La ignominiosa orden ejecutiva de Donald Trump que prohibía la entrada en Estados Unidos a refugiados y otras personas procedentes de siete países mayoritariamente musulmanes ha acaparado los titulares en las últimas semanas. Pero el daño causado a la imagen de Estados Unidos y a la economía mundial no hará más que agravarse con las primeras decisiones de Trump en materia comercial.
En sus discursos y tuits, Trump ha arremetido con vehemencia contra la globalización. Ha nombrado representante comercial de Estados Unidos a Robert Lighthizer, un abogado especializado en litigios comerciales célebre por su proteccionismo. Y los otros dos integrantes de su triunvirato comercial —el secretario de Comercio designado, Wilbur Ross, y el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro— no son menos proteccionistas que Lighthizer.
Muchos estadounidenses de clase trabajadora y media creen que los acuerdos de libre comercio son la razón por la que sus ingresos se han estancado durante las últimas dos décadas. Por eso, Trump pretende brindarles «protección» poniendo a proteccionistas al mando.
Pero Trump y su triunvirato han diagnosticado mal el problema. Si bien la globalización es un factor importante en el vaciamiento de la clase media, la automatización también lo es. La mayor parte de la experiencia empresarial de Lighthizer y Ross se ha dado en industrias del siglo XX, como la producción de acero, lo que los ha condicionado a buscar soluciones del siglo XX para los problemas industriales de Estados Unidos en el siglo XXI.
Por desgracia, el proteccionismo anticuado no impulsará la competitividad industrial estadounidense, aunque salve unos cuantos miles de empleos en sectores en declive. Además, deshacer los acuerdos comerciales y subir los aranceles no servirá para crear nuevos empleos fabriles bien remunerados. Si acaso, los aranceles solo perjudicarán aún más a los trabajadores.
Trump y su equipo pasan por alto un punto sencillo: la globalización del siglo XXI está impulsada por el conocimiento, no por el comercio. La drástica reducción de los costos de comunicación ha permitido a las empresas estadounidenses trasladar la producción a países con salarios más bajos. Entretanto, para mantener sincronizados sus procesos de producción, las empresas también han deslocalizado gran parte de sus conocimientos técnicos, de marketing y de gestión. Esta «deslocalización del conocimiento» es lo que realmente ha cambiado las reglas del juego para los trabajadores estadounidenses.
En 2017, los trabajadores estadounidenses no compiten con la mano de obra extranjera barata, el capital y la tecnología, como ocurría en la década de 1970. Más bien, compiten con una combinación casi imbatible de mano de obra extranjera barata y conocimientos técnicos estadounidenses. Una forma de concebirlo es pensar que los productos estadounidenses no se fabrican en Estados Unidos, sino en una Fábrica Norteamérica. Los bienes fabricados en la Fábrica Norteamérica deben competir con los producidos en la Fábrica Asia, la Fábrica Europa, y así sucesivamente.
Esto significa que, si la administración Trump impone aranceles, convertirá a Estados Unidos en una isla de altos costos para los insumos industriales. Podría inducirse a las empresas a trasladar parte de la producción de vuelta a Estados Unidos, si esta se destinara exclusivamente a los consumidores estadounidenses. Pero también se las alentaría a deslocalizar la producción destinada a los mercados de exportación para poder competir con productores japoneses, alemanes y chinos fuera de Estados Unidos.
Imponer aranceles a las importaciones sin frenar también el flujo de ideas y propiedad intelectual es como intentar impedir que el agua se escurra entre los dedos cerrando el puño. Un enfoque más racional aceptaría las realidades del siglo XXI. La revolución de la información cambió el mundo de maneras que los aranceles no pueden revertir. Como los trabajadores estadounidenses ya compiten con robots en su país y con trabajadores de bajos salarios en el extranjero, obstaculizar las importaciones solo creará más empleos para los robots.
Trump debería proteger a los trabajadores, no a los empleos. Los procesos de globalización del siglo XXI son demasiado repentinos, impredecibles e incontrolables para confiar en medidas estáticas como los aranceles. En cambio, Estados Unidos necesita restablecer su contrato social para que sus trabajadores tengan una oportunidad justa de participar en las ganancias generadas por la apertura mundial y la automatización. La globalización y la innovación tecnológica no son procesos indoloros, por lo que siempre harán falta iniciativas de reconversión profesional, educación a lo largo de toda la vida, programas de movilidad y apoyo a los ingresos, y transferencias regionales.
Al aplicar políticas de este tipo, la administración Trump tendría muchas más posibilidades de hacer que Estados Unidos vuelva a ser «grande» para las clases trabajadora y media. La globalización siempre ha creado más oportunidades para los trabajadores más competitivos y más inseguridad para los demás. Por eso se estableció un contrato social sólido durante el período de liberalización de posguerra en Occidente. En las décadas de 1960 y 1970 se expandieron instituciones como los sindicatos, y los gobiernos asumieron nuevos compromisos con la educación asequible, la seguridad social y la tributación progresiva. Todo ello ayudó a los integrantes de la clase media a aprovechar las nuevas oportunidades a medida que surgían.
En las últimas dos décadas, esta situación ha cambiado drásticamente: la globalización ha continuado, pero el contrato social se ha desmantelado. La máxima prioridad de Trump debería ser reconstruirlo, pero sus asesores comerciales no lo entienden. Por desgracia, parecen empeñados en imponer aranceles, lo que trastocará las cadenas internacionales de suministro, podría provocar guerras comerciales y solo acelerará el traslado de la industria estadounidense al extranjero.
