Una nueva investigación muestra que enviar profesionales de salud mental en lugar de agentes de policía para responder a algunas llamadas al 911 puede tener beneficios significativos.
El estudio en Denver constató una caída del 34% en los delitos denunciados durante el ensayo de seis meses.
El despliegue de profesionales de salud mental puede ayudar a prevenir futuras actividades delictivas y a dirigir a las personas en crisis hacia la atención de salud mental adecuada.
Sin embargo, hacen falta más programas piloto y estudios para garantizar que toda reforma permanente se implemente de manera meditada y detallada, afirman los investigadores.
Una nueva investigación aporta las pruebas más sólidas hasta la fecha de que enviar profesionales de salud mental en lugar de agentes de policía para responder a algunas llamadas al 911 puede tener beneficios significativos.
Los resultados llegan en un momento en que las ciudades de Estados Unidos están replanteándose el papel de las fuerzas del orden en las emergencias no violentas atendidas mediante el 911.
El estudio de un programa piloto de respuesta al 911 en Denver, en el que especialistas en salud mental atendían llamadas relacionadas con allanamientos y otros incidentes no violentos, constata una caída del 34% en los delitos denunciados durante el ensayo de seis meses. El estudio, realizado por los académicos de la Universidad de Stanford Thomas Dee y Jaymes Pyne, también muestra que los costos directos de este enfoque alternativo de respuesta al 911 fueron cuatro veces menores que los de las respuestas exclusivamente policiales.
«Aportamos pruebas sólidas y creíbles de que brindar apoyo de salud mental en emergencias específicas y no violentas puede dar lugar a una enorme reducción de los delitos menos graves sin aumentar los delitos violentos», afirma Dee, profesor de la Escuela de Posgrado de Educación de Stanford y miembro sénior del Instituto de Investigación de Políticas Económicas de Stanford (SIEPR).
«En estos tiempos de división política», afirma Dee, «esta innovación en la respuesta a emergencias ofrece una oportunidad excepcional para alcanzar un consenso sobre cómo mejorar de manera significativa la seguridad y la salud públicas».
El análisis, publicado en Science Advances, llega en un momento decisivo para los debates nacionales más amplios sobre el desempeño de los agentes de policía, que a menudo actúan como primeros intervinientes. La atención pública a los retos de una labor policial eficaz y respetuosa con la dignidad humana aumentó drásticamente desde que el agente de policía de Minneapolis Derek Chauvin asesinó a George Floyd en 2020, tras una llamada al 911 por un supuesto billete falsificado, así como a raíz de las inquietudes por la respuesta policial a los tiroteos escolares de Parkland, Florida, y, más recientemente, de Uvalde, Texas.
Este debate público también ha incluido una conciencia cada vez mayor de las consecuencias posiblemente contraproducentes —y a veces trágicas— de que la policía sea la primera en responder ante situaciones no violentas que involucran a personas en crisis de salud mental o por consumo de sustancias. Hoy, un número reducido, pero creciente, de ciudades del país está poniendo a prueba programas que incorporan atención de salud mental y otros servicios sociales a sus protocolos de respuesta a emergencias.
En general, los esfuerzos de reforma policial se han politizado mucho. Por ejemplo, mientras que quienes apoyan el movimiento Black Lives Matter piden recortar los fondos destinados a la policía en respuesta a la brutalidad policial, sus detractores sostienen que los índices de delitos violentos urbanos están aumentando y que reducir la intervención policial, ya sea mediante recortes presupuestarios o la reasignación de recursos, solo elevará los índices delictivos.
Dee afirma que los resultados de su estudio indican que hay formas sensatas de reinventar los servicios de respuesta a emergencias que deberían concitar un atractivo universal poco común.
Tres opciones para las ciudades
Varias ciudades —entre ellas Nueva York, Austin (Texas), San Francisco, San Mateo (California) y Washington, D. C.— están experimentando con nuevas formas de responder a ciertos tipos de emergencias de salud mental con poca o ninguna intervención de las fuerzas del orden. Según Dee y Pyne, las ciudades se han visto motivadas no solo por casos de brutalidad policial que han recibido gran atención, sino también por estimaciones según las cuales la policía dedica más tiempo a responder llamadas de «baja prioridad» que a cualquier otro tipo de emergencia. Esas estimaciones, escriben, sugieren que hasta dos tercios de este tipo de llamadas al 911 podrían derivarse a especialistas en salud mental.
En general, las ciudades están explorando tres respuestas alternativas a las emergencias: en un modelo, los agentes de policía reciben capacitación para dirigir a las personas en crisis a los servicios adecuados. Un segundo enfoque establece alianzas entre las fuerzas del orden y profesionales de salud mental. Una tercera reforma, más drástica y menos común, elimina por completo la presencia policial en algunas llamadas al 911.
Las pruebas descriptivas de otros estudios sugieren que estos modelos pueden ser eficaces. Sin embargo, hasta ahora, ninguno había vinculado la relación de causa y efecto de estos enfoques alternativos con pruebas empíricas de su eficacia.
