Existe una brecha de conocimiento en el seguimiento de la regulación de la economía digital.
La falta de mejores prácticas globales compartidas obstaculiza la innovación y aumenta el riesgo de fragmentación digital.
La gobernanza de datos y las plataformas en línea son dos focos recientes y clave de la regulación.
La vida está llena de ironías. Se suponía que internet anunciaría una era de mayor transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos, poniendo más información en manos de los ciudadanos. Sin embargo, resulta que la regulación de la economía digital es uno de los ámbitos de política menos transparentes. Ninguna organización internacional hace un seguimiento sistemático de los cambios en las leyes, las normativas y las prácticas de aplicación en este ámbito. Los medios de comunicación ya no disponen de los recursos para tareas como esta. Unos pocos think tanks e investigadores publican informes ocasionales. Para los despachos de abogados, la vigilancia de políticas suele ser solo una herramienta de marketing.
Nada bueno surge de esta brecha de conocimiento. Apenas se identifican las mejores prácticas, y mucho menos se comparten. Las normativas mal diseñadas amenazan con fragmentar la economía digital, comprometiendo modelos de negocio que solo son rentables a gran escala. Las empresas afrontan enormes riesgos políticos que, a su vez, reducen el incentivo para innovar. El coste y la calidad de la oferta de servicios se deterioran. Las pymes, cuya contribución a economías más inclusivas es cada vez más reconocida, se ven obstaculizadas por los costes de cumplimiento.
La necesidad imperiosa de regular adecuadamente la economía digital debe ir acompañada de una vigilancia amplia de las políticas públicas. Con este fin, creamos el Digital Policy Alert. Nuestro objetivo es ofrecer un seguimiento exhaustivo e imparcial de los avances regulatorios en nueve áreas del derecho en las naciones del G20 y en Europa. Aquí informamos sobre las tendencias que hemos extraído de seis meses de funcionamiento.
Fuera del foco de los medios
Las acciones de control de la competencia contra los gigantes digitales, las conversaciones globales sobre cuestiones fiscales y la represión china contra el sector tecnológico acaparan titulares. Sin embargo, al analizar los más de 700 cambios de políticas y regulación propuestos hasta ahora este año, hay bastante actividad que se produce por debajo del radar (véase más abajo). Por ejemplo, ha habido casi 300 avances en normas de gobernanza de datos solo en el G20 y en Europa. Ha habido el doble de avances en regulación de contenidos y propiedad intelectual que en el ámbito fiscal. La vigilancia sistemática de las políticas permite a los responsables políticos y asesores evitar la búsqueda del borracho: buscar las llaves bajo la farola porque es allí donde hay luz. Así podrán centrarse en las cuestiones significativas, en lugar de en aquellas que reciben atención mediática.
Hasta ahora este año, las acciones de funcionarios estadounidenses y europeos representan algo más de la mitad de las iniciativas políticas que afectan a la economía digital (véase más abajo).
En Europa, la Comisión Europea estableció condiciones para la transferencia de datos fuera de la UE, adoptando las generales cláusulas contractuales tipo así como aprobó decisiones individuales para el Reino Unido y Corea del Sur que determinan que estos países tienen niveles adecuados de protección de datos. En los Estados miembros observamos más actividad relacionada con la moderación de contenidos, la aplicación nacional del RGPD y la tributación de la economía digital. El derecho de la competencia es objeto de atención tanto de las autoridades nacionales como supranacionales, como veremos a continuación.
Las áreas reguladoras más activas en Estados Unidos reflejan las de Europa. Las iniciativas estatales y federales se concentran en torno a cuestiones de gobernanza de datos. Los estados, sin embargo, actuaron con más frecuencia en materia fiscal, y los gobiernos federales recurrieron más a las acciones antimonopolio. A ambos lados del Atlántico, es razonable preguntarse con qué base los reguladores y responsables políticos priorizan sus acciones. ¿En qué medida el miedo y las desigualdades percibidas, en lugar de una comparación metódica entre países y un debate deliberado, impulsan la intervención política? ¿Se están considerando las opciones de política menos restrictivas para el comercio? Esto es especialmente importante dado el efecto Bruselas, es decir, la tendencia de los gobiernos extranjeros a adoptar las normativas promulgadas por la Unión Europea.
Plataformas en línea en el punto de mira
Gran parte de la actividad política y regulatoria observada abarca la economía digital en su conjunto, afectando en principio a cualquier servicio prestado en línea (véase más abajo). Durante 2021, sin embargo, las plataformas en línea han sido un foco particular en al menos dos áreas de regulación: la moderación de contenidos, así como el derecho de la competencia y su aplicación. Se adoptaron normativas que obligan a las plataformas a moderar el contenido de los usuarios en varias naciones europeas, así como en India y Rusia, y están en deliberación en Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos. Reforzando los requisitos de moderación, algunos gobiernos, incluidos Austria y Francia, hicieron responsables a las plataformas de contenidos de usuarios específicos.
El derecho de la competencia y su aplicación son especialmente activos a escala mundial y se dirigen principalmente a las grandes plataformas en línea. En enero de 2021, Alemania implementó una modificación de su derecho de la competencia que amplía la definición de mercado y permite a su autoridad de competencia evaluar de forma preventiva las amenazas a la competencia en línea. La autoridad alemana de competencia ha iniciado desde entonces investigaciones contra los GAFA gigantes tecnológicos y recientemente ha manifestado un apetito por más. Alemania está lejos de ser la única. El Reino Unido creó una nueva Digital Markets Unit e inició varias investigaciones temáticas de derecho de la competencia, al igual que Australia y Sudáfrica. Varios países investigan actualmente las prácticas de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, siendo Corea del Sur el primero en actuar y en exigir la apertura de las tiendas de aplicaciones a sistemas de pago alternativos.
Proteccionismo encubierto
La base de datos del DPA incluye menos de 50 cambios de políticas en 2021 que discriminan abiertamente a los proveedores digitales extranjeros. Los instrumentos de política pertinentes, supuestamente motivados por consideraciones de interés nacional, incluyen requisitos de operación local y almacenamiento de datos, obligaciones de invertir en contenido local y restricciones a la IED. ¿Es apropiado concluir que tan pocos casos de discriminación abierta implican un escaso riesgo de fragmentación para la economía digital mundial? No somos optimistas.
¿Qué hace el Foro para dar forma a la gobernanza de las tecnologías emergentes?
En la economía digital, la distinción entre la discriminación de jure y de facto resulta especialmente pertinente. Es fácil que los gobiernos afirmen que regulan a los proveedores de plataformas de forma imparcial cuando no existe ni un solo proveedor nacional significativo. Cuando existen competidores locales, ¿qué garantías hay de que la acción de cumplimiento no esté influida por consideraciones de política industrial? Muchos gobiernos interesados en regular activamente la economía digital también tienen políticas para fomentar las empresas digitales locales. La transparencia limitada y la ausencia de una evaluación integral de la formulación de políticas digitales en todos los ámbitos dificultan identificar este proteccionismo indirecto, que además frena el crecimiento de la economía digital mundial.
