Tras años de bloqueo de las negociaciones comerciales mundiales, los acuerdos regionales —durante mucho tiempo una vía latente hacia la liberalización del comercio— vuelven con fuerza. Estados Unidos está en el centro de dos megacuerdos que podrían definir el rumbo futuro del comercio mundial.
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) está más avanzado e incluye a 11 países, además de Estados Unidos, que en conjunto producen hasta el 40 % de la producción mundial; pero, crucialmente, China no figura entre ellos. La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) con la Unión Europea tiene un alcance aún más ambicioso: promete unir dos regiones gigantes que juntas representan la mitad del comercio mundial.
Los acuerdos comerciales hace tiempo que dejaron de ser asunto exclusivo de expertos y tecnócratas. Por eso no sorprende que ambas iniciativas hayan generado un debate público considerable y acalorado. Las perspectivas de sus partidarios y detractores están tan polarizadas que resulta difícil no sentirse completamente confundido sobre sus probables consecuencias. Para comprender lo que está en juego, debemos entender que estos acuerdos responden a una combinación de objetivos, algunos benignos y otros menos desde una perspectiva mundial.
En el plano económico, quienes defienden los acuerdos comerciales suelen hablar con dos voces. Se afirma que reducir las barreras comerciales promueve la eficiencia económica y la especialización; pero también se supone que aumenta las exportaciones y crea empleos al ampliar el acceso a los mercados de los socios comerciales. El primero de estos argumentos es el convencional, basado en la ventaja comparativa, a favor de la liberalización del comercio; el segundo es mercantilista.
Los objetivos que propugnan estos argumentos se contradicen entre sí. Desde la perspectiva de la ventaja comparativa, los beneficios del comercio provienen de las importaciones; las exportaciones son aquello a lo que un país debe renunciar para poder costearlas. Todos los países obtienen estos beneficios, siempre que el comercio se expanda de manera equilibrada. Los acuerdos comerciales no crean empleos; simplemente los reasignan entre sectores.
En cambio, desde la perspectiva mercantilista, las exportaciones son buenas y las importaciones, malas. Los países que aumentan sus exportaciones netas salen ganando; todos los demás pierden. Los acuerdos comerciales pueden crear empleos, pero solo en la medida en que destruyan empleos en otros países.
Por tanto, cada uno de los argumentos a favor de los acuerdos comerciales es incompatible con la afirmación central de sus defensores de que tales acuerdos crearán empleos y beneficiarán a todas las partes al mismo tiempo. Curiosamente, los partidarios del TPP y el TTIP recurren simultáneamente a ambos argumentos.
En el plano político, sus partidarios sostienen que el TPP y el TTIP consagrarán normas liberales y favorables para el comercio mundial. Reducir las barreras y aumentar la transparencia de la regulación suelen ser cosas positivas. Pero también aquí la realidad es mucho más compleja.
Para Estados Unidos, un gran atractivo del TPP es que impondrá normas más estrictas de propiedad intelectual a otros países. El impacto de tales normas en la innovación tiende a ser incierto, mientras que generan rentas sustanciales para los titulares estadounidenses de patentes y derechos de autor.
En el TTIP, la reducción de las llamadas barreras no arancelarias al comercio entre Estados Unidos y Europa casi con certeza limitará el margen para la acción reguladora nacional. Aunque la armonización regulatoria no provoque una carrera hacia el abismo, los intereses de los inversores y exportadores tendrán una influencia aún mayor que antes sobre los objetivos sociales y ambientales.
Quizá lo más preocupante sean las disposiciones sobre solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) de ambos acuerdos. Estas disposiciones establecen una vía judicial separada, fuera del sistema jurídico propio de un país, que permite a las empresas demandar a los gobiernos por aparentes incumplimientos de los tratados comerciales. Sus partidarios defienden el ISDS afirmando que no tendrá demasiadas consecuencias para países como Estados Unidos, donde impera el Estado de derecho, y que fomentará la inversión en países como Vietnam, donde no es así. En ese caso, no queda claro por qué se necesitan disposiciones ISDS para el TTIP, que abarca las economías avanzadas de América del Norte y Europa.
En todos estos ámbitos, el TPP y el TTIP parecen girar en torno a la captura corporativa, no al liberalismo.
Uno de los objetivos más importantes, y también ambiguos, de estos acuerdos se refiere a un tema que no aparecerá en los textos: China. Tanto Estados Unidos como Europa querrían que China jugara al comercio según sus reglas. Negociar esas reglas sin la participación de China puede considerarse parte de una estrategia destinada a atraerla finalmente a un sistema liberal mundial. Pero este enfoque también puede verse como una forma de aislar a China y levantar barreras discriminatorias contra ella en mercados lucrativos.
Por último, lo que más irrita a los críticos de los acuerdos es el secretismo de las negociaciones. Los borradores de los textos no están abiertos al escrutinio público, y a los pocos externos a quienes se permite acceder a ellos se les prohíbe divulgar su contenido. El objetivo declarado de esta política es facilitar las negociaciones. Pero, como ha señalado la senadora estadounidense Elizabeth Warren, esto invierte exactamente el orden: si la transparencia dificultaría vender el producto final al público, cabe plantearse seriamente si lo que se está negociando es deseable.
Tiene sentido someter el texto final a una votación legislativa de aprobación o rechazo, sin permitir enmiendas. Pero esto puede hacerse haciendo públicos los borradores. El tiempo del secretismo ya pasó, si es que alguna vez existió.
En definitiva, hay mucha incertidumbre sobre las consecuencias económicas y políticas de estos acuerdos comerciales, y motivos considerables de preocupación. Sus partidarios solo se desacreditan al tildar a los escépticos de proteccionistas. Lo que se necesita es un debate abierto e informado sobre disposiciones concretas. Y eso solo es posible si los textos de negociación se someten al escrutinio público.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Dani Rodrik es profesor de Ciencias Sociales en el Institute for Advanced Study, Princeton, Nueva Jersey.
Imagen: Se ve un buque de carga en las esclusas de Miraflores, en Ciudad de Panamá, el 31 de diciembre de 2014. REUTERS/Carlos Jasso.
