La reciente nacionalización de la tercera entidad bancaria de Italia, el Monte dei Paschi di Siena (MPS), ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre los profundos problemas de la tercera economía de la eurozona, y que, para preocupación de muchos, siguen sin abordarse con decisión. En ese sentido, el Gobierno de Matteo Renzi (desde febrero de 2014 a diciembre de 2016) dio pasos importantes para afrontar esta interminable crisis económica, pero su abultada derrota en el referéndum del pasado 4 de diciembre ha dejado en suspenso algo que lleva a Italia a correr el riesgo de dejar de ser una de las principales potencias económicas mundiales. Es tal la gravedad de la situación que en este momento España, a pesar de tener seis puntos más de paro que Italia, posee mayor renta per cápita que el país vecino, y si éste le supera en importancia es sencillamente porque tiene casi 14 millones más de habitantes.

Si tuviéramos que centrarnos en el problema o desafío más importante al que se enfrenta la economía italiana, ese es ciertamente el referido al crecimiento. Para hacernos una idea de cuál es la dimensión del problema, resulta necesario remontarse a 2000 para ver un crecimiento del PIB por encima del 3% (el país creció un 3,7%). Más aún, desde entonces no ha habido ni un solo año en que se haya crecido por encima del 2%, apareciendo con excesiva frecuencia el fenómeno de la recesión. Dos años resultaron, en relación con ello, particularmente negativos: 2009, en la que economía italiana decreció un -5,5%, y 2012, que concluyó con un -2,8% de crecimiento del PIB. Esto explica que ex primer ministro Silvio Berlusconi, a pesar de haber logrado una amplísima victoria en las elecciones de 2008, tres años y medio después tuviera que presentar su dimisión porque los mercados amenazaban con colapsar Italia.

Otro importante problema es el crecimiento exponencial de la deuda pública del país, posiblemente su mayor lastre desde hace décadas. A pesar de que el Tratado de Maastricht estableció en 1992, entre los criterios necesarios para que las economías europeas convergieran, una deuda nacional no superior al 60% de su PIB, Italia solo consiguió reducir esta cifra al 99,8% en 2007. A partir de ahí, el crecimiento de esa deuda ha sido meteórico: 102,4% en 2008; 116,5% en 2011… y, para 2017, dicha deuda seguramente se situará ya en el 134% de su PIB, una cifra solo superada por la Grecia de Alexis Tsipras.

¿Cómo ha podido llegarse a esta situación? Básicamente, por varias circunstancias. La primera de todas es, con diferencia, el anquilosado mercado laboral en el que se ha movido el país hasta la Navidad de 2014, en que se aprobó la reforma laboral. Hasta ese momento, Italia tenía un Estatuto de los Trabajadores que se remontaba nada más y nada menos que a 1970. Se trataba de un estatuto en el que sobresalía con fuerza el célebre artículo 18, que sobreprotegía a los trabajadores ante la posibilidad del despido. Con la reforma de 2014, ahora resulta más fácil despedir a un trabajador en Italia, pero aún persiste el hecho de que dicho empleado, en caso de lograr que el despido sea considerado improcedente, podrá obligar al empresario a readmitirle en su compañía. Para colmo, una parte de los italianos siguen en pie de guerra contra esta reforma, y la principal central sindical italiana (CGIL) ha conseguido recoger tres millones y medio de firmas para que la reforma laboral sea derogada. Lo que por cierto sabremos si es así o no en cuestión de semanas.

Ello supone un lastre enorme para las potenciales inversiones extranjeras en Italia, así como para la posible contratación de empresas italianas que trabajen en otros países, entre los que destaca Irán, Argentina y Cuba. Más aún cuando la reforma laboral aprobada en España hace del país vecino un destino mucho más interesante para las inversiones extranjeras, lo que explica que, mientras Italia va a crecer en 2016 apenas un punto, España superará el umbral del 3% del PIB por segundo año consecutivo.

Aunque el desempleo está aún en cifras tolerables (en torno al 12% de su población activa), en el caso del paro juvenil este sigue siendo muy alto (alrededor del 40% de los jóvenes italianos no pueden acceder a un puesto de trabajo). Ello explica que en el sur del país, donde la cifra de parados es aún mayor, el referéndum de Renzi cosechara una derrota particularmente rotunda.Este desempleo juvenil, junto con el hecho de un muy extendido fraude fiscal y de una corrupción que no cesa (la mafia se ha infiltrado ya en todos los rincones del país), tiene unos efectos directos sobre el sistema de pensiones.

