La Comisión Europea ha propuesto recientemente el primer borrador de una nueva Ley de Datos para liberar el valor de los datos generados por los objetos conectados en Europa.
La propuesta de Ley de Datos es una parte clave de la estrategia europea para los datos.
Esta legislación tiene como objetivo eliminar las barreras al acceso a los datos y, al mismo tiempo, preservar los incentivos para invertir en su generación.
El 23 de febrero, la Comisión Europea propuso el primer borrador de su nueva Ley de Datos. Su principal objetivo es garantizar un reparto justo del valor de los datos entre los actores de la economía digital y fomentar el intercambio de datos entre sectores. Pretende frenar un modelo de negocio en el que los datos de los dispositivos del Internet de las cosas (IdC) quedan bloqueados para que solo los utilice el fabricante o unos pocos actores.
Por ejemplo, al hacer un seguimiento preciso del uso de objetos inteligentes, los fabricantes suelen poder ofrecer a sus clientes servicios adicionales —como reparación y mantenimiento— incluso antes de que surja un problema. Esto dificulta que nuevas empresas se establezcan en el mercado o que los competidores ya establecidos ofrezcan nuevos servicios.
Europa se dio cuenta hace años de que, para crear una economía de datos sostenible, debía distribuir mejor el valor generado por los datos, especialmente los datos industriales no personales y los datos del Internet de las cosas (IdC). El objetivo de la Ley de Datos es permitir que los usuarios de objetos conectados accedan a sus propios datos —también cuando estén incorporados en bienes inmuebles, como edificios— y, en consecuencia, facilitar que terceros desarrollen una gama más amplia de servicios, que el usuario acepta compartir sus datos a cambio de un mejor precio o de una mayor calidad de servicio.
Sin embargo, como se ha visto recientemente con la propuesta de la UE de una Ley de IA, puede ser difícil equilibrar la protección de los derechos de la ciudadanía con la competitividad económica de la UE, y ello requiere evaluaciones complejas. Como dijo a principios de 2019 la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es importanteevitar efectos perjudiciales para los derechos y las libertades de la ciudadanía, «preservando altos estándares de privacidad, seguridad, protección y ética».
La estrategia de datos de Europa
El proyecto de legislación es solo una parte de una importante estrategia europea para los datos, presentada por la Comisión Europea en febrero de 2020. Europa aspira a crear un auténtico mercado único de datos y convertirse en líder mundial de una economía capaz de aprovechar los datos con agilidad. Esto da continuidad a una resolución de 2021 mediante la cual el Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea a presentar una regulación que fomente y permita una circulación mayor y más justa de los datos en todos los sectores. En la misma resolución, el Parlamento Europeo también destacó que los desequilibrios del mercado derivados de la concentración de datos tienen varios efectos negativos en el comercio digital, como las restricciones a la competencia, la creación de barreras de entrada al mercado y la reducción del acceso y el uso de los datos en un sentido más amplio.
El proyecto de propuesta busca garantizar que las empresas de todos los sectores puedan innovar y competir sin reducir las garantías de los derechos individuales. Ofrece a las empresas y a los organismos del sector público un mecanismo proporcionado y previsible para afrontar importantes desafíos políticos y sociales, incluidas las emergencias públicas, como la pandemia.
Preparada para la era digital
La propuesta de Reglamento refleja el objetivo de la Comisión de preparar a Europa para la era digital. Una economía preparada para el futuro y al servicio de las personas se caracterizará por un alto grado de confianza, seguridad, protección y opciones para los consumidores. Esta propuesta pretende respaldar el desarrollo del mercado interior de datos, para que los datos del sector público, las empresas y las personas se aprovechen de la mejor manera posible. Por ejemplo, las autoridades públicas podrán responder con rapidez y eficacia a las emergencias públicas accediendo a datos en manos de empresas privadas en determinadas circunstancias excepcionales, como emergencias públicas, pandemias, inundaciones o incendios forestales. Del mismo modo, las empresas privadas podrán ofrecer productos o servicios de mayor calidad y tomar mejores decisiones basándose en más información.