STAR en Denver
Veamos el caso de Denver. Durante seis meses de 2020, la ciudad puso a prueba el tercer enfoque, más radical, al eliminar por completo la presencia policial en llamadas específicas al 911. Ante emergencias relacionadas con infracciones de bajo riesgo, como intoxicación en espacios públicos, controles de bienestar, allanamientos y alteración del orden público, los operadores enviaban un equipo móvil integrado por un especialista en salud mental y un paramédico.
El programa piloto, llamado Support Team Assistance Response (STAR), llamó la atención de Dee. Dee ya trabajaba con varias ciudades del área de la bahía para evaluar reformas similares del sistema 911 como director académico del John W. Gardner Center for Youth and Their Communities de Stanford, y Pyne es investigador asociado sénior del Centro. A ambos les intrigó el experimento más radical de Denver y el hecho de que la ciudad ya hubiera probado la táctica más habitual de ofrecer capacitación adicional a los agentes de policía para que atendieran mejor los casos de salud mental.
«La preocupación era que quizá capacitar a la policía para gestionar crisis de salud conductual no estuviera funcionando», afirma Dee.
Menor costo, menos delitos
La iniciativa STAR abarcó ocho distritos policiales de los barrios del centro de Denver, que estaban en proceso de gentrificación y donde se esperaba un elevado número de llamadas al 911 relacionadas con personas de bajos ingresos y en situación de riesgo en contextos no violentos. Durante el período piloto, de junio a diciembre de 2020, el equipo STAR atendió casi 750 incidentes relacionados con problemas de salud mental, falta de vivienda o consumo de sustancias, o con varios de ellos. No todos los incidentes comenzaron con una llamada al 911: en algunos casos, agentes de policía contactaron directamente a los equipos STAR, o estos respondieron a situaciones con las que se encontraron por su cuenta. En cada caso, el equipo STAR derivaba a las personas, cuando era necesario, a centros de tratamiento por consumo de sustancias u otros servicios de apoyo.
Como Denver publica datos detallados sobre delincuencia, los investigadores pudieron hacer un seguimiento de todos los delitos cometidos por adultos y denunciados en los 36 distritos policiales de la ciudad, tanto antes de que comenzaran las operaciones de STAR como durante el período de actividad del programa.
Dee y Pyne constatan que el envío de trabajadores de salud mental marcó una diferencia drástica. Durante el programa piloto, las denuncias de delitos menos graves en los barrios patrullados por STAR disminuyeron un 34% en comparación con los niveles de delincuencia observados en barrios donde STAR no estaba disponible. Los investigadores atribuyen la reducción —que estiman en 1.400 delitos menos según los índices anteriores al programa piloto— a que se impusieron menos citaciones por intoxicación en espacios públicos y otras infracciones menores, así como a la posibilidad de que quienes podrían haber reincidido recibieran la ayuda que necesitaban.
Dee afirma que el estudio aporta pruebas «causales creíbles» de que es posible reinventar las respuestas al 911 de formas radicales y sensatas a la vez.
«El programa de respuesta comunitaria tiene dos beneficios», afirma Dee. «En primer lugar, dirige a las personas en crisis hacia la atención de salud mental adecuada en lugar de derivarlas al sistema de justicia penal. En segundo lugar, previene futuras actividades delictivas porque las personas que ahora reciben atención de salud mental no cometen más delitos».
En una de varias comprobaciones de calidad de sus datos, Dee y Pyne también examinan las denuncias de delitos más graves a las que respondieron agentes de policía, y no los equipos STAR, en los distritos incluidos. No detectan ningún aumento en esos índices delictivos, lo que sugiere que el programa STAR impulsó la disminución de la actividad delictiva de bajo nivel.
Los autores también muestran que el programa STAR ahorró dinero. Calculan que el costo directo de responder a cada incidente fue, en promedio, de $151, cuatro veces menor que el costo directo promedio estimado de $646 por cada delito menor. Dee señala que estos cálculos no incluyen los costos posteriores del tratamiento por consumo de sustancias u otros servicios de apoyo, ni los costos de encarcelamiento. Aun así, afirma, los beneficios superan con creces los costos. «También sostendría que, sencillamente, se trata de hacer lo correcto. Las personas en crisis de salud mental necesitan atención de salud adecuada, y es mucho menos probable que la reciban si las derivamos al sistema de justicia penal», afirma.
Aunque los resultados coinciden con otras pruebas menos concluyentes de ciudades que experimentan con nuevos modelos de respuesta a emergencias, Dee afirma que el estudio es uno de los que más se ha acercado hasta la fecha a vincular la respuesta a emergencias sin intervención policial con la reducción de la delincuencia y los costos.
«Estos resultados son extraordinariamente prometedores», afirma Dee. Sin embargo, advierte que hacen falta más programas piloto y estudios para garantizar que toda reforma permanente se lleve a cabo correctamente.
«No es algo que todos los sistemas del 911 deban implementar mañana», afirma. «Esta reforma requiere una implementación meditada y detallada: desde capacitar a quienes atienden las llamadas al 911 hasta contratar al tipo adecuado de especialistas en intervención de salud mental y coordinar cuidadosamente con los organismos encargados de hacer cumplir la ley».
