La segunda mitad del siglo XX fue testigo de una convergencia entre la ciencia y las políticas públicas. Esto condujo a la creación de varias organizaciones científicas intergubernamentales en Europa, empezando por el CERN en 1954, que hoy son líderes mundiales en sus respectivos campos.
En conjunto, abarcan un amplio espectro de investigación básica, desde la física fundamental hasta las ciencias de la vida. Todas han contribuido al conocimiento y la innovación en los que se basa nuestra sociedad moderna: por ejemplo, la World Wide Web se creó en el CERN, y el laboratorio ha contribuido al desarrollo de numerosas tecnologías, desde las técnicas de diagnóstico por imagen y los tratamientos médicos hasta la energía solar. Esto es lo que ocurre cuando la ciencia y las políticas públicas trabajan juntas.
El CERN y organizaciones similares nacieron gracias a los esfuerzos de científicos y responsables de políticas públicas visionarios que querían fomentar la excelencia científica y la colaboración pacífica entre países, para que la ciencia pudiera servir a la sociedad en un sentido más amplio. Se fundan en el ideal de que personas y naciones trabajen juntas para resolver problemas comunes y alcanzar objetivos compartidos. Hoy, más que nunca, el mundo necesita el tipo de alianza entre ciencia y políticas públicas que estas organizaciones representan.
El mundo actual ha cambiado mucho desde la época en que se creó el CERN. Vivimos un momento de enormes oportunidades generadas por los avances de la ciencia y la tecnología, pero al mismo tiempo afrontamos grandes desafíos sociales, desde el abastecimiento de alimentos hasta el cambio climático, que requieren la contribución de la ciencia para poder superarse. Quizá el mayor desafío de todos sea garantizar que la ciencia figure en la agenda política desde el principio.
Cualquier desconexión entre la ciencia y las políticas públicas puede tener consecuencias negativas para todos, porque socava la toma de decisiones basada en pruebas justo cuando más la necesitamos. Si la ciencia no participa plenamente en la formulación de políticas, es probable que veamos decisiones mal fundamentadas, con consecuencias mundiales en cuestiones como el clima, y que tengamos dificultades para aprovechar las oportunidades que ofrecen la ciencia y la tecnología.
En 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que ofrece una gran oportunidad para que las políticas públicas y la ciencia trabajen juntas. La Agenda es una hoja de ruta única para la comunidad internacional durante los próximos años: fija metas ambiciosas en 17 ámbitos, desde erradicar la pobreza y garantizar la salud y el bienestar hasta promover sociedades pacíficas e inclusivas. En muchos de estos ámbitos, la ciencia tiene un papel importante e indispensable.
Muchos científicos prefieren mantenerse al margen de las políticas públicas y, de hecho, permanecer completamente fuera del ojo público. A veces, esto se debe a la frustración de ver cómo se tergiversan los matices de las pruebas para producir los llamativos titulares de «los científicos han demostrado» que buscan ciertos sectores de los medios de comunicación. A veces, les preocupa que se haga un uso indebido de sus resultados y que contribuir a los debates sobre políticas pueda socavar su integridad científica y su credibilidad profesional. En ocasiones, sencillamente, sus habilidades se aprovechan mejor en el laboratorio.
El ámbito de las políticas públicas no es para todos los científicos, ni debería serlo. Pero para quienes están dispuestos y pueden participar en este mundo complejo y exigente, hacerlo es cada vez más importante. Nuestro futuro compartido depende de ello. Necesitamos que los científicos participen en el debate público y que quienes toman decisiones comprendan plenamente el papel y la naturaleza de la ciencia.
Una política basada en la ciencia no significa que debamos tener científicos en puestos de poder político, aunque en muchas administraciones el número de científicos entre nuestros representantes electos es preocupantemente bajo. Tampoco significa que debamos sustituir el debate político por un intercambio de datos científicos. Y, desde luego, no significa que los científicos posean una forma especial de superioridad moral en el ámbito público.
Lo que sí significa es que necesitamos que los científicos y la ciencia sean una parte valorada y respetada del discurso mundial, para que las decisiones sobre políticas públicas se fundamenten en pruebas. Esto no conducirá necesariamente a un resultado concreto en el ámbito de las políticas públicas, pero garantizará que las decisiones no se tomen a ciegas. Sea cual sea la decisión de quienes nos gobiernan, la tomarán con un conocimiento claro de sus probables consecuencias, basado en el estado actual de las pruebas científicas. Por eso, necesitamos urgentemente fortalecer la confianza y el diálogo entre científicos y responsables de políticas públicas; para lograrlo, los científicos deben participar y quienes formulan las políticas deben escuchar.
