El comercio transfronterizo requiere una conectividad jurídica sin fisuras junto a las redes físicas y digitales.
Las diferencias en las legislaciones nacionales generan una fricción económica que afecta de forma desproporcionada a las pequeñas empresas.
La interoperabilidad jurídica global crea normas previsibles para hacer cumplir contratos y resoluciones en el extranjero.
Una empresa puede vender un producto en todo el mundo con unos pocos clics. El dinero puede transferirse entre países en segundos. Los contratos pueden negociarse entre continentes y firmarse electrónicamente. Los activos digitales pueden existir sin ninguna conexión física aparente. Sin embargo, los derechos jurídicos que sustentan estas operaciones no cruzan automáticamente las fronteras junto con ellas.
¿Qué ocurre si un contrato internacional acaba en una controversia? ¿Qué tribunales de qué país pueden conocer del caso? ¿Se respetará la elección de tribunal hecha por las partes? ¿Se respetará la ley elegida por las partes para regir el contrato? ¿Puede ejecutarse una sentencia judicial contra bienes situados en otra jurisdicción? ¿Puede utilizarse en otro país un documento oficial expedido en uno? Y, a medida que el comercio se digitaliza cada vez más, ¿qué ley rige un activo digital o un documento comercial electrónico que circula entre jurisdicciones?
Pueden parecer cuestiones para abogados, pero son, en esencia, cuestiones económicas. La fricción jurídica es fricción económica.
La incertidumbre, los procedimientos largos y los obstáculos para la ejecución transfronteriza tienen un coste. Las grandes multinacionales tienen más probabilidades de disponer de los recursos y las redes necesarios para superarlos. Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, a menudo no los tienen. Para ellas, la fricción jurídica puede convertirse en una barrera real para acceder a mercados extranjeros o hacer valer sus derechos.
Reducir esa fricción hace que el comercio sea más accesible, previsible e inclusivo. Y exige algo de lo que la economía mundial depende cada vez más: la interoperabilidad jurídica.
La interoperabilidad no implica uniformidad
Al igual que en la tecnología, la interoperabilidad jurídica no depende de sistemas idénticos, sino de normas comunes que permiten que sistemas diferentes funcionen juntos. Los países tienen tradiciones jurídicas y opciones de política diferentes; el comercio internacional requiere conexiones fiables entre ellos, no un único sistema jurídico mundial.
En la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH), nuestro trabajo gira en torno precisamente a este desafío. Desde 1893, hemos elaborado tratados internacionales, conocidos como convenios de la HCCH, que establecen normas y mecanismos comunes para situaciones transfronterizas. Cuando los Estados se adhieren a nuestros convenios, conectan sus sistemas jurídicos sin renunciar a sus propias leyes nacionales.
Hoy en día, los marcos de la HCCH conectan a 158 Estados y a la Unión Europea mediante más de 1.000 acciones relativas a tratados, cada una de las cuales representa una decisión de un Estado o de la Unión Europea de adherirse a un convenio de la HCCH. El principio es sencillo: conectar los sistemas jurídicos cuando sea necesario, respetando sus diferencias.
Reducir la fricción jurídica en la práctica
Convertir la interoperabilidad jurídica en una realidad económica depende de instrumentos internacionales específicos que abordan los principales puntos de fricción.
Por ejemplo, dos empresas pueden acordar qué tribunales de qué país resolverán una controversia, pero lo que importa desde el punto de vista económico es si esa elección se respeta y si la sentencia resultante puede ejecutarse allí donde se encuentran los bienes de la contraparte. Una resolución que se detiene en la frontera tiene poco valor práctico.
Los Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro y Convenios sobre Sentencias hacen que estos resultados sean previsibles, garantizando que las resoluciones jurídicas puedan cruzar fronteras junto con las operaciones comerciales que cubren. Estos tratados complementan, en lugar de competir con, el arbitraje y la mediación, formando un tríptico más amplio de mecanismos internacionales de resolución de controversias adaptados a distintas necesidades comerciales.
Más allá de la resolución de controversias, los marcos de la HCCH agilizan la administración transfronteriza cotidiana al ayudar a los tribunales a obtener pruebas y notificar documentos judiciales en el extranjero. El Convenio de La Apostilla de 1961, por ejemplo, sustituyó largas cadenas de legalización por un único certificado. Hoy conecta a 130 partes contratantes y se utiliza decenas de millones de veces al año, con certificados cada vez más expedidos y verificados en línea a través del Programa electrónico de Apostilla (e-APP).
Estos mecanismos rara vez acaparan titulares económicos, pero, al hacer que los resultados jurídicos sean transferibles, reducen cada día costes, retrasos e incertidumbre.
La interoperabilidad digital necesita interoperabilidad jurídica
La tecnología puede eliminar las barreras geográficas, pero no las diferencias entre las legislaciones nacionales. Los documentos comerciales electrónicos, los tokens digitales y las nuevas formas de dinero digital pueden cruzar fronteras con rapidez, mientras persisten preguntas básicas: qué tribunal tiene jurisdicción; qué ley se aplica; cómo serán reconocidos los derechos en otros lugares.
La HCCH está adaptando los marcos existentes al entorno digital, al tiempo que aborda nuevas cuestiones generadas por la digitalización. El trabajo actual incluye los registros electrónicos transferibles, los tokens digitales y las implicaciones jurídicas transfronterizas de las monedas digitales de los bancos centrales. Además, los marcos existentes se están digitalizando mediante las Apostillas y registros electrónicos, la transmisión electrónica de documentos y la prestación de servicios y la obtención de pruebas facilitadas por la tecnología.
El objetivo es la seguridad jurídica que permita que la innovación funcione de forma fiable entre jurisdicciones. La interoperabilidad digital sin interoperabilidad jurídica es incompleta.
Multilateralismo práctico entre bastidores
En conjunto, estas más de 1.000 acciones relativas a tratados crean una red multilateral que, de otro modo, requeriría más de 33.900 acuerdos bilaterales distintos para reproducirse, un notable efecto multiplicador de la cooperación multilateral.
Entre bastidores, estos marcos reducen la duplicación y crean canales previsibles de cooperación: los documentos y las resoluciones pueden cruzar fronteras, las pruebas pueden obtenerse en otros países y las empresas pueden confiar con mayor seguridad en las elecciones contractuales.
La fricción jurídica es fricción económica, y reducirla es esencial para construir la infraestructura del comercio moderno.
La red sigue siendo incompleta. Cada Estado adicional que se adhiera y aplique estos marcos fortalece el sistema. Por ello, ampliar la participación forma parte no solo de la agenda jurídica, sino también de la facilitación del comercio, la inversión y la competitividad.
Construir la infraestructura jurídica de un mundo conectado
Los gobiernos, las empresas y las organizaciones internacionales dedican, con razón, una enorme atención a la conectividad física y a la transformación digital. Debe otorgarse la misma prioridad a la infraestructura jurídica invisible que permite que esas redes funcionen de forma segura a través de las fronteras.
El objetivo no es una ley mundial única, sino un sistema en el que los marcos jurídicos nacionales funcionen juntos de forma previsible y eficiente. Lograrlo exige integrar la interoperabilidad jurídica en los debates de política convencional sobre comercio, resiliencia de las cadenas de suministro y gobernanza digital.
Si los bienes, los servicios, el capital y los datos han de circular sin fisuras en una economía globalizada, los sistemas jurídicos que los sustentan también deben conectarse. La fricción jurídica es fricción económica, y reducirla es esencial para construir la infraestructura del comercio moderno.
