La intersección entre el comercio y el trabajo es un tema que ha suscitado mucha atención en los últimos 12 meses. Desde el Brexit hasta las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los políticos han tratado de explotar la idea de que el comercio —y, en particular, la liberalización comercial— tiene efectos negativos en las normas y condiciones laborales.
Por supuesto, la liberalización comercial genera ganadores y perdedores. Varias industrias nacionales se han visto perjudicadas como resultado del aumento de la competencia mundial. También preocupa que, a medida que crece la movilidad mundial de bienes, servicios y capital, las bajas normas laborales en los países exportadores puedan menoscabar las normas laborales más estrictas de los países importadores y, a la larga, provocar una «carrera a la baja».
En realidad, las pruebas empíricas que respaldan la teoría de la carrera a la baja siguen siendo, en el mejor de los casos, ambiguas. No hay pruebas claras de que los bajos costes laborales mejoren significativamente el desempeño exportador o la inversión extranjera. Los costes laborales no suelen ser factores decisivos en las decisiones de inversión extranjera directa, en comparación con otros aspectos como la productividad laboral y la estabilidad política.
Sin embargo, el relato tiene fuerza. La idea de que la liberalización comercial afecta negativamente a las normas laborales en los mercados nacionales tiene especial resonancia entre la ciudadanía, y no es de extrañar que los políticos vuelvan a ella una y otra vez. Tampoco sorprende que la interacción entre los acuerdos comerciales y el trabajo haya ocupado a negociadores comerciales, analistas de políticas y académicos durante buena parte de los últimos 30 años.
¿Está mejorando la situación?
La cuestión central es si los acuerdos comerciales pueden o deben utilizarse para mejorar los derechos laborales y las condiciones sociales en todo el mundo. Quienes están a favor —en su mayoría, economías ricas y desarrolladas— sostienen, pese a las pruebas en contra, que promover las normas laborales por medio del comercio responde a la preocupación por una carrera a la baja. Según esta teoría, es más probable que las empresas trasladen sus actividades a países donde los costes laborales son bajos, lo que provoca pérdidas de empleo en el país de origen y la tentación de rebajar las normas laborales para conservar esos puestos de trabajo.
Del mismo modo, algunos han sostenido que existe el deber moral de utilizar los acuerdos comerciales para mejorar la situación de los trabajadores en el extranjero. Sin embargo, históricamente, un número considerable de países en desarrollo ha rechazado esta idea; también han aceptado la noción de que las bajas normas laborales pueden ofrecer una ventaja competitiva en el comercio. Consideran que los vínculos establecidos entre el comercio y el trabajoson mecanismos proteccionistas concebidos para eliminar una de las pocas ventajas de las que disponen los países en desarrollo en los mercados mundiales.
Por ello, se han rechazado sistemáticamente los intentos de incorporar normas laborales a las reglas de la Organización Mundial del Comercio Sin embargo, los vínculos entre el comercio y el trabajo se han incorporado a acuerdos comerciales bilaterales y regionales impulsados por grandes economías como la UE y Estados Unidos.
Ambos justifican las disposiciones laborales con argumentos basados en valores. Estados Unidos afirma que la protección de los derechos de los trabajadores en los tratados de libre comercio (TLC) es un valor fundamental, mientras que la UE afirma que esas disposiciones son un componente clave de su agenda basada en valores.
Aplicación
Los acuerdos negociados por la UE y Estados Unidos siguen un enfoque bastante similar. Ambos utilizan estos acuerdos para exigir a los países que cumplan las normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto impide que esos países —por ejemplo, Colombia, Perú y Corea del Sur— modifiquen las normas laborales nacionales o dejen de aplicarlas con el fin de obtener una ventaja competitiva en el comercio o la inversión.
Entonces, ¿estos acuerdos acaban mejorando los derechos laborales y las condiciones en los territorios de los socios comerciales de la UE y Estados Unidos? Estados Unidos ha tenido cierto éxito al lograr que sus socios comerciales acometan reformas importantes de la legislación laboral nacional antes de la entrada en vigor de los TLC estadounidenses.
El TLC entre Estados Unidos y Colombia es un buen ejemplo. Estados Unidos decidió no ratificar el acuerdo hasta quedar satisfecho con que Colombia hubiera adoptado varias reformas, desde mejoras en la aplicación de las leyes laborales hasta la protección de los dirigentes sindicales y la tipificación como delito de los actos antisindicales.
Un TLC firmado con la mayor economía del mundo es un señuelo eficaz, pero el historial de estos acuerdos tras su ratificación es mucho menos impresionante. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos indica que la aplicación de los requisitos sobre normas laborales incluidos en los TLC estadounidenses ha sido deficiente. Esto se debe, en parte, a la falta de mecanismos de aplicación: solo se ha emitido un laudo arbitral en relación con una violación laboral en virtud de un TLC estadounidense. También han faltado fondos y recursos para la supervisión.
Al menos, los acuerdos estadounidenses permiten imponer sanciones comerciales. En los TLC de la Unión Europea, las disposiciones laborales están exentas de los mecanismos de solución de diferencias: no hay mecanismos coercitivos de aplicación si el socio comercial decide incumplirlas.
Esto podría explicar por qué el impacto de los TLC de la UE en las normas laborales ha sido, al parecer, aún más limitado. La UE ha tenido que confiar en la supervisión y la cooperación amistosa para asegurarse de que sus socios comerciales cumplan las disposiciones laborales.
Las pruebas disponibles indican que el impacto ha sido limitado debido a la ineficacia de la supervisión y de la colaboración de la UE con las autoridades pertinentes y las organizaciones de la sociedad civil sobre el terreno.
Las críticas han surtido efecto. La UE ha presentado recientemente propuestas para mejorar la eficacia, pero la impresión que se desprende ahora es que existe una desconexión entre la retórica y la acción. Tanto la UE como Estados Unidos han tratado de presentar los TLC como herramientas para promover las normas laborales y proteger a los trabajadores. Sin embargo, ambos han fracasado a la hora de desarrollar la capacidad necesaria para hacerlos funcionar.
