2016, año de transición a la paz en Colombia

2016 será recordado como el año en que Colombia logró poner fin a un conflicto sangriento y cruel, y en apariencia inacabable, que duró más de 50 años. Repasando el rol de los numerosos actores que intervinieron en las negociaciones, desde las delegaciones negociadoras de ambas partes y los garantes cubanos y noruegos, hasta los asesores internacionales y los foros y organizaciones de la sociedad civil, el proceso de negociación demostró una inusitada capacidad de atravesar enormes complejidades y entregar un acuerdo final, estableciendo el fin a un conflicto tan arraigado que aparecía, durante largos años y aún décadas, como prácticamente irresoluble.

Contempladas desde cierta distancia, las negociaciones de paz en La Habana llegaron a un final exitoso a pesar de los innumerables obstáculos y detractores que trataron con mucho empeño de descarrilar o de fastidiar el proceso. Y eso sucedió por varias razones. Algunas de ellas pudieron ser consideradas legítimas por una parte de la población, cuya dificultad para aceptar que el gobierno se sentase a la mesa con un grupo que tanta sangre y sufrimiento trajo a la población era enorme, pero la mayoría eran –y siguen siendo— razones partidarias interesadas y hasta oscuras.

Las negociaciones en el complejo de "El Laguito", al oeste de La Habana, fueron utilizadas internamente en Colombia como un arma arrojadiza para el combate político doméstico, mostrando hasta qué punto el sempiterno conflicto se había convertido en un elemento estructural de la vida política y del imaginario colectivo de Colombia. Las negociaciones expusieron los numerosos intereses (económicos, políticos, ideológicos) materializados por una guerra muy longeva, y una mochila cargada con experiencias traumáticas y frustrantes de procesos anteriores, y estuvo a punto de hacer descarrilar todo el proceso.

Las secuelas humanitarias de la guerra son enormes. Las cifras son abrumadoras: el Registro de Víctimas recuenta 8.190.451 víctimas del conflicto en todo el país; existen alrededor de 6 millones de personas desplazadas internamente (PDI); 360.000 refugiados, 11.500 niños fueron (supuestamente) reclutados por las FARC, y 1.3 millones registrados a la espera de reparaciones.

Tras una fase previa secreta, que empezó el 23 de febrero de 2012, las negociaciones comenzaron en el ya lejano 24 de agosto de 2012, pero solo el 2015 fue capaz de aportar suficientes avances positivos para pensar una solución definitiva que no sólo era factible, sino que también era inminente e irreversible. Es cierto que el Acuerdo de Sobre las víctimas del Conflicto dividió a juristas y defensores de los derechos humanos, y su negociación se alargó año y medio (frente al medio año que había durado la negociación de los puntos anteriores) y estuvo a punto de hacer descarrilar todo el proceso, pero logró obtener de la mesa de negociaciones un avance fundamental. Se plantearon, eso sí, serias dudas sobre la manera de administrar justicia y hubo tensión entre la obligada continuidad constitucional y necesaria excepcionalidad jurídica, luego de haber alcanzado un acuerdo sobre la naturaleza y el nivel de participación política y de protección que se concedería a los ex guerrilleros, o sobre el tipo de amnistía a reglar, particularmente en lo relativo a la proporcionalidad entre la gravedad del delito y la severidad del castigo. A pesar de tantas dificultades, a finales de diciembre de ese año parecía realista prever que se podría llegar a un acuerdo de paz sólido y definitivo para marzo de 2016 (así lo anunció el Presidente Santos), lo que implicaba que podría celebrarse un refrendación a finales de mayo, o a principios de junio. En ese momento se animó de nuevo al ELN a unirse al acuerdo, aunque con poco éxito, incluso si todas las partes eran conscientes de que, si el gobierno y las FARC lograban firmar la paz, un acuerdo similar con el ELN sería solo cuestión de tiempo.

La naturaleza interconectada e interdependiente del mundo de hoy también significó una innegable reverberación del resultado de las negociaciones de La Habana, tanto a nivel nacional colombiano como geopolítico regional y mundial. Con fronteras con Venezuela, Perú, Panamá, Ecuador y Brasil, Colombia tiene una ubicación estratégica y es un puente natural entre la región andina, Centroamérica, el Caribe y la Amazonía. Un acuerdo de paz favorable aportaría un factor crucial de estabilidad a una región sacudida por muchas tensiones, especialmente al este de la frontera venezolana.

"Hablar de Colombia en el ámbito internacional afecta las relaciones entre los espíritus y los pacificadores", dice Javier Ciurlizza al examinar las implicaciones y el impacto de las conversaciones de paz para la comunidad nacional. Es cierto que las negociaciones se enriquecieron con muchos elementos, algunos de dimensión internacional y geopolítica, otros más internos, pero las lecciones de otras negociaciones de paz, en particular las que tuvieron lugar en El Salvador, Sudáfrica e Irlanda del Norte, como el principio fundamental de que “nada está acordado hasta que todo está acordado” fueron una fuente clave de inspiración, ya que el acuerdo de paz colombiano podrá ser ahora un referente para otras negociaciones, en curso o futuras, en todo el mundo.

