Se ha aplicado en Alaskadurante años, y en Irán desde 2011, pero los suecos no creen que sea una buena idea.
Finlandia tiene un ensayo en curso y el Reino Unido está considerando un programa piloto. Mientras tanto, en Kenia, una organización benéfica intenta poner en marcha «el mayor experimento de la historia».
¿De qué hablamos? De la renta básica universal, o RBU.
La RBU supone un cambio radical respecto de los sistemas actuales de prestaciones sociales sujetas a la comprobación de recursos y se basa en la idea de que todas las personas, independientemente de su condición, empleo o riqueza, reciban periódicamente una suma de dinero del gobierno. Mientras algunos países experimentan con programas de renta básica y destacados emprendedores tecnológicos respaldan el concepto, un nuevo estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugiere que la RBU quizá no sea todo lo que promete.
¿Qué es?
La RBU es un pago de cuantía fija que no está vinculado a los ingresos obtenidos ni a las prestaciones sociales existentes. Todo ingreso que supere esa cantidad fija tributa con normalidad.
La idea de la RBU es acabar con la pobreza proporcionando a todos un nivel básico de ingresos. Sus defensores afirman que esto daría a quienes ya están por encima del umbral de pobreza la seguridad económica para perseguir sus ambiciones laborales, así como para acceder a la educación y la formación. También sostienen que fomentaría el emprendimiento, ya que poner en marcha un negocio nuevo sería menos arriesgado con una red de seguridad.
Quienes apoyan la RBU sostienen que sería un sistema menos costoso de gestionar que las prestaciones sociales actuales sujetas a la comprobación de recursos. Reforzaría la cohesión social y acabaría con el estigma asociado a las prestaciones por desempleo. Quienes realizan trabajos no remunerados, como los progenitores que se quedan en casa y las personas cuidadoras, recibirían ingresos, y los trabajadores más pobres obtendrían un impulso muy necesario para sus salarios.
Sus detractores, sin embargo, argumentan que algunas personas podrían optar por no trabajar. También cabe preguntarse si atraería a más personas a trasladarse al país que ofreciera una renta básica, avivando las tensiones en torno a la inmigración.
Y está la cuestión fundamental de cómo se financiaría.
Aunque la RBU no es una idea nueva, ha cobrado impulso recientemente por la creciente preocupación por la creciente desigualdad, y por la posibilidad de que, en un futuro muy próximo, se pierdan millones de puestos de trabajo debido a la automatización.
¿Podemos permitírnosla?
El reciente informe de la OCDE sobre la RBU compara los costes en cuatro países de la OCDE —Finlandia, Francia, Italia y el Reino Unido— y concluye que no es una solución mágica contra la pobreza.
Para empezar, la OCDE afirma que una RBU que saque a las personas de la pobreza costaría mucho más de lo que los países destinan actualmente a las prestaciones sociales.
Esto significa que para financiarla serían necesarios enormes aumentos de impuestos —de hasta el 10 % del PIB en algunos países—, así como una reducción de otras prestaciones.
El informe también señala que no todo el mundo se beneficiaría. Las personas ricas y las pobres serían las que menos ganarían, mientras que las de ingresos medios serían las más beneficiadas. Las personas que se jubilan anticipadamente también podrían salir perdiendo. Según la OCDE, quienes reciben prestaciones actualmente saldrían perdiendo, sobre todo en países donde la protección social existente es integral.
La OCDE concluye que, sin prestaciones específicas o un gasto mucho mayor, el riesgo de pobreza podría incluso aumentar, ya que las personas perderían las prestaciones que reciben actualmente a cambio de la RBU.
En cuanto a cómo recaudar el dinero para financiar la RBU, algunos proponen que un porcentaje del capital social (acciones) de cada oferta pública inicial (OPI) se destine a un Fondo Común de Capital, que después se utilizaría para financiar la renta. Otros afirman que podríamos recaudar el dinero gravando todas las formas de contaminación, las transacciones financieras y las grandes fortunas.
¿Cuáles son las alternativas?
La OCDE sugiere que podría funcionar una modalidad más moderada de RBU, en la que se mantuvieran algunas prestaciones existentes —por ejemplo, las destinadas a quienes se jubilan anticipadamente—. Otra opción sería ofrecerla solo durante un número determinado de años a lo largo de la vida de una persona, quizá con restricciones.
Pero Margareta Drzeniek, directora de Competitividad y Riesgos Globales y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial, sostiene que la RBU no es una panacea para la pobreza ni para los desafíos que plantea la automatización del empleo:
«Deberíamos explorar otras opciones. Necesitamos más innovación y experimentación en materia de políticas para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y la distribución de los ingresos en un mundo marcado por la Cuarta Revolución Industrial», afirma.
«El Marco de Crecimiento Inclusivo del Foro Económico Mundial muestra que hace falta un conjunto más amplio de políticas y medidas, que incluya, entre otras cosas, sistemas de seguridad social que funcionen bien».
El Marco de Crecimiento Inclusivo comprende numerosas iniciativas en ámbitos como la educación y las competencias, los servicios básicos y las infraestructuras, y el empleo y la remuneración laboral. Su objetivo es elevar el nivel de vida y, al mismo tiempo, reforzar el crecimiento.
¿Funciona?
Actualmente, Alaska es el único ejemplo de una RBU de amplia cobertura que sigue vigente, aunque se trata de un pago anual único y no de un salario digno. En 1976, el estado de Alaska creó el Fondo Permanente de Alaska, que recibe al menos el 25 % de los ingresos de la red de oleoductos de transporte de petróleo. Todos los residentes permanentes de Alaska pueden solicitar un dividendo anual. En 2016, fue de 1.022 dólares.
Un estudio sobre los efectos del dividendo concluyó que los habitantes de Alaska no trabajaban menos. Tampoco hubo una oleada de personas que se mudaran al estado para beneficiarse del pago gratuito —otro argumento contra la RBU—, pese a que los recién llegados tienen derecho a recibirlo después de un año.
El programa de pagos en efectivo de Irán también demostró que sus beneficiarios no se volvieron reacios a trabajar.
Un informe sobre el programa iraní, en el que cada hogar recibía casi un tercio (29 %) del ingreso mediano por hogar, o unos 1,50 dólares adicionales por persona cabeza de familia al día, señaló que no había pruebas de que la gente trabajara menos. Según el informe, algunos incluso trabajaban más horas.
Sin embargo, Irán tuvo dificultades para costearlo. Desde el inicio del programa, millones de personas han perdido el acceso a los pagos.
La OCDE concluye que, pese a las deficiencias de la RBU, el debate «arroja luz de manera útil sobre las lagunas de los sistemas de protección social, y las prestaciones universales alivian los problemas de cobertura».
