Organismos de Europa, Norteamérica y otras regiones están en proceso de actualizar sus políticas de gobernanza digital.
El desarrollo económico y la seguridad en línea se beneficiarían más de una alineación entre múltiples partes interesadas en todas las jurisdicciones digitales.
Ahora es el momento de adoptar soluciones multinacionales de múltiples partes interesadas para la gobernanza digital.
El 25 de agosto, una contundente medida regulatoria recayó sobre las 19 mayores plataformas en línea y motores de búsqueda que operan en Europa. Desde entonces, las grandes empresas tecnológicas deben cumplir con las estrictas disposiciones de la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA), una legislación de gran alcance que regula la expresión y la conducta en línea.
Tras estas innovadoras leyes, el Reino Unido ha completado la tramitación de su integral Ley de Seguridad en Línea, que impondrá a las plataformas obligaciones basadas en el riesgo que se solapan con los requisitos de la DSA en el próximo año.
Países con legislación aprobada o en revisión, entre ellos:
Australia: Ley de Seguridad en Línea de 2021, implementada en enero de 2022.
Brasil: Proyecto de Ley de Noticias Falsas, presentado en abril de 2023.
Canadá: Ley de Implementación de la Carta Digital, actualmente en revisión.
India: Ley Digital de India, aprobada en marzo de 2023.
Estados Unidos: SAFE TECH Act y Kids Online Safety Act, presentadas en febrero de 2023 y mayo de 2023, respectivamente.
Singapur: Ley de Seguridad en Línea, implementada en noviembre de 2022
Reino Unido: Ley de Seguridad en Línea, aprobada en septiembre de 2023.
Regímenes de gobernanza digital fragmentados
Varios países han promulgado o tienen pendientes diversas normas de gobernanza digital, entre ellos Australia, Brasil, Estados Unidos, India y Canadá. Estas normativas recientemente promulgadas y propuestas buscan restringir tanto los contenidos y conductas en línea ilegales como los que, siendo dañinos, son legales, dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Sin embargo, este enfoque fragmentado plantea un dilema. Aunque internet es global, las leyes que lo regulan son locales. Los numerosos peligros derivados de los contenidos en línea y de los abusos de conducta —ciberacoso, desinformación, ultrafalsificaciones (deepfakes), acoso por motivos de género, material de abuso sexual infantil, manipulación electoral y más— no se detienen en las fronteras, mientras que las leyes que los regulan sí.
Podemos y debemos superar esta dicotomía global/local y aumentar la alineación de las democracias, respetando al mismo tiempo la soberanía jurisdiccional y los derechos fundamentales. Tanto el Foro Económico Mundial, a través de su Coalición Global para la Seguridad Digital como el Centro de Política Pública Annenberg, a través de su Proyecto de Modularidad coinciden en ello y ofrecen vías prácticas para lograrlo.
Aunque los riesgos reales de daño son los mismos en todas las fronteras, los marcos y obligaciones legales propuestos difieren enormemente, lo que genera confusión, duplicidad, contradicciones y costes para todos. Este embrollo regulatorio también disuade a las pequeñas empresas que buscan lanzar servicios en línea globales.
Para agravar el problema, la tecnología sigue avanzando a toda velocidad, transformando la forma en que trabajamos, vivimos y nos divertimos, mientras la regulación se queda atrás.
Tomemos ChatGPT —la aplicación de inteligencia artificial generativa que irrumpió en escena el 30 de noviembre del año pasado. Apenas dos meses después, contaba con más de 100 millones de usuarios activos, lo que tuvo un enorme impacto en la política tecnológica digital. En respuesta, el Congreso de los Estados Unidos se apresuró a celebrar audiencias. El Parlamento Europeo, que entonces ultimaba las negociaciones de la Ley de Inteligencia Artificial, se apresuró a incluir disposiciones específicas para la IA generativa, para evitar que la normativa quedara obsoleta antes de que se secara la tinta.
Enfoques de múltiples partes interesadas para la seguridad en línea
Ahora es el momento de adoptar soluciones multinacionales de múltiples partes interesadas.
Las democracias no necesitan esperar a la negociación de tratados u otros laberínticos acuerdos diplomáticos para mejorar la seguridad en línea a través de las fronteras, respetando los derechos fundamentales y la soberanía jurisdiccional. Las plataformas y la sociedad civil pueden asociarse ahora mismo con múltiples gobiernos para crear normas comunes y prácticas, así como sistemas para aplicarlas.