Hay que recordar que Italia es uno de los países más envejecidos de Europa y además este envejecimiento va a ir a más porque también se da el hecho de que ostenta, al mismo tiempo, la tasa de natalidad más baja dentro de los principales Estados del continente. Aunque desde los 90 se han realizado hasta seis reformas del sistema de pensiones, y de que la edad de jubilación hace tiempo que se fijó en los 67 años de edad, los más de 15 millones de jubilados que tiene Italia pesan mucho sobre un Estado de bienestar que cada día se resiente más. En ese sentido, la sanidad italiana es cada vez de peor calidad, las listas de espera se hacen interminables y, además, el país está quedándose sin sus mejores talentos, ya que los más capaces se marchan en no pocos casos al extranjero en busca de mejores condiciones laborales, y esto también incluye al personal sanitario.

Quizá lo más desalentador para los italianos radica en su arquitectura constitucional, que no responde a la realidad actual. Su Constitución, que en diciembre cumplirá 70 años, establece un bicameralismo paritario que en la práctica lleva a que el procedimiento legislativo sea mucho más un problema que una solución. Aquella Constitución, que creaba dos cámaras (Cámara de Diputados y Senado) con igual capacidad legislativa, constituía una respuesta lógica a un país que había sufrido durante más de dos décadas las consecuencias del totalitarismo fascista del régimen de Benito Mussolini. Pero, como decimos, han pasado más de siete décadas e Italia, un país metido de lleno en el proceso de construcción europea, necesita ahora más que nunca mucha agilidad legislativa, y a pesar de ello sigue sin realizar la ya urgente reforma constitucional. En ese sentido, hay que recordar que la derrota de Renzi en el referéndum de diciembre pasado fue solo una más: el mismísimo Silvio Berlusconi hace una década intentó lo mismo, obteniendo la misma respuesta (un rotundo “no”).

Para finalizar este sombrío panorama, es importante recordar la muy mala situación en la que se encuentra el sistema bancario italiano, y que es consecuencia del tradicional inmovilismo de la clase política. Este problema se remonta concretamente a 2009, cuando, ante el inicio de la crisis económica, los bancos comenzaron a conceder créditos sin ningún control. La inacción de hasta cuatro primeros ministros diferentes (Berlusconi, Monti, Letta y Renzi) ha llevado a que en este momento el montante de dinero concedido en dichos créditos (la mayoría considerados ya morosos) ascienda a la friolera de 360.000 millones de euros. Además, el problema es sistémico: afecta a todos los bancos, incluidos los dos gigantes transalpinos (Unicredit e Intesa San Paolo). El Gobierno de Gentiloni, en el poder desde el pasado 12 de diciembre, se ha puesto ya manos a la obra y cuenta con la inestimable ayuda de otro italiano como es el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. Pero hay que recordar que Draghi finaliza su mandato en 2019 y que para ese momento el saneamiento del sistema bancario italiano tiene que estar finalizado. Y ya han comenzado las primeras tiranteces entre ambas partes: Draghi piensa que el Monte dei Paschi di Siena necesita al menos 8.800 millones euros para su completa recapitalización, mientras el Gobierno italiano rebaja esta cifra a la de 5.000 millones.

Todo ello sin olvidar otros muchos problemas, como son la necesidad de reformar las infraestructuras (célebres son dos proyectos que nunca acaban, la autopista que conecta las sureñas ciudades de Salerno y Reggio Calabria y el puente que tiene que unir la Península Itálica con la isla de Sicilia, que debe ser edificado sobre el estrecho de Messina); modernizar el aparato productivo; mejorar la eficiencia y productividad de los trabajadores italianos; y, en definitiva, recuperar el dinamismo que hizo de Italia hace décadas un bel paese (bello país) que poco a poco se va a apagando. Y, lo que es peor, todo esto en un escenario preelectoral que amenaza con postergar sine die las tan necesarias reformas de uno de los países más importantes del continente europeo.