Es posible que el carácter innovador del proceso colombiano sea mejor representado por la inclusión de las víctimas y la llamada perspectiva de género. Casi 24.000 víctimas tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas e ideas a los negociadores. Pero construir lo que se definió desde el principio como una "paz estable y duradera" significó integrar muchas otras cuestiones complejas en la discusión. ¿Cómo y cuándo separar a las fuerzas armadas de la policía?; ¿cómo abordar el factor de la "guerra contra las drogas", combinando la erradicación de los cultivos y el glifosato con incentivos para los agricultores y el desarrollo rural?; ¿cómo tomar el control de milicias, paramilitares, BACRIM, terratenientes y ex guerrilleros, que luchan por ocupar los amplios vacíos de poder dejados por las FARC en la periferia histórica del Estado?; ¿cómo organizar el DDR?; ¿cómo integrar en el proceso de implementación de los acuerdos a los cientos de organizaciones de la sociedad civil que tanto estuvieron trabajando por la paz?; ¿cómo reparar a las víctimas, en particular a las mujeres que sufrieron abusos y agresiones sexuales, o a los niños que sufrieron las indignidades de la guerra y sufrieron asesinatos, violaciones, arrestos y reclutamientos? ¿Cómo asegurar el fortalecimiento institucional imprescindible para aplicar el principio vertebrador de la “paz territorial”?..

Construir una paz estable y duradera significaba también resolver batallas semánticas, como llegar a comprender el uso del término "dejación de armas" en vez de "desarmar", un arreglo que refleja las complejidades y los matices de una negociación "hecha a mano", artesanal, entre dos socios asimétricos, el gobierno y las FARC, que sin embargo querían significar que no había rendición ni sumisión, sino acuerdo entre las partes del conflicto. El hecho de haber tenido en cuenta la exigencia de dignidad en todo el lenguaje fue fundamental para ir consolidando los avances.

Firma, refrendación, implementación

En conjunto, visto con alguna perspectiva, el acuerdo de paz de La Habana es casi un milagro. El plebiscito que siguió, sin embargo, fue un terrible e imprevisto golpe y de alguna manera rompió el hechizo de un fin exitoso del conflicto. La campaña del referéndum fue tramposamente utilizada para resolver una batalla política interna entre el presidente Juan Manuel Santos y el ex presidente Álvaro Uribe, actuando más por sus propias ambiciones personales y las del sector rural conservador que representa. A partir de un debate profundamente polarizado, consolidó fracturas en la sociedad colombiana y amortiguó el entusiasmo y la esperanza que muchos sintieron al enterarse de la firma del acuerdo tras más de 50 años de sufrimiento y desesperación. Los resultados fueron tan estrechos (NO 50,22%, SÍ 49,78%, participación 37,43%) que las partes se vieron obligadas a actuar, no sin una nueva intervención decisiva de los garantes, y tras unas movilizaciones populares sin precedentes, con flexibilidad suficiente para llegar rápidamente a un nuevo acuerdo. El resultado incorporó al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto muchos de los argumentos de la campaña del NO, gracias a un último esfuerzo negociador al límite capaz de preservar cuatro años y medio de trabajo intensísimo. El acuerdo de paz resultó mejorado en algunos aspectos y fue ratificado finalmente por el Congreso el 24 de Noviembre. Retrospectivamente, no parece que la refrendación fuera el mejor mecanismo, puesto que causó indudablemente un daño simbólico al acuerdo, y faltó explorar mecanismos alternativos más participativos para legitimar el acuerdo que no un instrumento de democracia directa, necesariamente simplificador, polarizador y vulnerable a la manipulación política.

Ahora conocemos las complejidades, retrasos y frustraciones del inicio del proceso de implementación, algunos de los cuales ya estaban anticipados en muchos de los capítulos de la negociación. Todo el mundo es consciente de que el fin del conflicto no significa el fin automático de la violencia. Muchas áreas del país, donde hay una ausencia histórica del Estado, cuyas funciones han sido asumidas por actores no estatales, están soportando más violencia y abuso, y el reto de seguridad es importante. Demasiados líderes de la sociedad civil están siendo asesinados, hay mucha incertidumbre sobre el futuro, y existe una gran preocupación por parte de los miembros desmovilizados de las FARC de que vayan a cumplirse las garantías sobre su seguridad y que sea viable su reincorporación a la vida civil.

Sin embargo, un esfuerzo continuo para despolarizar a la sociedad debe realizarse ahora con la misma intensidad, sensibilidad y buena fe mostradas durante las negociaciones. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones presidenciales de 2018, la paz en Colombia hoy en día es prácticamente irreversible. Mirando hacia atrás los fascinantes eventos que se desarrollaron en 2016, hay muchas lecciones aprendidas. Pero, por encima de todas, estará siempre una lección de historia sobre la férrea voluntad de la gran mayoría del pueblo colombiano de construir, esta vez sí, una paz estable y duradera. Ojalá que, quien sea que gane las elecciones presidenciales del 2018 sea capaz de incorporar a todos los niveles el concepto una “paz territorial” que transforme Colombia en una sociedad más justa, y construya un país más robusto y próspero para todos los colombianos que quieren ver cómo se aleja definitivamente el fantasma de la guerra fratricida.