• América Latina y el Caribe tienen un acceso digital desigual y costoso.
• Promover la digitalización aumentaría la inclusión social, financiera, educativa y sanitaria en el periodo de recuperación de la COVID.
• Mejorar esta infraestructura es relativamente barato.
La crisis de la COVID-19 ha golpeado a la región de América Latina y el Caribe (ALC) con más dureza que cualquier otra región del mundo y ha puesto de manifiesto la necesidad de una recuperación resiliente e inclusiva. Un mayor acceso digital, en apoyo de la educación a distancia, las transferencias digitales de efectivo, la telemedicina y los servicios públicos en línea, es la piedra angular de este impulso y requiere tanto una agenda política y regulatoria ambiciosa como un aumento de las inversiones en infraestructura. Esto es especialmente importante a medida que la región se prepara para las subastas de 5G y continúa su expansión del 4G.
Los argumentos a favor del acceso digital son claros. La digitalización impulsa la inclusión social y financiera, así como los resultados en educación y salud. Casi la mitad de la población adulta de ALC no tiene acceso a servicios bancarios. Alrededor de 170 millones de estudiantes de la región se vieron afectados por el cierre de escuelas durante la pandemia. Y 71 % de los países experimentaron interrupciones en la prestación de atención para las enfermedades no transmisibles durante los primeros meses de la crisis de la COVID.
Pero los desafíos son considerables: la cobertura deficiente y desigual, junto con los elevados costos de los datos y los dispositivos, sigue obstaculizando el acceso digital. Hoy en día, menos del 50 % de la población de ALC tiene conectividad de banda ancha fija, y solo 9,9 % tiene conectividad de fibra óptica de alta calidad en el hogar. Mientras que 87 % de la población vive al alcance de una señal 4G, pero el uso y la penetración reales siguen siendo bajos (37 %). Y solo cuatro de cada 10 latinoamericanos rurales tienen opciones de conectividad, frente al 71 % de la población de las zonas urbanas.
Los planes de datos y los dispositivos con acceso a internet no son asequibles para la población pobre de la región. En promedio, un plan de datos de solo 1 GB cuesta 2,7 % de los ingresos mensuales de los hogares en ALC (o entre el 8 y el 10 % para el quintil más pobre en algunos países), muy por encima del umbral de asequibilidad del 2 %, fijado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Además, el smartphone básico más barato disponible cuesta entre 4-12 % de los ingresos medios de los hogares en gran parte de la región, y hasta 31-34 % para las personas en Guatemala y Nicaragua, o incluso el 84 % para las personas en Haití.
Con estas cargas de costos, que pesan de manera desproporcionada sobre las poblaciones vulnerables, el acceso digital desigual podría dar lugar a nuevas formas de desigualdad en lo que ya es la región más desigual del mundo.
Abordar la brecha digital
Hacer frente a la brecha digital es imperativo y requerirá medidas políticas para reducir los costos, ampliar el acceso e incentivar una mayor participación del sector privado y de los ciudadanos, especialmente en tres ámbitos:
1. Regulación gubernamental
Los gobiernos de ALC deben promover la inclusión mediante la prestación de servicios y la reforma jurídica y regulatoria. Esto puede incluir el despliegue de sistemas fundacionales de identificación digital para todos los ciudadanos, que permitan un acceso seguro y confiable a las plataformas públicas y privadas; la promoción del uso compartido de infraestructura entre los operadores de red y el acceso a la “fibra oscura” de propiedad de gobiernos, empresas de servicios públicos y otros; el aumento de la competencia en un mercado de operadores móviles altamente concentrado, para estimular la innovación y las inversiones mediante la promoción del acceso abierto, la neutralidad tecnológica y mayores opciones de seguridad; la vinculación de las obligaciones de despliegue de red en zonas desatendidas a las licencias de espectro 4G y 5G; y la simplificación de los procesos administrativos y de aprobación. En promedio, los países de ALC con regulaciones claras y previsibles atraen casi 50 % más de inversión en tecnologías de la información y la comunicación (y un 64 % más cuando se combina con instituciones sólidas).
2. Incentivos fiscales
Los responsables de políticas deben considerar incentivos financieros directos o indirectos, según corresponda, tanto para los clientes digitales como para los operadores. Por el lado de la demanda, subvencionar los costos de internet para los más pobres y reducir los impuestos y los aranceles aduaneros sobre los dispositivos de bajo costo con capacidad para internet puede ayudar a reducir los precios que excluyen a los pobres. Por el lado de la oferta, los gobiernos pueden utilizar concesiones de subvención mínima o incentivos fiscales temporales a la inversión para inducir a los operadores de red a extender el servicio a regiones desatendidas. Iniciativas similares también podrían alentar a las empresas privadas y a los inversores a ampliar otras infraestructuras digitales, como los centros de datos locales. Actualmente, ALC alberga solo alrededor del 4 % de los centros de datos del mundo, y se estima que la capacidad total de la región es menor que la del norte de Virginia.
3. Competencias digitales
La expansión digital no debe operar en un silo de conectividad. Es necesario acelerar medidas complementarias, como la formación en competencias digitales. Solo entre el 5 y el 15 % de los adultos en la mayoría de los países de ALC tienen competencias informáticas y de resolución de problemas de nivel medio o alto en entornos ricos en tecnología (frente al 29,7 % en los países de la OCDE). El desarrollo de capacidades digitales beneficia a los estudiantes y trabajadores, así como a los responsables de políticas y reguladores que buscan conocimientos técnicos en infraestructura digital y áreas afines (privacidad de datos, ciberseguridad, fiscalidad digital, etc.).
La transformación digital encierra un enorme potencial para ALC, pero tiene un costo relativamente modesto. En la próxima década, se estima que universalizar el acceso de banda ancha en la región costará 0,12 % del PIB anual de la región; desplegar el 5G en centros metropolitanos de primer y segundo nivel, 0,17 %; y alcanzar los niveles de conectividad de la OCDE, 0,62 %. En una región que invierte poco en infraestructura pública, la brecha de infraestructura digital es más barata de cerrar que las brechas en transporte, energía y otros sectores de infraestructura.
¿Qué está haciendo el Foro Económico Mundial para garantizar el acceso a internet para todos?
Aun así, aprovechar estos beneficios requerirá un esfuerzo concertado. Las instituciones multilaterales pueden ayudar. El Banco Mundial, por ejemplo, está ayudando a proporcionar algunas 1.300 instituciones públicas con conectividad de banda ancha en Haití y asistiendo al gobierno colombiano con mejoras en las políticas y la regulación para ampliar el acceso de banda ancha. Aunque la mayoría de los países de ALC seguirán centrados en la respuesta a la pandemia en el futuro próximo, ahora es el momento de aprovechar las oportunidades digitales que permitirán a la región construir un futuro más ecológico, resiliente e inclusivo.
