Cuando la tormenta tropical Nate azotó Costa Rica en 2017, castigó al país centroamericano durante tres días. Casi un año después, muchos aún recuerdan vívidamente la tormenta, entre ellos Marielos Alvarado.
Es una de los miles de residentes de Corralillo, municipio de la región noroccidental de Guanacaste, en el país, que pasaron aquellos días de angustia en un refugio.
«A nivel emocional fue muy estresante. Me costó mucho superar ciertas cosas», dijo.
Nate causó la muerte de 11 personas en Costa Rica y provocó deslizamientos de tierra y algunas de las inundaciones más destructivas de la historia del país. Algunas comunidades quedaron aisladas por la tormenta y se quedaron sin agua potable ni alimentos, y hubo cortes de electricidad.
Este tipo de desastres —cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático— suele causar problemas de salud mental a las personas afectadas, dijo Jose Francisco Aleman, coordinador de emergencias de Corralillo.
Sin embargo, ese aspecto suele pasarse por alto en las labores de respuesta ante desastres, dijo, aunque abordarlo es fundamental para ayudar a las comunidades a recuperarse.
«Cuando ocurre una emergencia, la gente está desesperada por recibir ayuda, teme enfermarse y necesita comida con urgencia, etcétera. Al final, se atienden estas necesidades —como la comida y el refugio—, pero no el efecto psicológico», dijo.
Para Alvarado, las inundaciones causadas por Nate hicieron que su familia y otras personas se quedaran sin agua potable ni alimentos mientras esperaban ayuda.
«Todavía no puedo quitarme de la cabeza a los ancianos o a los niños que vomitaban de hambre», dijo.
Añadió que la intensidad de Nate no tenía precedentes.
«Nadie esperaba una emergencia de tal magnitud», dijo Alvarado, quien también preside el comité local de desastres.
Más de nueve de cada 10 casas de Corralillo sufrieron daños, incluida la suya, dijo. Cuando por fin llegó a casa, más de dos semanas después de la tormenta, solo quedaban las paredes.
«Fue impactante», dijo.
Tipos de destrucción
Según datos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Nate causó graves daños en Costa Rica: más de 385 millones de dólares en pérdidas, además de las muertes.
Sin embargo, algunos expertos consideran ahora que las evaluaciones de daños deberían ir más allá de las pérdidas económicas e incluir aspectos como los efectos en la salud mental.
Por ejemplo, un estudio publicado el año pasado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health afirmó que «las labores de recuperación deben tener en cuenta los efectos a largo plazo de la exposición a huracanes en la salud mental».
El Ministerio de Ambiente ha señalado que Costa Rica trabaja para medir esos efectos y determinar la mejor manera de combatir el daño a la salud mental, a medida que el cambio climático trae tormentas más intensas y otros fenómenos meteorológicos extremos.
Las autoridades dijeron que el Plan Nacional de Adaptación (PNA) de Costa Rica —su plan central para hacer frente a las presiones del cambio climático— se publicará más adelante este año y dará un lugar destacado a la salud mental.
Sin embargo, el ministerio dijo que el PNA solo buscaría enseñar a los municipios a detectar vulnerabilidades de salud mental; abordarlas seguiría siendo responsabilidad de los gobiernos locales.
Gabriela Mora, psicóloga de la Universidad de Costa Rica, dijo que el PNA era un buen comienzo, pero que hace falta más, incluida claridad sobre cómo trabajará el gobierno con las autoridades locales para reducir los riesgos y poner en marcha mejores programas de salud mental.
Mora, quien también coordina la Brigada Psicosocial, un grupo de psicólogos que ayuda a quienes han vivido un desastre, dijo que también hay que tener en cuenta el impacto psicológico directo de un desastre y que muchas comunidades necesitan un apoyo más amplio.
Eso incluye encontrar formas de reducir la vulnerabilidad de una comunidad ante futuros acontecimientos y animar a la gente a reunirse y hablar abiertamente de sus experiencias, dijo.
Corralillo es un ejemplo, dijo Alvarado. La comunidad se asienta en lo que antes era un humedal y está rodeada por dos ríos, Las Palmas y Tempisque. El acceso es difícil, hay pocos empleos y falta planificación para emergencias, dijo.
Aunque Corralillo había sufrido tres inundaciones importantes el año pasado antes de Nate, el impacto de esa tormenta superó con creces lo que la gente estaba preparada para afrontar, dijo Alvarado.
Después del desastre
Como parte de sus esfuerzos para hacer frente a las consecuencias de Nate, la comunidad organizó una serie de talleres con el departamento de Mora para hablar de lo ocurrido y capacitar a sus vecinos en prevención de riesgos.
Alvarado dijo que los talleres atrajeron a más personas de las esperadas y permitieron a los residentes hablar de lo ocurrido y aprender de la experiencia.
«Eso demuestra que la comunidad está despertando», dijo.
Mora dijo que un aspecto fundamental de este trabajo es ayudar a la gente no solo a procesar los daños, sino también a encontrar maneras de reducir los riesgos y sentirse más segura en el futuro.
«La idea no es recordarlo como “el acontecimiento que me hizo daño”, sino observar cómo tenemos que mejorar a partir de algo que ya ocurrió», dijo Mora.
Mora dijo que las vulnerabilidades de la región van más allá de los factores físicos, como los ríos cercanos. En Corralillo, la inseguridad laboral es un problema importante.
«Aquí solo tienen caña de azúcar alrededor, y el período en que la cultivan es muy corto. Después se quedan sin trabajo», dijo Mora.
Falta de conocimientos
Marco Carranza, organizador de talleres, dijo que las comunidades afectadas por desastres deben pedir ayuda a las autoridades locales para que se las tenga en cuenta al asignarla.
Luego, la autoridad local redacta un informe que enumera los daños sufridos por la comunidad: muertes, lesiones y pérdidas materiales, así como —en teoría— la evaluación de la comunidad sobre el impacto en la salud mental.
El informe se envía al gobierno central, que lo examina y asigna fondos.
Sin embargo, dijo Carranza, las comunidades a menudo no saben que pueden incluir las «pérdidas» relacionadas con la salud mental, y muchas no reconocen que sean un problema hasta mucho después, cuando ya es demasiado tarde para pedir ayuda.
Marianela Rojas, integrante del Comité Técnico Asesor de Apoyo Psicosocial, principal fuente de apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias para la salud mental comunitaria, dijo que hay que capacitar a las comunidades para que soliciten este tipo de asistencia.
Carranza dijo que incluso las comunidades que solicitan y reciben ayuda pueden tener dificultades, sobre todo porque medir el daño a la salud mental es intrínsecamente difícil.
Rojas dijo que la Comisión Nacional de Emergencias trabajaba en métodos para calcular el impacto de los desastres en la salud mental. El plan de cambio climático del país también exigirá que cada municipio cuente con programas de salud mental y gestión de riesgos para 2030.
Rojas dijo que tener en cuenta la salud mental es esencial para ayudar a las comunidades a hacer frente a los efectos del cambio climático.
Añadió que, de no hacerlo, sus efectos invisibles podrían «acabar generando un costo muy alto para el Estado».
