En 1831, cuando Charles Darwin embarcó en The Beagle para su viaje de exploración de cinco años, los barcos se orientaban con la ayuda de cronómetros, que indicaban la hora exacta en un lugar de referencia. Esa hora, comparada con el mediodía solar local, permitía determinar la longitud actual. Para garantizar la precisión (el movimiento de las olas afectaba al cómputo del tiempo), un barco necesitaba al menos tres cronómetros. The Beagle llevaba 22.
Como el viajero del siglo XIX, el ingeniero moderno valora la redundancia, en forma de mecanismos de respaldo y seguridad (la mayoría consideraría adecuada la provisión estándar de triplicado). Los economistas, sin embargo, priorizan la eficiencia sobre la redundancia, un enfoque que, pese a sus evidentes ventajas, también presenta inconvenientes.
Cierto es que sería una caricatura afirmar que la perspectiva de un economista menosprecia las copias de seguridad en sistemas críticos para la seguridad. Pero, cuando se trata de decisiones de inversión, los economistas se centran en el uso más eficiente de los recursos, tal como revela el análisis coste-beneficio.
Esto tiene, sin duda, mucho sentido: las políticas públicas, ya sea gastando dinero de los contribuyentes o regulando a las empresas, deberían generar el máximo valor posible. El análisis coste-beneficio ayuda a garantizar que el exceso de optimismo no conduzca a un gasto malgastado. También puede evitar la manipulación estratégica de las decisiones de inversión, impulsada, por ejemplo, por la competencia entre regiones o entre proveedores por proyectos financiados con fondos públicos.
En un nuevo libro, The Cost-Benefit Revolution, el jurista estadounidense Cass Sunstein celebra la expansión gradual del uso de análisis coste-beneficio para orientar la política regulatoria en Estados Unidos desde la década de 1980. Otros países también utilizan el análisis coste-beneficio; por ejemplo, el Tesoro del Reino Unido publica un manual sobre cómo llevarlo a cabo.
Pero la eficiencia no lo es todo, y los beneficios a largo plazo de una inversión no siempre están claros desde el principio. De hecho, deberíamos alegrarnos de que las generaciones anteriores no estuvieran atadas al análisis coste-beneficio.
En el Londres victoriano, el ingeniero Joseph Bazalgette construyó un sistema de alcantarillado con capacidad suficiente para durar más de 150 años; solo ahora se está ampliando. Thomas Jefferson consideraba una locura el proyecto del Canal de Erie, pero su coste (unos 100 000 millones de dólares actuales) se recuperó con relativa rapidez. Ningún economista que manejara estimaciones plausibles de tasas de descuento y beneficios esperados habría respaldado la construcción de la Ópera de Sídney, ni la de ninguno de los emblemáticos edificios municipales que engalanan muchas ciudades del mundo; los cubos de hormigón utilitarios habrían sido mucho más eficientes.
El reto consiste en distinguir los proyectos potencialmente emblemáticos de los elefantes blancos más comunes, cuyos costes de operación y mantenimiento no guardan proporción con su valor. Además, la construcción suele acabar costando mucho más de lo previsto. Bent Flyvbjerg, experto en megaproyectos, los describe como “con presupuestos excedidos, con retrasos, una y otra vez”, mostrando que nueve de cada diez tienen sobrecostes, a menudo del 50 % o más de la estimación original.
Parte del reto de evaluar proyectos de inversión importantes o (potencialmente) emblemáticos es que el análisis coste-beneficio estándar no funciona para proyectos que probablemente cambien de forma significativa la tasa de crecimiento de la economía, como hizo el Canal de Erie al estimular el comercio. Solo funciona para decisiones marginales de menor escala. Desde luego, no tiene en cuenta el poder de las narrativas para dar forma a los resultados económicos, como describió el economista galardonado con el Premio Nobel Robert J. Shiller.
Los economistas deberían reconocer las limitaciones del análisis coste-beneficio y ofrecer un método más riguroso para analizar los mecanismos de retroalimentación no marginales y no lineales que afectan a las grandes inversiones. En términos más generales, la eficiencia no puede ser el único criterio para organizar la economía. Eso debería haber resultado obvio hace una década, cuando quedaron al descubierto las vulnerabilidades sistémicas de los mercados financieros, con su afán exclusivo de maximizar los beneficios.
De igual modo, las cadenas de suministro just-in-time, que reducen costes al disminuir la cantidad de bienes y materiales almacenados, han demostrado ser vulnerables a desastres naturales (como las inundaciones) u otras perturbaciones (como las huelgas de trabajadores). En un momento en que el proteccionismo está en auge, el riesgo de interrupciones comerciales no hace sino aumentar.
Desde una perspectiva política también, la eficiencia óptima no siempre es deseable. En una democracia, conciliar los conflictos de intereses entre las partes interesadas puede exigir sacrificar algo de eficiencia. Podría considerarse una forma de redundancia que aporta resiliencia política.
Determinar exactamente cuánta eficiencia debe sacrificarse, y en qué casos, nunca es fácil. Incluso The Beagle quizá exageró en redundancia: regresó en 1836 con 11 de sus cronómetros a bordo todavía funcionando. Pero, dado el impacto a largo plazo del trabajo de Darwin en ese viaje, los beneficios superaron con creces el coste innecesario.
