La recesión económica de América Latina parece haber tocado fondo por fin. Para este año se prevé un crecimiento positivo, aunque modesto. Pero, mientras la región se recupera del fin del superciclo de las materias primas, una nueva amenaza pesa sobre las perspectivas de crecimiento: el proteccionismo y el nacionalismo económico.
La población de la región podría disculparse por encontrar irónica la situación. En un momento en que los gobiernos, de Buenos Aires a Ciudad de México, están comprometidos con el comercio abierto y la rectitud fiscal y monetaria, estos pilares de la ortodoxia económica han perdido popularidad en la ciudad que dio nombre al Consenso de Washington.
Sin embargo, sigue siendo cierto que más del 40% de todas las mercancías exportadas desde América Latina y el Caribe se destinan a Estados Unidos. En México y Centroamérica, la cifra se acerca al 80%. Muchas economías latinoamericanas ya se habían visto afectadas por el anémico crecimiento del comercio mundial antes de 2016; a todas les interesa preservar una economía global abierta. Lo mismo, dicho sea de paso, ocurre con Estados Unidos, que envía a América Latina y el Caribe una quinta parte de todas sus exportaciones de mercancías, además de importantes inversiones extranjeras directas y un superávit comercial de servicios cada vez mayor.
Qué pueden hacer los gobiernos latinoamericanos
En medio de la compleja política comercial actual, ¿qué deberían hacer los latinoamericanos? Primero, los gobiernos y líderes empresariales de la región deberían defender con firmeza la apertura de los mercados mundiales. Un foro para hacerlo será la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio que tendrá lugar en Argentina este diciembre.
En segundo lugar —y esto está plenamente bajo su control— pueden llevar a buen puerto décadas de esfuerzos, algo reticentes, por la integración regional. Profundizar el comercio y la inversión intrarregionales impulsaría un mayor desarrollo de cadenas de valor en toda la región y permitiría obtener los aumentos de productividad que acompañan a una mayor especialización y escala. Además, abriría oportunidades para que millones de microempresas y pequeñas y medianas empresas —muchas de ellas propiedad de mujeres— se incorporen a estas cadenas de valor. Para lograrlo, los gobiernos deben reducir los aranceles, que ya son bajos, identificar las medidas no arancelarias y eliminar las que se hayan convertido en obstáculos innecesarios, armonizar las normas y los procedimientos relacionados con el comercio y reducir los costos comerciales mediante la construcción de mejores infraestructuras físicas y no físicas. La plena aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC es una de las medidas que pueden reducir las demoras en las fronteras y los costos de las mercancías objeto de comercio.
Un documento reciente del Banco Mundialsugiere que la integración regional podría fomentar vínculos más estrechos con los flujos mundiales de comercio e inversión, especialmente si los gobiernos latinoamericanos redujeran sus aranceles de «nación más favorecida» con el resto del mundo e integraran sus mercados laborales y de capital. Esto supondría pasar de los acuerdos de libre comercio a asociaciones más sólidas de integración económica y social.
En el continente hay margen para avanzar en la integración de América Latina, con una mayor convergencia entre los bloques de la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Los procesos externos también pueden ayudar a impulsar la integración intrarregional. Por ejemplo, reactivar las negociaciones largamente estancadas con la Unión Europea podría contribuir a fortalecer los flujos comerciales y de inversión dentro del Mercosur.
La inclusión como antídoto contra el populismo
Los latinoamericanos conocen demasiado bien los ciclos de auge y caída asociados al populismo económico. La financiación irresponsable del déficit, sumada al desprecio por las limitaciones que imponen la inflación y el tipo de cambio, puede generar unos pocos años de crecimiento vertiginoso, antes de que todo se derrumbe entre devaluaciones y crisis.
Pero los populistas tienen razón en un aspecto fundamental: los votantes quieren empleos y un crecimiento equitativo, y difícilmente se les puede reprochar. El desafío consiste en encontrar una trayectoria de crecimiento más inclusiva que pueda sostenerse desde el punto de vista económico, ecológico y político.
Para lograr esto último, las políticas sociales nacionales siguen siendo esenciales, ya sea mediante transferencias monetarias condicionadas o inversiones a largo plazo en educación, perfeccionamiento de las competencias y aumento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Pero el margen fiscal es limitado, y las perspectivas mundiales inciertas hacen que los gobiernos quieran preservar sus reservas macroeconómicas.
También es necesario un crecimiento amplio de los ingresos de mercado, es decir, lo que las personas ganan antes de impuestos y transferencias. Aquí es donde el comercio, y en concreto el que involucra a las pequeñas y medianas empresas (pymes), tiene un papel fundamental.
Hacer que el comercio sea inclusivo: las pymes son clave
Las pymes representan entre el 60% y el 70% de los empleos y la gran mayoría de las empresas en la mayoría de los países. Las empresas más pequeñas suelen tener niveles de productividad y salarios inferiores a los de las grandes. Sin embargo, mientras que las pequeñas empresas europeas son aproximadamente dos tercios de productivas que sus competidoras nacionales más grandes, en América Latina la cifra se acerca más al 20%–30%.
Reducir esta «brecha de productividad» aumentaría los ingresos del amplio segmento de trabajadores con salarios bajos y, al mismo tiempo, contribuiría al crecimiento general y a la competitividad. Las pymes que comercian a través de las fronteras o se incorporan a cadenas de valor internacionales suelen crecer más rápido, contratar a más personas, pagar salarios más altos y ser más productivas.
Por definición, las pymes se ven más afectadas por los costos fijos relacionados con el comercio, ya sean tasas fronterizas o gastos de cumplimiento normativo. Por eso, pueden beneficiarse de manera desproporcionada de la integración regional que reduzca los costos comerciales.
Un análisis del Centro de Comercio Internacional sugiere que la armonización de la normativa para los alimentos frescos por sí sola podría ayudar a liberar 15.000 millones de dólares en potencial comercio intrarregional, lo que apunta a una agenda de reformas de alto rendimiento que la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) podría impulsar con provecho.
Mientras que las grandes empresas latinoamericanas suelen tener como principales mercados de exportación las grandes economías lejanas, las pymes —las que participan en el comercio internacional— tienden a comerciar más dentro de la región. Reducir las barreras al comercio y la inversión regionales ayudaría a más pymes a seguir los pasos de Grupo Arcor, que comenzó en 1951 como una fábrica de caramelos en la provincia argentina de Córdoba y hoy es una empresa multimillonaria, con instalaciones de producción en toda América Latina y ventas en 120 países.
Antes de la recesión reciente, muchos países de América Latina habían avanzado en la reducción de la desigualdad económica. En el entorno mundial menos favorable de hoy, una acción concertada en toda la región para ampliar el comercio, junto con un enfoque centrado en garantizar que las pymes compartan los beneficios, contribuiría tanto al crecimiento como a la inclusión.
La política económica que se atiene a los principios de la ortodoxia, pero no da resultados para amplios sectores de la sociedad, está condenada al fracaso. Las economías avanzadas están aprendiendo ahora los riesgos que esto entraña. Es una película que los latinoamericanos ya han visto. Los mercados abiertos, el crecimiento inclusivo y sostenible y las sociedades tolerantes son el único camino a seguir. No podemos dejar a nadie atrás.