En este sentido, la Ley de Datos pretende aumentar la seguridad jurídica en torno al intercambio de datos generados mediante el uso de determinados productos o servicios, así como poner en práctica normas que garanticen la equidad en los contratos de intercambio de datos. La Comisión pretende que la propuesta facilite el acceso a los datos tanto a los consumidores como a las empresas, al tiempo que motive a los inversores en nuevas empresas basadas en datos. Para aumentar la confianza de los usuarios en los servicios de tratamiento de datos, la propuesta establece salvaguardias contra la transferencia ilícita de datos.
La Ley de Datos se ha diseñado para que sea coherente con las normas vigentes, incluidas las relativas al tratamiento de datos personales, como el RGPD de la UE y la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas de la UE, así como aquellas que regulan otros aspectos de la economía digital estrechamente relacionados. La Comisión Europea ha declarado claramente que la propuesta no afectará a las normas vigentes en los ámbitos de la propiedad intelectual (con una excepción relativa a la Directiva sobre bases de datos), la competencia, la justicia y los asuntos de interior y la cooperación internacional relacionada, las obligaciones comerciales ni la protección jurídica de los secretos comerciales.
Aumentar la seguridad jurídica
La propuesta pretende aumentar la seguridad jurídica para los usuarios y las empresas al exigir a los fabricantes y diseñadores que diseñen productos cuyos datos recopilados sean fácilmente accesibles por defecto. La propuesta obliga al titular de los datos a ponerlos a disposición de terceros cuando el usuario lo solicite. En términos sencillos, los usuarios podrán pedir al titular de los datos que permita a otras empresas acceder a ellos, incluidos los proveedores de servicios posventa o los competidores; las pequeñas y microempresas (pymes) estarán exentas de estas obligaciones.
El proyecto también establece normas generales sobre la obligación de poner los datos a disposición. Cuando un titular de datos esté obligado a facilitarlos a otra empresa, las condiciones deberán ser justas y no discriminatorias, y la compensación, razonable. La propuesta también prevé la creación de órganos de resolución de litigios que podrán ayudar a las partes que discrepen sobre la compensación o las condiciones a alcanzar un acuerdo.
La Comisión Europea aborda la injusticia de las condiciones contractuales en los contratos de intercambio de datos entre empresas, centrándose en situaciones en las que existe un desequilibrio en el poder de negociación entre las partes, por ejemplo, cuando una de ellas impone unilateralmente las condiciones contractuales a una pyme. Al igual que en el ámbito de la protección de los consumidores, para proteger a la parte contractual más débil, la Ley introduce una prueba de equidad que impide que las condiciones injustas obstaculicen el uso de los datos por cualquiera de las partes contratantes. Con estas disposiciones, la Comisión pretende garantizar un reparto más justo del valor en la economía de los datos.
La Ley de Datos regula a los proveedores externos de servicios en la nube mediante la introducción de requisitos normativos mínimos de carácter contractual, comercial y técnico para los proveedores de servicios en la nube y de otros servicios de tratamiento de datos. Estas disposiciones pretenden permitir a los usuarios cambiar de un servicio a otro sin perder funcionalidades.
Por último, la propuesta aborda el acceso ilícito de terceros a datos no personales almacenados en la UE. Los proveedores estarán obligados a adoptar todas las medidas técnicas, jurídicas y organizativas razonables para impedir dicho acceso cuando entre en conflicto con otras obligaciones de protección de esos datos, salvo que se cumplan condiciones estrictas.
Un equilibrio difícil
Con su nueva propuesta legislativa, la UE ha dejado claro —una vez más— que las nuevas tecnologías y los nuevos servicios digitales tienen el potencial de transformar nuestro mundo para mejor, pero también entrañan riesgos potenciales para nuestros derechos fundamentales.
El nuevo Reglamento intenta responder a las necesidades de la economía digital, eliminar las barreras que impiden el buen funcionamiento del mercado interior de datos y promover un intercambio justo mediante el establecimiento de un marco armonizado que especifique quién, aparte de los fabricantes u otros titulares de datos, tiene derecho a acceder a los datos generados por los productos, en qué condiciones y sobre qué base. Con esta propuesta, que sin duda será objeto de varios ajustes en los próximos meses, la UE ha comenzado a crear un marco claro y seguro para las empresas del sector digital, a fin de facilitar la innovación y generar confianza entre los clientes y usuarios.
