociales y la factura de los subsidios a bienes fundamentales como el combustible, a productos básicos como el pan, o a servicios esenciales, como la educación.
“Desde hace décadas, aquellos que viven en las zonas rurales, en las provincias han sido el contrafuerte en el que se apoyaba el régimen islámico”, explica Thomas Edbrink, uno de los cuatro periodistas que quedamos durante la revuelta de 2009, y que a día de hoy sigue trabajando en Teherán. “Son conservadoras por tendencia, contrarias a los cambios y prototipo de la vida islámica que promueve el Estado. Pero en apenas una década, todo ha cambiado. Las sequías han aumentado el éxodo a la ciudad, donde tampoco es fácil hallar trabajo”, resalta. “La situación es peor que en 2009”, abunda Mehdi, colaborador y traductor para la prensa extranjera en aquellos años. “Muchos se sienten desamparados por el régimen, dolidos por la injusticia social que no entienden. Todo es más caro, más difícil”, confirma.
Dos factores más añaden incertidumbre a un conflicto que diversos analistas creen pasará aún por varios episodios violentos más, pese a que la Guardia Revolucionaria anunciara el pasado seis de enero su victoria “sobre las fuerzas conspiradoras”. El primero, la frustración que ha generado la gestión del propio presidente Rohaní, que ascendió a la presidencia bendecido por el líder supremo tras el enfrentamiento con Ahmadineyad como el mesías que había de reconducir la sociedad y resucitar la frágil economía iraní. Y la constatación de que el acuerdo nuclear de 2015 con las seis potencias mundiales –los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania– y el supuesto fin de las sanciones económicas y políticas tampoco son ni la panacea y ni el salvavidas que los iraníes ansían. Como hiciera en 2009 con el “movimiento verde”, ambas decepciones han sido redituadas por el antiguo mandatario para regresar a la escena política, resucitar el conflicto generacional y tratar de revitalizar el ataque a la vieja guardia. Ahmadineyad no solo fue uno de los primeros políticos iraníes que denunció en público y criticó con dureza las prebendas del círculo de Jameneí y los viejos mastodontes de la revolución, como el presidente Akbar Hashemí Rafsanyaní. Actuó también contra su fuerza pretoriana y contra algunas de las instituciones religiosas corrompidas. Durante sus primeros cuatro años de mandato emprendió una política de privatizaciones cuyo principal objetivo fue arrancar de las manos de la “Guardia Revolucionaria” los centros de poder económico y de influencia social que concentra para cedérselos a esa segunda generación de revolucionarios, aquellos que como él pusieron la sangre en las calles durante el alzamiento contra Mohamed Reza Pahlevi en 1979 y que creen que ha llegado ya la hora disfrutar de su recompensa. Según fuentes locales, el antiguo mandatario fue arrestado durante el primer pico de las protestas después de que dedicara duras palabras al gobierno y al círculo estrecho del líder supremo durante un mitin en la ciudad meridional de Bushehr.
“La actitud del régimen ha sido la misma que en 2009. Aunque el presidente Rohaní calificó de normales las protestas, la parte más retrógrada de la Guardia Revolucionaria ha impuesto de nuevo su receta”, recalca Mehdi. “Violencia, corte de las redes sociales y movilización de las masas con el cuento del enemigo externo” en cuanto las demandas de mejoras económicas han comenzado a mezclarse con eslóganes como “Jamení dictador”, o viejos lemas de la revolución islámica de 1979, como el “Allahu akbar” nocturno de los balcones, como ocurrió hace nueve años. “Rohaní puede usar el descontento para tratar de forzar al régimen a emprender los cambios estructurales que el pueblo exige… De forma más específica, puede presentar al Parlamento un paquete de grandes reformas, incluidas enmiendas constitucionales que concedan más poder a los organismos electos”, opina, sin embargo, con optimismo Alí Vaez, investigador del centro de análisis político Crisis Group. “Si es bloqueado, le quedará claro al pueblo iraní dónde está el problema”, agrega. La cuestión es si Rohaní, él mismo un hombre del sistema, tiene disposición y suficiente influencia para hacerlo. Algo que, a la vista de lo sucedido estos años, la mayoría de sus compatriotas cree que carece.
El segundo factor es el contexto geopolítico en el que se enmarcan este pulso político y esta nueva oleada de tensión social, radicalmente diferente al de 2009. Entonces, el gobierno de Ahmadineyad retaba directamente a la comunidad internacional, despreciaba sus sanciones y avanzaba en su programa nuclear frente a un presidente de Estados Unidos más proclive al diálogo que a la guerra, en una región todavía estable en los parámetros que estableció la Guerra Fría, y ante un enemigo –Arabia Saudí– que se sentía confiado. Casi nueve años después, el vigor saudí se ha transformado en una aguda crisis económica, política, social y diplomática que ha debilitado a la teocracia wahabí y la ha colocado a la defensiva, donde juega sucio para tratar de no perder su influencia. Oriente Medio ha estallado en miles de pedazos, fruto del error colosal que supuso la ilegal invasión de Irak, el florecimiento de organizaciones yihadistas más sofisticadas como el autoproclamado Estado Islámico, el fracaso inducido de las denominadas “primaveras árabes” y las guerras sin sentido en Siria y Yemen. Y la Casa Blanca la ocupa un inquilino sin bagaje internacional, más inclinado al jaleo que a la templanza, al estruendo de las armas (que vende a millones en la región) que al sosiego de las palabras, altamente influenciable, amigo íntimo de Israel (hasta el punto de romper el tabú de Jerusalén) y de Riad, y hostil al acuerdo nuclear. Al contrario que su predecesor Barack Obama, que prefirió contemporizar en 2009, Donald Trump no ha vacilado a la hora de ofrecer todo su apoyo a los manifestantes en Irán. La razón parece responder a una nueva estrategia de confrontación y tener una fecha clave: el próximo 12 de enero, el mandatario estadounidense debe decidir si continúa comprometido con el acuerdo nuclear y con el levantamiento paulatino de las sanciones al régimen de los ayatolás. Analistas internacionales coinciden en que una prolongación de las protestas, que la tiranía iraní se ha apresurado a sajar, sería la excusa perfecta para una decisión que, al igual que el infausto reconocimiento de Jerusalén, transformaría y enrevesaría aún más el tablero internacional. El régimen iraní es, sin atisbo de duda –junto a Rusia–, el principal vencedor de la poliédrica guerra regional en Siria. Se siente fuerte, y pocos creen que esté dispuesto a renunciar –o dejar que le arrebaten– una victoria en la que ha gastado tantos recursos, y en la que ha derramado tanta sangre ajena y propia. Ni siquiera los anhelos libertarios de su propio pueblo.