La idea se denomina modularidad. Se trata de un enfoque de corregulación en el que múltiples partes interesadas trabajan con los gobiernos para diseñar y llevar a cabo funciones específicas, códigos de conducta o protocolos compartidos entre jurisdicciones para abordar problemas comunes. Los gobiernos participantes reconocen que el resultado del módulo es coherente con sus respectivas leyes. La aplicación seguiría siendo una función gubernamental.
Otros sectores llevan décadas aplicando sistemas globales de gobernanza modular. Por ejemplo, la Junta Internacional de Normas Contables, una junta independiente, no gubernamental y sin ánimo de lucro, establece normas contables internacionales para las empresas, reconocidas en todo el mundo. Los reguladores de valores de distintos países forman parte de un consejo consultivo, pero no tienen autoridad sobre las normas contables.
Una herramienta que cobra cada vez más popularidad en el conjunto de herramientas de gobernanza digital es el requisito de que las plataformas identifiquen, evalúen, mitiguen y divulguen los posibles riesgos de sus servicios en línea. La DSA, la Ley de Seguridad en Línea de Singapur, la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido y las propuestas legislativas de Brasil, los Estados Unidos y Taiwán incluyen alguna variante de un requisito de evaluación de riesgos.
Un módulo podría establecerse como una junta multinacional de normas de evaluación de riesgos. Formada por múltiples partes interesadas, la junta establecería las mejores prácticas para llevar a cabo evaluaciones de riesgos, así como normas y protocolos para los auditores independientes que deseen revisar las autoevaluaciones de las plataformas.
La Coalición para la Seguridad Digital
La Coalición para la Seguridad Digital del Foro es un ejemplo concreto de dicha coordinación, con su marco recientemente publicado para llevar a cabo evaluaciones de riesgos. El marco ofrece orientaciones prácticas para evaluar los riesgos de las plataformas y servicios en línea de todo tipo y tamaño, con independencia de la jurisdicción. Entre los miembros de la Coalición figuraban reguladores de varios gobiernos, así como expertos del sector, académicos y representantes de la sociedad civil.
En este momento, la Comisión Europea está redactando detalladas normas delegadas para aplicar las disposiciones de la DSA que exigen a las plataformas muy grandes realizar evaluaciones de riesgos. Al mismo tiempo, Ofcom, el regulador del Reino Unido, se prepara para asesorar a las plataformas sobre el cumplimiento de la Ley de Seguridad en Línea. Existe una forma de superar los principales retos de aplicación a los que se enfrentan ambas leyes (y otras) con los mismos procesos y normas.
Al redactar las normas de aplicación, los responsables políticos deberían permitir que los módulos de múltiples partes interesadas desempeñen tareas bien definidas. Además, el módulo debería estructurarse de manera que permita a expertos o reguladores de los países participantes unirse a él.
Al adoptar protocolos, códigos y sistemas comunes y transfronterizos, los reguladores pueden reducir el tiempo y el coste que supone para los gobiernos elaborar normas a medida, sin renunciar a su soberanía fundamental. Lo más importante es que ayudará a alinear a los gobiernos democráticos en materia de gobernanza digital, evitando una mayor fragmentación geográfica de internet.
También simplificará el panorama regulatorio, facilitando que las plataformas más pequeñas prosperen. Y cuando la próxima aplicación del tipo ‘ChatGPT’ se vuelva viral de repente, será mucho más fácil actualizar los módulos de las partes interesadas que modificar las normativas gubernamentales.
No será fácil diseñar, aprobar y gestionar los primeros módulos. La UE se enorgullece, con razón, del “efecto Bruselas” de su creciente conjunto de regulaciones digitales y puede mostrarse reacia a ceder cualquier autoridad de redacción o supervisión sobre las normas digitales, aunque la aplicación seguiría estando dentro de su ámbito de competencia.
Pero cuando los reguladores de varios países acuerdan trabajar junto con múltiples partes interesadas en soluciones prácticas a problemas comunes, se marcará un rumbo hacia una mayor armonía internacional y resultados eficaces en materia de seguridad y gobernanza digital.
Es urgente y oportuno que las partes interesadas actúen ahora, orientando a los responsables políticos hacia un enfoque modular multinacional para evitar un embrollo regulatorio en la seguridad en línea. Las organizaciones de múltiples partes interesadas, como la Coalición del Foro, están bien preparadas para trabajar con los reguladores en ese sentido.
